Nilse Ortiz, jueza procesada por plagio, mediante una arbitraria resolución benefició a la empresa morosa GAV Comunications en el juicio promovido por la Copaco SA por el cobro de la suma de G. 2.433 millones por facturas impagas, generadas desde agosto del 2008. La magistrada se amparó en un acuerdo extrajudicial firmado por las empresas en el año 2007.
El 28 de abril, la jueza Nilse Ortiz, procesada por el hecho punible de plagio, benefició con su resolución a la empresa morosa GAV Comunications, presidida por Bienvenido Gallardo.
Hizo lugar al pedido de Excepción de Inhabilidad de Título de la firma en el juicio entablado por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA) para el cobro de una abultada deuda de G. 2.433 millones.
La magistrada, con doctorado trucho, tomó como base un acuerdo extrajudicial firmado entre la estatal y la empresa privada en febrero del 2007, que establecía, entre otras cosas, que las deudas estaban saldadas hasta la fecha y las partes no tenían nada que reclamarse mutuamente.
La deuda reclamada por Copaco es posterior al acuerdo extrajudicial al que habían arribado la prestadora del “servicio de telefonía prepaga” y la misma.
Según el escrito judicial, GAV no reconoció la deuda y acusó a Copaco de incurrir en “incumplimiento del contrato”, porque no le proveyó de más líneas E1.
El dictamen es arbitrario porque los técnicos del ente presentaron pruebas de que la firma ni siquiera la mitad de la capacidad de la línea proveída pudo utilizar.
Con esta resolución, la cuestionada jueza da vía libre a los clientes de la estatal a recurrir a los estrados judiciales para dejar de pagar todas sus facturas.
En octubre del 2008, GAV fue beneficiada por otro juez, Rubén Ayala Brun, con la reconexión de la línea E1 0800... cortada por la telefónica debido a la alta morosidad con la misma.
Hasta la fecha, la suma total adeudada por la empresa, cuya denominación fue cambiada varias veces (primero se llamó Gateway SA, posteriormente, WTelecom SA y ahora GAV Comunications), a la Copaco asciende a poco más de G. 7.000 millones, según Copaco.
La firma morosa está vinculada a la ex modelo Zuny Castiñeira.
Fuentes judiciales señalan que detrás de la resolución está la mano del ministro Sindulfo Blanco, amigo de Castiñeira y responsable de la reposición de Ortiz como jueza.
Fuente: ABC Color 06/05/2010
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