La Corte Suprema causa grave daño al no reactivar el Tribunal de Ética Judicial

La Corte Suprema de Justicia da un retroceso significativo y sintomático al no volver a integrar el Tribunal de Ética, que permitía a un cuerpo connotado de juristas emitir un juicio de valor acerca de la actitud de los magistrados en el desempeño de sus funciones, e incluso fuera de ellas. Lo lamentable es que dos miembros del más alto tribunal de la República son los responsables de la desintegración - de hecho- de la imprescindible instancia de control.

Cuando el 1 de enero de 2006 entró en vigencia el Código de Ética Judicial, que había sido elaborado cumpliendo los requisitos de participación de los sectores interesados en él, la reacción ciudadana fue de apoyo y satisfacción. La opinión generalizada era que ese instrumento de control de la conducta de los jueces iba a redundar en beneficio de una mayor calidad de la Justicia.

Si bien un código de ética - al contener normas que atañen a la conciencia de cada ser humano afectado por sus alcances- no es de cumplimiento obligatorio ni conlleva sanciones administrativas, constituye una herramienta esencial para establecer límites al comportamiento profesional.

En el caso de los que tienen la delicada función social de juzgar a sus semejantes y eventualmente dictar sentencia, el instrumento establece las diversas formas de impedir que el comportamiento del magistrado - incluso cuando se tratase de un ministro de la Corte- se vea influido por factores externos a la hora de intervenir en los diversos casos de su jurisdicción.

Lo que la misma Corte Suprema de Justicia en su momento aprobó, mejorando en algo su deteriorada imagen - muy vinculada a la corrupción- , sin embargo, fue reducido a la nada porque los ministros Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, al anular la amonestación a la jueza Nilse Ortiz - investigada por plagio en su tesis doctoral- , desautorizaron al Tribunal de Ética. La renuncia de algunos de los miembros del mismo fue más que comprensible.

Desde entonces, ya pasó más de un año y la Corte no hizo lo necesario para volver a constituir el organismo de análisis de los casos que aguardan su hora de ser estudiados. Una treintena de denuncias están cajoneadas.

Desde la perspectiva del manejo de la Justicia en nuestro país, con una alta dosis de corrupción, es obvia la razón por la que la Corte no toma las providencias para reactivar el Tribunal de Ética Judicial: ni a los ministros, que también pueden ser amonestados, ni a los jueces les conviene un dictamen que desnude ante la opinión pública conductas que riñen con la ética. Ese silencio garantiza que sigan violando las leyes sin que al menos el veredicto ciudadano censure sus transgresiones.

La Corte debe tomar las medidas para reactivar el Tribunal de Ética, si quiere recuperar algo de su desgastada credibilidad. Ni la intervención improcedente de dos de sus miembros ni las demás dificultades que existiesen en el funcionamiento de esa instancia de control pueden echar a perder un avance tan relevante como es el Código de Ética Judicial.

Fuente: Última Hora 12/06/2010