El magistrado Mario Maidana fue visto en una jineteada, en compañía del hermano de un procesado, que justamente fue beneficiado en dos ocasiones por el citado magistrado. La denuncia está en el Tribunal de Ética.
Un miembro del Tribunal de Apelaciones de San Juan Bautista, Misiones, se encuentra en el ojo de la tormenta por sus últimas actuaciones, que favorecen a un joven procesado en dos causas por lesión grave. Se trata del magistrado Mario Ignacio Maidana Griffith, a quien se lo vio acompañado del hermano del procesado en un evento, según denunció ante el Tribunal de Ética el afectado, Roque Édgar Acosta Llano.
Mario Ignacio Maidana es el presidente del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la circunscripción judicial de Misiones.
Según documentos a los que accedió este medio, el camarista Maidana favoreció con su voto a los hermanos mellizos Nelson Ariel y Miguel Ángel María Vera Gaete, de 25 años, y procesados por presunta lesión grave, del cual resultó víctima Francisco Antonio Vargas.
Los documentos refieren que Vargas sufrió deformaciones en el rostro, por lo que el juez Miguel Ángel Mendoza cambió la calificación a lesión leve, siendo los mellizos sobreseídos durante la audiencia preliminar.
El Ministerio Público y la querella apelaron dicha decisión. El camarista Maidana confirmó la decisión de primera instancia, pero sus colegas Lucio Ismael Portillo y Darío González Brizuela votaron para que el caso sea reenviado a otro juzgado, para una nueva audiencia preliminar, primando la decisión de la mayoría.
OTRA CAUSA. En febrero de 2008, nuevamente uno de los mellizos fue denunciado por presunta lesión grave. El denunciado fue Ángel María Vera Gaete, siendo víctima Roque Édgar Acosta Llano. El fiscal Alder Ramón Ferreira investiga el caso. En febrero pasado, el juez Víctor Patricio Poletti decretó la rebeldía de Ángel Vera, ya que estaba prófugo.
Semanas después se presentó el indiciado y el juez dispuso su prisión, que fue apelada por la defensa. La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión del juzgado, con el voto en disidencia de Mario Ignacio Maidana, quien falló por la libertad de Vera.
Roque Acosta denunció ante el Tribunal de Ética que Maidana estuvo el 27 de julio pasado en una jineteada, en compañía de Nelson Vera, hermano de Ángel, transgrediendo el Código de Ética y pide su sanción por lo acontecido.
Fuente: UH digital
martes, 30 de septiembre de 2008
viernes, 26 de septiembre de 2008
Suspenden audiencia preliminar en proceso a jueza por plagio
Se suspendió ayer la audiencia preliminar en el caso de presunto plagio de la jueza Nilse Ortiz, imputada por el delito de “violación del derecho de autor e inventor”.
La fiscala de marcas, Soledad Quiñónez, planteó la suspensión hasta tanto se traiga a la vista la carpeta fiscal original que está en la Corte. La jueza Patricia González hizo lugar al pedido.
En la audiencia se debe resolver el pedido de sobreseimiento provisional al que se vio obligado el Ministerio Público a recurrir porque la causa está tan trabada que ni siquiera se pudo resolver un pedido de prórroga extraordinaria.
Las dilaciones son tantas que ni se integra la Sala Penal de la máxima instancia para estudiar la impugnación del camarista Anselmo Aveiro contra su colega Gustavo Ocampos, quien se inhibió.
El Tribunal de Alzada tiene solo dos miembros, Carlos Bray Maurice y Tomás Damián Cárdenas. Debe resolver incidentes como excepción de falta de acción, nulidad de imputación y nulidad de anticipo jurisdiccional de prueba.
La Fiscalía espera contar con un año más para incorporar la pericia técnica de contenido y pericia informática (web) de un curso a distancia que aparece en la obra “Etica Judicial”. La jueza plagió más de 31 obras de autores nacionales e internacionales en su libro “Etica Judicial”, cuya base fue su tesis doctoral.
En la Corte está más trabada la causa debido a que solo Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac integran la Sala Penal, y los seis ministros restantes se inhibieron, en su mayoría por “amistad”. Se busca entre camaristas al tercer miembro, mientras la Fiscalía presentó su décimo urgimiento.
Fuente: Abc digital
La fiscala de marcas, Soledad Quiñónez, planteó la suspensión hasta tanto se traiga a la vista la carpeta fiscal original que está en la Corte. La jueza Patricia González hizo lugar al pedido.
En la audiencia se debe resolver el pedido de sobreseimiento provisional al que se vio obligado el Ministerio Público a recurrir porque la causa está tan trabada que ni siquiera se pudo resolver un pedido de prórroga extraordinaria.
Las dilaciones son tantas que ni se integra la Sala Penal de la máxima instancia para estudiar la impugnación del camarista Anselmo Aveiro contra su colega Gustavo Ocampos, quien se inhibió.
El Tribunal de Alzada tiene solo dos miembros, Carlos Bray Maurice y Tomás Damián Cárdenas. Debe resolver incidentes como excepción de falta de acción, nulidad de imputación y nulidad de anticipo jurisdiccional de prueba.
La Fiscalía espera contar con un año más para incorporar la pericia técnica de contenido y pericia informática (web) de un curso a distancia que aparece en la obra “Etica Judicial”. La jueza plagió más de 31 obras de autores nacionales e internacionales en su libro “Etica Judicial”, cuya base fue su tesis doctoral.
En la Corte está más trabada la causa debido a que solo Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac integran la Sala Penal, y los seis ministros restantes se inhibieron, en su mayoría por “amistad”. Se busca entre camaristas al tercer miembro, mientras la Fiscalía presentó su décimo urgimiento.
Fuente: Abc digital
Denuncian a un juez
El juez de Misiones, Mario Ignacio Maidana Griffith, fue denunciado ante el Tribunal de Etica Judicial por Roque Edgar Acosta Llano, de 20 años.
El joven fue agredido el 25 de diciembre del año pasado en la vía pública de Misiones, supuestamente por Angel María Verga Gaette. Este fue querellado por la víctima, pero aparentemente es protegido del juez Maidana Griffith, quien en varias ocasiones intentó sacarlo de la cárcel, según el abogado del afectado, Jorge Llano.
Fuente: Abc digital
El joven fue agredido el 25 de diciembre del año pasado en la vía pública de Misiones, supuestamente por Angel María Verga Gaette. Este fue querellado por la víctima, pero aparentemente es protegido del juez Maidana Griffith, quien en varias ocasiones intentó sacarlo de la cárcel, según el abogado del afectado, Jorge Llano.
