El respaldo que dio la máxima instancia judicial a la jueza Nilse Ortiz, quien fue amonestada por plagiar una obra para su tesis doctoral, fue lo que ocasionó la desintegración del órgano contralor del Poder Judicial.
A un año de estar acéfalo, el Tribunal de Ética del Poder Judicial está abarrotado de expedientes que tienen que ser estudiados. Estas causas se encuentran paralizadas por desidia de la propia Corte Suprema de Justicia, que por intereses particulares no determina las designaciones para establecer un nuevo Tribunal con su respectivo órgano consultivo.
Al menos 30 causas de denuncias contra magistrados y posibles estudios que se pueden iniciar de oficio contra los propios ministros de la Corte se encuentran archivados en el referido órgano contralor, según indicaron fuentes del Palacio de Justicia. Las denuncias son variadas, desde tráfico de influencias hasta acoso, pero lo que más prima son las denuncias de sobornos o coimas, explicaron.
La piedra del escándalo que causó la fuga masiva de juristas que componían el Tribunal de Ética y el Consejo Consultivo ad honórem fue una resolución de la Corte que anuló la amonestación impuesta a la jueza Nilse Ortiz, quien fue investigada por plagiar varias obras para publicar un libro con su firma, que también sirvió de base para su tesis doctoral.
POLÉMICO. En aquella ocasión, los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac coincidieron en que la Corte tiene atribuciones para entender en resoluciones judiciales y extrajudiciales, y que al anular la medida no se afectó la posibilidad del control constitucional –excepción mediante– de las normas que le fueron finalmente aplicadas. El ministro que votó en disidencia fue Antonio Fretes.
Esta situación motivó la renuncia masiva de los integrantes del referido órgano, que había sido creado por los propios ministros en un proyecto financiado por la Usaid. El primero en renunciar fue el presidente del Tribunal, el doctor Aníbal Cabrera Verón, y posteriormente su vicepresidente, Marco Antonio Elizeche.
El único que quedó fue Adolfo Ozuna. Otro de los miembros, Miguel Ángel Rodríguez, falleció.
Los otros integrantes, Mauricio Domínguez y Francisco Servián, no fueron confirmados para un nuevo periodo de dos años. Habían sido dejados de lado por la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, el Consejo Consultivo también quedó acéfalo. Su presidente, Adolfo Paleari, renunció, junto con la vicepresidenta, Lucila Gatti de Laterza.
Uno de los miembros, Óscar Llanes, también dejó el cargo porque fue nombrado diplomático en Costa Rica.
Los únicos que quedaron fueron los miembros Librado Sánchez y José Kriskovich.
MINISTROS EN LA MIRA. En fuentes judiciales estiman que el desinterés de la Corte Suprema de Justicia en conformar nuevamente el Tribunal de Ética pasa por una voluntad política, ya que los ministros pueden ser denunciados ante el referido órgano ético o el Tribunal puede tomar de oficio las denuncias, principalmente las presuntas irregularidades que saltan a la luz por medio de la prensa.
Más de uno fue afectado por denuncias en los medios de prensa por supuestos casos de tráfico de influencias y apropiación.
Incluso los ministros que habían fallado contra el referido órgano también pueden estar sujetos a sanciones éticas.
INSOSTENIBLE. Para el ministro Sindulfo Blanco, la conformación del nuevo Tribunal de Ética se ha vuelto insostenible, ya que, según sus expresiones, algunos abogados que habían integrado en el primer periodo el Tribunal de Ética, presionaban a las distintas salas de la máxima instancia judicial para una resolución favorable en causas que ellos litigaban.
Pese a que dicen que para la Corte es prioridad establecer nuevamente dicho estamento, ya que hace un año no está compuesto y no se avizora ninguna solución a futuro.
Uno de los más renombrados juristas, Raúl Sapena Brugada, quien quería ser miembro, renunció antes de asumir, luego del escándalo propiciado por los ministros Bajac y Blanco al anular la amonestación a la jueza Ortiz.
El Código de Ética Judicial se encuentra en vigencia desde el 1 de enero de 2006. Dicho instrumento fue elaborado tras un proceso participativo que incluyó a grupos de trabajo de magistrados, consultores, representantes de organizaciones civiles, además de encuestas y sondeos hechos con la ciudadanía y los usuarios del sistema judicial.
En todo este proceso se contó con el apoyo de Usaid y la participación de las organizaciones no gubernamentales Idea y Sumando.
Numerosos urgimientos fueron enviados a la máxima instancia judicial para que se establezca nuevamente el orden en el referido órgano.
"SE LLEGÓ A ESTE PUNTO POR DESIDIA DE LOS MINISTROS"
Marta Ferrara, de la organización Semillas para la Democracia, calificó de muy grave la actual acefalía del Tribunal de Ética del Poder Judicial y señaló que el órgano responsable de esto es la Corte Suprema de Justicia.
"El sistema de responsabilidad ética es un referente ciudadano de credibilidad. Me parece un contrasentido que no se integre el Tribunal. En realidad se llegó a este punto por desidia de los ministros de la Corte", explicó Ferrara.
En ese sentido, sostuvo que existe un interés para no integrar el órgano contralor. "No sé si son intereses de los propios ministros o ajenos", aclaró.
Al respecto, recordó que los mismos ministros que anularon la amonestación ética impuesta a la jueza Nilse Ortiz pueden ser sancionados por el Tribunal.
"Eso fue lo más grave. A raíz de esa resolución, varios honorables integrantes del Tribunal renunciaron a sus cargos", sostuvo Ferrara.
Por otro lado, recordó que los fallos éticos son vinculantes y que el Consejo de la Magistratura no puede ternar a una persona que ya tiene un fallo ético en su contra.
Lamentó que actualmente decenas de denuncias estén archivadas en el Tribunal debido a que aún no pueden ser investigadas.
Fuente: Última Hora 07/06/2010
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