Fuente: Abc digital
lunes, 22 de septiembre de 2008
Juez imputado por coima sigue en su cargo
Con ello evita que el proceso continúe, y ya casi se agota el plazo normal para la pesquisa. El Tribunal de Ética ya lo sancionó, pero ni la Corte ni el Jurado de Enjuiciamiento se pronunciaron aún sobre el tema.
A pesar de que el juez de Garantías de Coronel Oviedo, Marcial Villalba, fue imputado por cohecho pasivo agravado, el pasado 5 de abril, hasta ahora, a casi seis meses, sigue ejerciendo su cargo. Ni la Corte ni el Jurado de Enjuiciamiento (JEM) se pronunciaron, y la investigación no puede continuar por este hecho.
Lo peor de todo es que incluso, el Tribunal de Ética Judicial ya amonestó al juez por esta situación, el pasado 7 de julio, según la resolución emanada del Colegiado. Sin embargo, ni el máximo tribunal de la República, ni el JEM se dieron por aludidos para sacar una resolución que disponga la suspensión.
Al seguir en el cargo como juez Penal de Garantías, Marcial Villalba no sólo sigue juzgando a otras personas, sino evita ser investigado. Al seguir en el cargo continúa teniendo fueros, y con ello, la investigación abierta en su contra no puede seguir hasta que la Corte Suprema de Justicia ordene la suspensión del juez.
De la imputación presentada por el fiscal Arnaldo Giuzzio pasaron 5 meses y 17 días. El plazo normal de la etapa investigativa dura como máximo 6 meses. Si el fiscal requiere más plazo, debe solicitarlo al Tribunal de Apelación que concede un plazo extraordinario de 6 meses más como máximo.
En este caso, ya casi se agota el plazo normal, -aunque está interrumpido hasta el desafuero- y el magistrado Villalba sigue en sus funciones. Esto, resulta sumamente llamativo, teniendo en cuenta que en otros casos, la Corte y el JEM se pronunciaron casi de inmediato.
EL CASO. Conforme con el acta de imputación del fiscal Arnaldo Giuzzio, el juez de Coronel Oviedo, se benefició con un terreno -que puso a nombre de su hija- de parte del procesado por supuesta estafa, Carlos Javier Bartomeu, al que luego sobreseyó en la causa.
El inmueble en cuestión fue puesto a nombre de Alicia Brizuela, jueza de Paz que sería pareja de Villalba, y de la hija del magistrado, Diana Graciela Villalba. El fiscal dice en la imputación que varios testigos implicaron al juez en el caso, por lo que presentó el acta de imputación en su contra.
AMONESTADO. Por su parte, el Tribunal de Ética Judicial dispuso la amonestación del juez Villalba por el presunto hecho de corrupción en su jurisdicción. Esta es la sanción más grave que puede recibir un magistrado, refiere el Código de Ética Judicial.
En el fallo, que hace referencia al caso se refieren a que el terreno fue puesto a nombre de la hija del juez.
Alegan que Bartomeu era un procesado que luego fue sobreseído definitivamente por el juez
Villalba. El mismo habría actuado de "intermediario" entre los dueños del terreno Gerardo Portillo Barrios y Olegaria Mora, con Diana Villalba. Los dueños originales del terreno denunciaron que no recibieron dinero alguno por la venta.
El fallo apunta que, según la investigación, el propio juez visitó la propiedad antes de la transacción. "El magistrado no debió realizar ningún tipo de visita ni ofrecimiento de regalos al dueño del lugar, ni ningún otro tipo de gestiones en el marco de una relación jurídica entre su hija y un procesado en su juzgado", remarcan.
"ES UNA CONDUCTA PENAL", DICE GIUZZIO
El fiscal Arnaldo Giuzzio, que lleva adelante las investigaciones, refirió que "lo que pasa es que este tipo de conducta del magistrado Villalba no es simplemente atentatorio contra la ética, sino es más grave. Para nosotros es una conducta penal, por lo que debe ser sometido a un proceso".
Indicó que debido a que ni la Corte Suprema de Justicia ni el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se pronunciaron al respecto, se evita que siga el caso.
"No podemos seguir la investigación hasta que sea suspendido en sus funciones. Este juez, imputado por cohecho pasivo agravado, sigue juzgando a otras personas", acotó.
Añadió: "Con ello, crea un desconcierto en la ciudadanía ovetense que ven cómo un juez imputado sigue ejerciendo como magistrado en forma normal".
Fuente: UH digital
A pesar de que el juez de Garantías de Coronel Oviedo, Marcial Villalba, fue imputado por cohecho pasivo agravado, el pasado 5 de abril, hasta ahora, a casi seis meses, sigue ejerciendo su cargo. Ni la Corte ni el Jurado de Enjuiciamiento (JEM) se pronunciaron, y la investigación no puede continuar por este hecho.
Lo peor de todo es que incluso, el Tribunal de Ética Judicial ya amonestó al juez por esta situación, el pasado 7 de julio, según la resolución emanada del Colegiado. Sin embargo, ni el máximo tribunal de la República, ni el JEM se dieron por aludidos para sacar una resolución que disponga la suspensión.
Al seguir en el cargo como juez Penal de Garantías, Marcial Villalba no sólo sigue juzgando a otras personas, sino evita ser investigado. Al seguir en el cargo continúa teniendo fueros, y con ello, la investigación abierta en su contra no puede seguir hasta que la Corte Suprema de Justicia ordene la suspensión del juez.
De la imputación presentada por el fiscal Arnaldo Giuzzio pasaron 5 meses y 17 días. El plazo normal de la etapa investigativa dura como máximo 6 meses. Si el fiscal requiere más plazo, debe solicitarlo al Tribunal de Apelación que concede un plazo extraordinario de 6 meses más como máximo.
En este caso, ya casi se agota el plazo normal, -aunque está interrumpido hasta el desafuero- y el magistrado Villalba sigue en sus funciones. Esto, resulta sumamente llamativo, teniendo en cuenta que en otros casos, la Corte y el JEM se pronunciaron casi de inmediato.
EL CASO. Conforme con el acta de imputación del fiscal Arnaldo Giuzzio, el juez de Coronel Oviedo, se benefició con un terreno -que puso a nombre de su hija- de parte del procesado por supuesta estafa, Carlos Javier Bartomeu, al que luego sobreseyó en la causa.
El inmueble en cuestión fue puesto a nombre de Alicia Brizuela, jueza de Paz que sería pareja de Villalba, y de la hija del magistrado, Diana Graciela Villalba. El fiscal dice en la imputación que varios testigos implicaron al juez en el caso, por lo que presentó el acta de imputación en su contra.
AMONESTADO. Por su parte, el Tribunal de Ética Judicial dispuso la amonestación del juez Villalba por el presunto hecho de corrupción en su jurisdicción. Esta es la sanción más grave que puede recibir un magistrado, refiere el Código de Ética Judicial.
En el fallo, que hace referencia al caso se refieren a que el terreno fue puesto a nombre de la hija del juez.
Alegan que Bartomeu era un procesado que luego fue sobreseído definitivamente por el juez
Villalba. El mismo habría actuado de "intermediario" entre los dueños del terreno Gerardo Portillo Barrios y Olegaria Mora, con Diana Villalba. Los dueños originales del terreno denunciaron que no recibieron dinero alguno por la venta.
El fallo apunta que, según la investigación, el propio juez visitó la propiedad antes de la transacción. "El magistrado no debió realizar ningún tipo de visita ni ofrecimiento de regalos al dueño del lugar, ni ningún otro tipo de gestiones en el marco de una relación jurídica entre su hija y un procesado en su juzgado", remarcan.
"ES UNA CONDUCTA PENAL", DICE GIUZZIO
El fiscal Arnaldo Giuzzio, que lleva adelante las investigaciones, refirió que "lo que pasa es que este tipo de conducta del magistrado Villalba no es simplemente atentatorio contra la ética, sino es más grave. Para nosotros es una conducta penal, por lo que debe ser sometido a un proceso".
Indicó que debido a que ni la Corte Suprema de Justicia ni el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se pronunciaron al respecto, se evita que siga el caso.
"No podemos seguir la investigación hasta que sea suspendido en sus funciones. Este juez, imputado por cohecho pasivo agravado, sigue juzgando a otras personas", acotó.
Añadió: "Con ello, crea un desconcierto en la ciudadanía ovetense que ven cómo un juez imputado sigue ejerciendo como magistrado en forma normal".
Fuente: UH digital
viernes, 19 de septiembre de 2008
Por un poder judicial al servicio de la ciudadanía impulsan “Jornada de Ética Judicial”
En el Aula Magna de la Universidad Columbia se llevo a cabo otra “Jornada de Ética Judicial”. Esta serie de talleres son impulsados por la organización Semillas para la Democracia y el Pacto Ético Judicial. Alrededor de 200 personas participaron del evento.
El propósito de esta jornada es transmitir a la ciudadanía a través de talleres con la participación de distintos grupos de la comunidad, la situación que muchos viven hoy en día dentro del ámbito judicial, el Código de Ética como herramienta para incidir en la gestión de la justicia, apuntando a una conducta recta en los jueces y por último la importante misión que representa la participación ciudadana para el fortalecimiento de la Justicia y la Ética en nuestro país.
Como disertantes participaron el director de la oficina de Ética Judicial abog. Esteban Kriscovich, la directora de la organización Semillas para la Democracia Marta Ferrara, la abogada María Lilia Pusineri de la Universidad Columbia y Marco Parini del Pacto Ético Comercial.
“La ética es el primer paso hacia la responsabilidad social empresarial” señalo en su intervención Marco Parini del Pacto Ético Comercial. Marta Ferrara resalto la importancia del código de ética judicial manifestando que “la ética estuvo ausente de la agenda de los medios y la opinión publica hasta la creación de este código”
También se abordaron y debatieron entre todos los casi 200 participantes casos emblemáticos de clara violación a la ética judicial, entre estos el sonado caso de Nilse Ortiz .
Estas jornadas son de acceso libre y gratuito y están dirigidas a grupos locales vinculados al funcionamiento de la justicia (abogados, estudiantes de Derecho, periodistas, funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Municipalidad), líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Es una iniciativa de Semillas para la Democracia y cuenta con el apoyo del Centro de Información y Recursos para Desarrollo (CIRD) y de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América (USAID).
Vale decir también que Semillas para la Democracia y la oficina de Ética Judicial iniciaron recientemente una campaña comunicacional centrando la atención en tres faltas éticas graves, tanto en usuarios como en funcionarios del poder judicial: la coima, el acoso sexual y el maltrato moral.
Fuente: Semillas para la Democracia
El propósito de esta jornada es transmitir a la ciudadanía a través de talleres con la participación de distintos grupos de la comunidad, la situación que muchos viven hoy en día dentro del ámbito judicial, el Código de Ética como herramienta para incidir en la gestión de la justicia, apuntando a una conducta recta en los jueces y por último la importante misión que representa la participación ciudadana para el fortalecimiento de la Justicia y la Ética en nuestro país.
Como disertantes participaron el director de la oficina de Ética Judicial abog. Esteban Kriscovich, la directora de la organización Semillas para la Democracia Marta Ferrara, la abogada María Lilia Pusineri de la Universidad Columbia y Marco Parini del Pacto Ético Comercial.
“La ética es el primer paso hacia la responsabilidad social empresarial” señalo en su intervención Marco Parini del Pacto Ético Comercial. Marta Ferrara resalto la importancia del código de ética judicial manifestando que “la ética estuvo ausente de la agenda de los medios y la opinión publica hasta la creación de este código”
También se abordaron y debatieron entre todos los casi 200 participantes casos emblemáticos de clara violación a la ética judicial, entre estos el sonado caso de Nilse Ortiz .
Estas jornadas son de acceso libre y gratuito y están dirigidas a grupos locales vinculados al funcionamiento de la justicia (abogados, estudiantes de Derecho, periodistas, funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Municipalidad), líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Es una iniciativa de Semillas para la Democracia y cuenta con el apoyo del Centro de Información y Recursos para Desarrollo (CIRD) y de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América (USAID).
Vale decir también que Semillas para la Democracia y la oficina de Ética Judicial iniciaron recientemente una campaña comunicacional centrando la atención en tres faltas éticas graves, tanto en usuarios como en funcionarios del poder judicial: la coima, el acoso sexual y el maltrato moral.
Fuente: Semillas para la Democracia
Jueza devolvió salario luego de ser intimada
La jueza en lo civil y comercial Nilse Ortiz devolvió al Estado una millonaria suma depositada en su cuenta en forma irregular, por corresponder a un periodo en que la magistrada usufructuó un permiso sin goce de sueldo. La magistrada tomó la determinación tras un emplazamiento de las autoridades administrativas del Poder Judicial.
Si bien Ortiz solicitó –y obtuvo– en enero pasado un permiso sin goce de sueldo para ocuparse de su defensa en un proceso penal que soporta por plagio, en la práctica tal cosa no se dio, debido a que su salario fue depositado regularmente.
La situación anómala salió a luz mediante una publicación realizada por nuestro diario la semana pasada, tras lo cual la jueza Ortiz fue emplazada a devolver la suma percibida desde marzo pasado, en forma irregular, en un plazo de 48 horas. En total, el monto supera los G. 63 millones, atendiendo a que el ingreso mensual de un magistrado es de poco más de G. 10.000.000.
Consultado sobre el particular, el Lic. Roberto Torres, titular de la Dirección de Administración y Finanzas de la Corte, derivó la consulta al tesorero Lic. Ismael Acosta. Este, a su vez, explicó que el depósito a la cuenta de la magistrada se hizo debido a que por razones desconocidas, las autoridades administrativas no fueron notificadas de la resolución por la cual la Corte le otorgó permiso sin goce de sueldo a la jueza Ortiz. Acosta aclaró además que la jueza no realizó extracción alguna.
Fuente: Abc digital
Si bien Ortiz solicitó –y obtuvo– en enero pasado un permiso sin goce de sueldo para ocuparse de su defensa en un proceso penal que soporta por plagio, en la práctica tal cosa no se dio, debido a que su salario fue depositado regularmente.
La situación anómala salió a luz mediante una publicación realizada por nuestro diario la semana pasada, tras lo cual la jueza Ortiz fue emplazada a devolver la suma percibida desde marzo pasado, en forma irregular, en un plazo de 48 horas. En total, el monto supera los G. 63 millones, atendiendo a que el ingreso mensual de un magistrado es de poco más de G. 10.000.000.
Consultado sobre el particular, el Lic. Roberto Torres, titular de la Dirección de Administración y Finanzas de la Corte, derivó la consulta al tesorero Lic. Ismael Acosta. Este, a su vez, explicó que el depósito a la cuenta de la magistrada se hizo debido a que por razones desconocidas, las autoridades administrativas no fueron notificadas de la resolución por la cual la Corte le otorgó permiso sin goce de sueldo a la jueza Ortiz. Acosta aclaró además que la jueza no realizó extracción alguna.
Fuente: Abc digital
Tribunal de Etica Judicial investigará a Morales
El Tribunal de Etica Judicial abrió de oficio una investigación contra el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales, por supuestas violaciones al Código de Etica Judicial. Es a raíz de declaraciones realizadas por el ministro a distintos medios de comunicación en lo que va del año, en especial con relación a su colega Alberto Ramírez Zambonini y al conocido defensor de los derechos humanos, profesor Martín Almada, con quien mantiene un pleito de índole personal.
“Es un indeseable para la justicia y para el país. No tiene la cola limpia para hablar”; “Que tome su Tranquinal y disfrute con su sentencia por un tiempo más, ya le vamos a caer de golpe con otra sentencia”; “Es un tipo que está muerto, este muchacho no existe pobrecito”; “Que se saque la careta de impoluto”; “Es un gordo acabado” y “Ese gordo molesta y tiene que irse de acá”, son las manifestaciones realizadas por Morales con relación a Ramírez Zambonini a diferentes medios de comunicación, en lo que va del año.
Ya con respecto a Martín Almada, Morales dijo que debía ir a la calle Venezuela, en alusión al Hospital Neurosiquiátrico.
Ante una consulta sobre asuntos relacionados con procesos judiciales en materia electoral, el ministro ahora investigado dijo: “Yo tengo 50 años de política y coloradismo, así es que a mí no me asustan esas cosas”, otra de las expresiones de Morales que motivaron la intervención del Tribunal de Etica Judicial.
miércoles, 17 de septiembre de 2008
Investigan de oficio a Juan Manuel Morales, ministro del TSJE
Debido a expresiones ofensivas contra su colega, incluso contra terceros, el Tribunal de Etica Judicial inició una investigación contra Juan Manuel Morales, Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral por las supuestas violaciones al Código de Ética Judicial. La decisión de investigarlo se resolvió durante la sesión del pasado 15 de septiembre.
El Tribunal de Ética Judicial inició de oficio una investigación contra el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales por haber hecho publico, a través de medios de comunicación masiva, varias manifestaciones ofensivas contra su colega, Alberto Ramírez Zambonini y otras personas, así como por haberse referido a situaciones relacionadas a procesos judiciales en materia electoral.
La decisión fue adoptada en su sesión del 15 de septiembre del 2008 y la carpeta esta caratulada “Juan Manuel Morales, Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre supuestas violaciones al Código de Ética Judicial”.
Algunos de los términos que motivaron el inicio de la investigación son por ejemplo “yo tengo 50 años de política y de coloradismo, así es que a mí no me asustan esas cosas” refiriéndose a procesos judiciales en materia electoral.
En cuanto a su colega, el también ministro del mencionado Tribunal, Alberto Ramírez Zambonini lanzó términos como: “Es un indeseable para la justicia y para el país. No tiene la cola limpia para hablar”, “que tome su tranquinal y disfrute con su sentencia por un tiempo más, ya le vamos a caer de golpe con otra sentencia”, “es un tipo que está muerto, este muchacho no existe pobrecito”, “Que se saque la careta de impoluto”, “Es un gordo acabado” o “El gordo molesta y tiene que irse de acá”.
El abogado Martín Almada fue otro a quien calificó con términos fuertes como por ejemplo que “debe ir a la calle Venezuela.”, incluso manifestó que tiene una paciencia de chino y que tarde o temprano lo enviará a la cárcel.
En una de las tantas entrevistas realizadas por los medios, Morales pidió que le dejen de “jorobar” y que con los votos de un sector de la oposición nunca conseguirán sacarle del cargo.
“Se le inicio el juicio porque consideramos que los calificativos eran ofensivos, y porque no eran convincentes con la figura de un magistrado”, señaló Esteban Kriskovich, coordinador del Tribunal de Ética Judicial.
Agregó que a partir de la apertura de la investigación, Morales cuenta con 10 días hábiles para dar su versión de los hechos para luego proseguir con el proceso investigativo.
El Tribunal de Ética Judicial asegura que el inicio de la causa se hace público de conformidad con la Opinión Consultiva N° 4 del 20 de septiembre de 2006 del Consejo Consultivo de Ética Judicial, sobre publicidad de las causas iniciadas por hechos de conocimiento público o de interés general.
Fuente: Web Poder Judicial
El Tribunal de Ética Judicial inició de oficio una investigación contra el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales por haber hecho publico, a través de medios de comunicación masiva, varias manifestaciones ofensivas contra su colega, Alberto Ramírez Zambonini y otras personas, así como por haberse referido a situaciones relacionadas a procesos judiciales en materia electoral.
La decisión fue adoptada en su sesión del 15 de septiembre del 2008 y la carpeta esta caratulada “Juan Manuel Morales, Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre supuestas violaciones al Código de Ética Judicial”.
Algunos de los términos que motivaron el inicio de la investigación son por ejemplo “yo tengo 50 años de política y de coloradismo, así es que a mí no me asustan esas cosas” refiriéndose a procesos judiciales en materia electoral.
En cuanto a su colega, el también ministro del mencionado Tribunal, Alberto Ramírez Zambonini lanzó términos como: “Es un indeseable para la justicia y para el país. No tiene la cola limpia para hablar”, “que tome su tranquinal y disfrute con su sentencia por un tiempo más, ya le vamos a caer de golpe con otra sentencia”, “es un tipo que está muerto, este muchacho no existe pobrecito”, “Que se saque la careta de impoluto”, “Es un gordo acabado” o “El gordo molesta y tiene que irse de acá”.
El abogado Martín Almada fue otro a quien calificó con términos fuertes como por ejemplo que “debe ir a la calle Venezuela.”, incluso manifestó que tiene una paciencia de chino y que tarde o temprano lo enviará a la cárcel.
En una de las tantas entrevistas realizadas por los medios, Morales pidió que le dejen de “jorobar” y que con los votos de un sector de la oposición nunca conseguirán sacarle del cargo.
“Se le inicio el juicio porque consideramos que los calificativos eran ofensivos, y porque no eran convincentes con la figura de un magistrado”, señaló Esteban Kriskovich, coordinador del Tribunal de Ética Judicial.
Agregó que a partir de la apertura de la investigación, Morales cuenta con 10 días hábiles para dar su versión de los hechos para luego proseguir con el proceso investigativo.
El Tribunal de Ética Judicial asegura que el inicio de la causa se hace público de conformidad con la Opinión Consultiva N° 4 del 20 de septiembre de 2006 del Consejo Consultivo de Ética Judicial, sobre publicidad de las causas iniciadas por hechos de conocimiento público o de interés general.
Fuente: Web Poder Judicial
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Campaña para frenar coima y acosos en el Poder Judicial
La Oficina de Ética Judicial cuenta con varios casos en los que fueron sancionados ministros de la Corte Suprema de Justicia y jueces. Sin embargo, a la fecha no se conoce imposición de pena carcelaria.
Atendiendo a la cantidad de denuncias sobre cohecho o coima por parte de funcionarios públicos y en especial sobre funcionarios judiciales; la Oficina de Ética del Poder Judicial, con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, lanzó una campaña a fin de que aquellas personas afectadas se acerquen y denuncien este tipo de delitos. Los magistrados o funcionarios involucrados pueden ser sancionados moralmente e, incluso, privados de su libertad con penas de 5 hasta 10 años de prisión.
La Oficina de Ética ya cuentan con precedentes importantes sobre este tipo de hechos. También, con esta campaña se intentará combatir el acoso sexual y el acoso moral; hechos punibles previstos en el Código Penal.
La personas afectadas por los casos de falta de ética, acoso sexual o moral, pueden concurrir a la Oficina de Ética, ubicada en el tercer piso, Torre Norte del Palacio de Justicia. "Es totalmente confidencial", según explicó Esteban Kriskovich, responsable de la oficina de referencia.
"Las faltas éticas, el acoso sexual y moral; son consideradas como faltas. También delitos, en algunos casos, difíciles de demostrar, puesto que las víctimas no quieren volver a ser revictimizadas. No obstante, nuestro asesoramiento en la Oficina de Ética es totalmente gratuito y es conveniente que el o la afectada concurra, donde se le aconsejará si es recomendable o no dar intervención al Ministerio Público", agregó Kriskovich.
LA COIMA. La coima o soborno es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepte o solicite dinero u otro bien a cambio de realizar un acto o de no realizarlo. Es una falta ética prevista en el Código de Ética Judicial. También un delito previsto en el Código Penal, con expectativa de pena de hasta 5 años y 10 años, en casos graves.
El acoso moral es el trato humillante y descalificador hacia una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente. Se denomina también acoso psicológico, porque conlleva maltrato psicológico y abuso emocional, haciendo que la persona vaya perdiendo progresivamente su autoestima y la seguridad en sí misma. Es una falta ética que atenta contra la dignidad de las personas y afecta su desempeño laboral.
El acoso sexual es una forma de violencia y discriminación. Consiste en cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual no deseada por quien sufre. Es una falta prevista en el Código de Ética Judicial. Además, un hecho castigado por el Código Penal con expectativa de pena privativa de libertad de hasta dos años.
El abogado Esteban Kriskovich dijo que actualmente tiene cuatro denuncias por acoso sexual, "pero no podemos dar dato, por confidencialidad y no tener aún sentencia".
ABOGADOS SEÑALAN QUE LA LUCHA DEBE SER CONSTANTE
El abogado Adolfo Marín Iglesias entiende que la campaña llevada a cabo por la Oficina de Ética Judicial, juntamente con la organización Semillas para la Democracia, "es correcta y oportuna, siempre y cuando se intente esclarecer ciertos hechos que normalmente se denuncian".
El profesional del Derecho resaltó que también suele ocurrir que, en determinados casos, las partes que litigan convienen a que no salga a luz o que conozca la opinión pública.
"Estimo que esta campaña debe continuar intensamente para darle paz y calma a esta sociedad, tan pervertida y castigada por los malos tratos que reciben en distintas instituciones, donde algunas personas van por necesidades laborales y no por favores sexuales", añadió el letrado.
Por su parte, el abogado Pedro Wilson Marinoni también coincidió en afirmar que este tipo de emprendiminentos debería ser una constante "atendiendo a la gran cantidad de hechos de corrupción que a diario se conocen por los medios de comunicación y en los que por lo general están involucrados algunos funcionarios judiciales, fiscales e incluso magistrados. Me parece plausible la campaña de la Oficina de Ética del Poder Judicial".
Fuente: UH digital
Atendiendo a la cantidad de denuncias sobre cohecho o coima por parte de funcionarios públicos y en especial sobre funcionarios judiciales; la Oficina de Ética del Poder Judicial, con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, lanzó una campaña a fin de que aquellas personas afectadas se acerquen y denuncien este tipo de delitos. Los magistrados o funcionarios involucrados pueden ser sancionados moralmente e, incluso, privados de su libertad con penas de 5 hasta 10 años de prisión.
La Oficina de Ética ya cuentan con precedentes importantes sobre este tipo de hechos. También, con esta campaña se intentará combatir el acoso sexual y el acoso moral; hechos punibles previstos en el Código Penal.
La personas afectadas por los casos de falta de ética, acoso sexual o moral, pueden concurrir a la Oficina de Ética, ubicada en el tercer piso, Torre Norte del Palacio de Justicia. "Es totalmente confidencial", según explicó Esteban Kriskovich, responsable de la oficina de referencia.
"Las faltas éticas, el acoso sexual y moral; son consideradas como faltas. También delitos, en algunos casos, difíciles de demostrar, puesto que las víctimas no quieren volver a ser revictimizadas. No obstante, nuestro asesoramiento en la Oficina de Ética es totalmente gratuito y es conveniente que el o la afectada concurra, donde se le aconsejará si es recomendable o no dar intervención al Ministerio Público", agregó Kriskovich.
LA COIMA. La coima o soborno es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepte o solicite dinero u otro bien a cambio de realizar un acto o de no realizarlo. Es una falta ética prevista en el Código de Ética Judicial. También un delito previsto en el Código Penal, con expectativa de pena de hasta 5 años y 10 años, en casos graves.
El acoso moral es el trato humillante y descalificador hacia una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente. Se denomina también acoso psicológico, porque conlleva maltrato psicológico y abuso emocional, haciendo que la persona vaya perdiendo progresivamente su autoestima y la seguridad en sí misma. Es una falta ética que atenta contra la dignidad de las personas y afecta su desempeño laboral.
El acoso sexual es una forma de violencia y discriminación. Consiste en cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual no deseada por quien sufre. Es una falta prevista en el Código de Ética Judicial. Además, un hecho castigado por el Código Penal con expectativa de pena privativa de libertad de hasta dos años.
El abogado Esteban Kriskovich dijo que actualmente tiene cuatro denuncias por acoso sexual, "pero no podemos dar dato, por confidencialidad y no tener aún sentencia".
ABOGADOS SEÑALAN QUE LA LUCHA DEBE SER CONSTANTE
El abogado Adolfo Marín Iglesias entiende que la campaña llevada a cabo por la Oficina de Ética Judicial, juntamente con la organización Semillas para la Democracia, "es correcta y oportuna, siempre y cuando se intente esclarecer ciertos hechos que normalmente se denuncian".
El profesional del Derecho resaltó que también suele ocurrir que, en determinados casos, las partes que litigan convienen a que no salga a luz o que conozca la opinión pública.
"Estimo que esta campaña debe continuar intensamente para darle paz y calma a esta sociedad, tan pervertida y castigada por los malos tratos que reciben en distintas instituciones, donde algunas personas van por necesidades laborales y no por favores sexuales", añadió el letrado.
Por su parte, el abogado Pedro Wilson Marinoni también coincidió en afirmar que este tipo de emprendiminentos debería ser una constante "atendiendo a la gran cantidad de hechos de corrupción que a diario se conocen por los medios de comunicación y en los que por lo general están involucrados algunos funcionarios judiciales, fiscales e incluso magistrados. Me parece plausible la campaña de la Oficina de Ética del Poder Judicial".
Fuente: UH digital
lunes, 8 de septiembre de 2008
Sentencia de la jueza Nilse Ortiz dejó sin opción de defensa al Estado
La jueza Nilse Ortiz firmó la sentencia 2491/07, documento que se utilizó para intentar cobrar 100 millones de dólares en intereses que no existen. En los últimos tres días de Duarte Frutos, la oferta de comisión habría llegado al 80 por ciento, de cumplirse la orden judicial. Cipasa reclama el pago de intereses por la expropiación de sus tierras.
Cipasa promovió diversas acciones judiciales. La ley de expropiación no quedó firme hasta el 2006. Ahora Cipasa viene con un delirante reclamo de 100 millones de dólares de intereses. En la foto, fiscales en Puerto Fontciere, año 2001.
En mayo de 2007, el abogado Juan Ernesto Villamayor inició una demanda contra el Estado paraguayo, reclamando el pago de 400 mil millones de guaraníes (100 millones de dólares) en concepto de intereses por la expropiación de tierras de la Compañía Inmobiliaria Paraguayo – Argentina (Cipasa).
El abogado tomó como parámetro el porcentaje de inflación entre los años 1995 y 2006. La estadística se conoce como índice de precios al consumidor y es fijado por el Banco Central del Paraguay.
Según Juan Ernesto Villamayor, el Estado debe más de 400 mil millones a Cipasa.
En su escrito sostiene que en 1995, la empresa debió recibir 22 mil millones de guaraníes en concepto de intereses porque la tasa de inflación de ese año fue 10.5 por ciento.
El 10.5 por ciento de interés aplica sobre una indemnización total de 215 mil millones de guaraníes (54 millones de dólares), cifra que debe pagarse a Cipasa en cumplimiento de la sentencia 368 de primera instancia.
El supuesto del Abog. Juan Ernesto Villamayor es falso. En primer lugar, el Estado paraguayo no adeuda ni un guaraní a Cipasa en concepto de intereses.
La expropiación de las tierras de la empresa recién quedó firme y ejecutoriada en el año 2006; apenas se realizó la transferencia de tierras, Cipasa cobró la primera cuota de las 10 que le corresponden por indemnización.
Ninguna sentencia judicial impuso al Estado la obligación de pagar intereses y la empresa a lo largo del proceso judicial que siguió a la expropiación no pidió intereses.
No existe ninguna sentencia judicial que establezca este compromiso a las arcas públicas. No hay intereses, así de simple.
PODRÍA SER UN INTENTO DE ESTAFA
Cipasa reclama el pago de una deuda que no existe. La ley 517 de expropiación estuvo suspendida en su aplicación entre los años 1996 y 2004. Recién en el año 2000 se fijó el precio de la tierra, lo que fue ratificado por sentencia 110 del 2002.
Si entre los años 1996 y 2000 no existía un precio por la tierra ¿por qué Cipasa alega que le corresponden intereses?
La demanda de Juan Ernesto Villamayor asegura que los intereses en ese período son los siguientes: año 1995, 22 mil millones; año 1996, 19 mil millones; año 1997, 16 mil millones; año 1998, 40 mil millones; año 1999, 17 mil millones; año 2000, 28 mil millones.
Sin embargo, en todo ese período no existió una sentencia judicial que estableciera ningún precio.
Cipasa inició el juicio de fijación de precio en el año 1996, reclamando un monto mayor al establecido en la ley 517 que fue de 50 mil guaraníes por hectárea.
En el año 2000 se impone un precio de 950 mil guaraníes por hectárea, ratificada por sentencia en el año 2002.
Si entre 1996 y 2000 no existió un precio por la tierra, tampoco hay interés; es obvio en extremo.
De última, en el supuesto que deba pagarse interés, el cálculo en este período corresponde al monto de 50 mil guaraníes por hectárea y no sobre 950 mil porque esta cifra recién se fijó en el año 2000.
SENTENCIA DE NILSE ORTIZ
Pregunta Juan Ernesto Villamayor: “¿Por qué supone el periodista que cuando el Estado me quita mi propiedad soy yo el obligado a cumplir diversos trámites administrativos?”.
La respuesta es sencilla: Cipasa pidió por escrito al Poder Judicial que la transferencia de sus tierras se realice por escritura pública; aparte, es la única forma que existe para llevar a cabo la titulación de tierras.
Cipasa pidió y la sentencia 368 de primera instancia dice: “Señalar el plazo de diez días, luego de quedar firme y ejecutoriada la presente resolución, para que la firma formalice la transferencia de dominio de las fracciones afectadas por la expropiación”.
Aquí la pregunta que cabe es ¿por qué Cipasa tardó seis años en realizar la transferencia? La sentencia 368 es del año 2000, pero recién en el 2006 la empresa pasó a nombre del Estado las tierras expropiadas.
El caso no termina aquí. El 24 de diciembre de 2007, la magistrada Nilse Ortiz dictó la sentencia 2491 que rechaza la oposición del Estado a pagar intereses y declara “la cuestión como de puro derecho”.
Esto quiere decir que la jueza Nilse Ortiz dejó indefenso al Estado y se sumó a la pretensión de reclamar 100 millones de dólares de intereses que no existen.
Esta sentencia judicial se utilizó para intentar el cobro millonario al Ministerio de Hacienda.
En las semanas previas al cambio de gobierno, con este documento en la mano, se intentó convencer al actual viceministro de Administración y Finanzas Miguel Gómez que haga efectivo el pago.
Miguel Gómez rechazó la pretensión y comenzó a recibir una serie de llamados telefónicos en procura de que cambie su decisión.
Tres días antes de la asunción de Fernando Lugo la propuesta de comisión habría llegado al 80 por ciento, sobre la base de 100 millones de dólares.
Valdría la pena investigar la conexión de Enrique Bacchetta, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con la jueza Nilse Ortiz para encontrar una explicación a la sentencia que pudo causar al Estado la pérdida de 100 millones de dólares, en concepto de intereses que no existen.
Cien millones de dólares es mucho dinero y cada centavo es nuestro. No tenemos por qué regalar este dinero.
Fuente: ABC digital
Cipasa promovió diversas acciones judiciales. La ley de expropiación no quedó firme hasta el 2006. Ahora Cipasa viene con un delirante reclamo de 100 millones de dólares de intereses. En la foto, fiscales en Puerto Fontciere, año 2001.
En mayo de 2007, el abogado Juan Ernesto Villamayor inició una demanda contra el Estado paraguayo, reclamando el pago de 400 mil millones de guaraníes (100 millones de dólares) en concepto de intereses por la expropiación de tierras de la Compañía Inmobiliaria Paraguayo – Argentina (Cipasa).
El abogado tomó como parámetro el porcentaje de inflación entre los años 1995 y 2006. La estadística se conoce como índice de precios al consumidor y es fijado por el Banco Central del Paraguay.
Según Juan Ernesto Villamayor, el Estado debe más de 400 mil millones a Cipasa.
En su escrito sostiene que en 1995, la empresa debió recibir 22 mil millones de guaraníes en concepto de intereses porque la tasa de inflación de ese año fue 10.5 por ciento.
El 10.5 por ciento de interés aplica sobre una indemnización total de 215 mil millones de guaraníes (54 millones de dólares), cifra que debe pagarse a Cipasa en cumplimiento de la sentencia 368 de primera instancia.
El supuesto del Abog. Juan Ernesto Villamayor es falso. En primer lugar, el Estado paraguayo no adeuda ni un guaraní a Cipasa en concepto de intereses.
La expropiación de las tierras de la empresa recién quedó firme y ejecutoriada en el año 2006; apenas se realizó la transferencia de tierras, Cipasa cobró la primera cuota de las 10 que le corresponden por indemnización.
Ninguna sentencia judicial impuso al Estado la obligación de pagar intereses y la empresa a lo largo del proceso judicial que siguió a la expropiación no pidió intereses.
No existe ninguna sentencia judicial que establezca este compromiso a las arcas públicas. No hay intereses, así de simple.
PODRÍA SER UN INTENTO DE ESTAFA
Cipasa reclama el pago de una deuda que no existe. La ley 517 de expropiación estuvo suspendida en su aplicación entre los años 1996 y 2004. Recién en el año 2000 se fijó el precio de la tierra, lo que fue ratificado por sentencia 110 del 2002.
Si entre los años 1996 y 2000 no existía un precio por la tierra ¿por qué Cipasa alega que le corresponden intereses?
La demanda de Juan Ernesto Villamayor asegura que los intereses en ese período son los siguientes: año 1995, 22 mil millones; año 1996, 19 mil millones; año 1997, 16 mil millones; año 1998, 40 mil millones; año 1999, 17 mil millones; año 2000, 28 mil millones.
Sin embargo, en todo ese período no existió una sentencia judicial que estableciera ningún precio.
Cipasa inició el juicio de fijación de precio en el año 1996, reclamando un monto mayor al establecido en la ley 517 que fue de 50 mil guaraníes por hectárea.
En el año 2000 se impone un precio de 950 mil guaraníes por hectárea, ratificada por sentencia en el año 2002.
Si entre 1996 y 2000 no existió un precio por la tierra, tampoco hay interés; es obvio en extremo.
De última, en el supuesto que deba pagarse interés, el cálculo en este período corresponde al monto de 50 mil guaraníes por hectárea y no sobre 950 mil porque esta cifra recién se fijó en el año 2000.
SENTENCIA DE NILSE ORTIZ
Pregunta Juan Ernesto Villamayor: “¿Por qué supone el periodista que cuando el Estado me quita mi propiedad soy yo el obligado a cumplir diversos trámites administrativos?”.
La respuesta es sencilla: Cipasa pidió por escrito al Poder Judicial que la transferencia de sus tierras se realice por escritura pública; aparte, es la única forma que existe para llevar a cabo la titulación de tierras.
Cipasa pidió y la sentencia 368 de primera instancia dice: “Señalar el plazo de diez días, luego de quedar firme y ejecutoriada la presente resolución, para que la firma formalice la transferencia de dominio de las fracciones afectadas por la expropiación”.
Aquí la pregunta que cabe es ¿por qué Cipasa tardó seis años en realizar la transferencia? La sentencia 368 es del año 2000, pero recién en el 2006 la empresa pasó a nombre del Estado las tierras expropiadas.
El caso no termina aquí. El 24 de diciembre de 2007, la magistrada Nilse Ortiz dictó la sentencia 2491 que rechaza la oposición del Estado a pagar intereses y declara “la cuestión como de puro derecho”.
Esto quiere decir que la jueza Nilse Ortiz dejó indefenso al Estado y se sumó a la pretensión de reclamar 100 millones de dólares de intereses que no existen.
Esta sentencia judicial se utilizó para intentar el cobro millonario al Ministerio de Hacienda.
En las semanas previas al cambio de gobierno, con este documento en la mano, se intentó convencer al actual viceministro de Administración y Finanzas Miguel Gómez que haga efectivo el pago.
Miguel Gómez rechazó la pretensión y comenzó a recibir una serie de llamados telefónicos en procura de que cambie su decisión.
Tres días antes de la asunción de Fernando Lugo la propuesta de comisión habría llegado al 80 por ciento, sobre la base de 100 millones de dólares.
Valdría la pena investigar la conexión de Enrique Bacchetta, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con la jueza Nilse Ortiz para encontrar una explicación a la sentencia que pudo causar al Estado la pérdida de 100 millones de dólares, en concepto de intereses que no existen.
Cien millones de dólares es mucho dinero y cada centavo es nuestro. No tenemos por qué regalar este dinero.
Fuente: ABC digital
martes, 2 de septiembre de 2008
Rechazan reincorporación de jueza Ortiz
La Organización Semillas para la Democracia juntamente con la Oficina de Ética Judicial lanzaron una campaña denominada "Por una ciudadanía activa con jueces éticos". Los materiales hacen referencia al acoso sexual, el cohecho o coima y el acoso moral, que son faltas éticas, según apuntó Martha Ferrara, una de las responsables de la organización citada.
"La noticia de la posible reincorporación de Nilse Ortiz es un mal signo para los cambios que el pueblo paraguayo ha decidido impulsar el 20 de abril de 2008, expresados en un claro mensaje a través de las urnas. Por esto, ninguna persona imputada, sospechada e investigada puede ocupar un cargo en la magistratura en este país, sin antes haber llegado al esclarecimiento total de la situación", según señala el comunicado a la opinión pública que dieron a conocer.
Los promotores de la campaña destacaron la necesidad de cambios estructurales en la Justicia y que deben ser acompañados por cambios centrados en personas que ocupan cargos.
"La justicia se asienta en sus mujeres y hombres, por eso no basta con tener buenos profesionales, sino que además deben ser intachables y transparentes, porque está en juego la base que sostiene a una nación. El magistrado no solo debe ser técnicamente capaz, sino que además debe dar respuestas que se ajusten en derecho", agregaron.
Hay que recordar que Nilse Ortiz Aquino fue sometida a juicio por la comisión del supuesto hecho de plagio de una obra jurídica. La Fiscalía últimamente concluyó que correspondía el sobreseimiento provisional, atendiendo a que aún no se llevaron a cabo pruebas fundamentales en juicio.
A la campaña "Por una ciudadanía activa con jueces éticos" se suman otras organizaciones como el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, Centro de Estudios Judiciales, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo, Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad, Contraloría Ciudadana y otras.
Finalmente se rechaza la posible reincorporación de la jueza Ortiz Aquino y se exige el esclarecimiento total de los hechos. La jueza fue suspendida en sus funciones a raíz del supuesto plagio.
Fuente: UH digital
"La noticia de la posible reincorporación de Nilse Ortiz es un mal signo para los cambios que el pueblo paraguayo ha decidido impulsar el 20 de abril de 2008, expresados en un claro mensaje a través de las urnas. Por esto, ninguna persona imputada, sospechada e investigada puede ocupar un cargo en la magistratura en este país, sin antes haber llegado al esclarecimiento total de la situación", según señala el comunicado a la opinión pública que dieron a conocer.
Los promotores de la campaña destacaron la necesidad de cambios estructurales en la Justicia y que deben ser acompañados por cambios centrados en personas que ocupan cargos.
"La justicia se asienta en sus mujeres y hombres, por eso no basta con tener buenos profesionales, sino que además deben ser intachables y transparentes, porque está en juego la base que sostiene a una nación. El magistrado no solo debe ser técnicamente capaz, sino que además debe dar respuestas que se ajusten en derecho", agregaron.
Hay que recordar que Nilse Ortiz Aquino fue sometida a juicio por la comisión del supuesto hecho de plagio de una obra jurídica. La Fiscalía últimamente concluyó que correspondía el sobreseimiento provisional, atendiendo a que aún no se llevaron a cabo pruebas fundamentales en juicio.
A la campaña "Por una ciudadanía activa con jueces éticos" se suman otras organizaciones como el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, Centro de Estudios Judiciales, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo, Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad, Contraloría Ciudadana y otras.
Finalmente se rechaza la posible reincorporación de la jueza Ortiz Aquino y se exige el esclarecimiento total de los hechos. La jueza fue suspendida en sus funciones a raíz del supuesto plagio.
Fuente: UH digital
Urge iniciar un proceso para hacer que la Justicia sirva a los ciudadanos
Sin una renovación de la Administración de Justicia, el cambio será imposible. La corrupción, que se traduce en la venta de sentencias, la intromisión del poder político y otras formas de distorsión de la aplicación de las leyes, debe terminar. Para ello es necesario iniciar un proceso.
Una y otra vez, los nuevos gobernantes han expresado su deseo de tener una nueva Justicia. En realidad, hasta allí no es sino un lugar común al que recurren todos los que desean estructurar una Corte Suprema favorable a sus intereses particulares. El último ejemplo de ello es el del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien cambió a los ministros solo para colocar a sus leales.
La campaña política del hoy presidente Fernando Lugo comenzó con la bandera del cambio de los integrantes de la máxima instancia judicial por ser cómplices de la violación de la Constitución al permitir a Nicanor Duarte Frutos pasar por encima de su artículo 237, que prohíbe el ejercicio de dos cargos simultáneos.
Sin embargo, paradójicamente, el tema del Poder Judicial estuvo ausente en su discurso de asunción el pasado 15 de agosto.
Si bien comenzar por la cúpula de la Corte es un camino válido para la búsqueda de la transformación de las prácticas de los que forman parte del Poder Judicial, no hay que descartar otras vías.
En estos días nuestro diario publica un edicto para el llenado de cargos vacantes y de vacancias por fenecimiento de mandato. Sin esperar que se cambie la Corte, es necesario escoger mejor a los magistrados, fiscales, síndicos, jueces de Paz y de Justicia Letrada, defensores y otros cargos existentes.
El obstáculo a salvar es la estructura de selección: el Consejo de la Magistratura está hoy dominado por integrantes con una mentalidad clientelista y prebendaria que, en mayoría, responde al Partido Colorado. Mientras sigan usando el poder que se les otorgó legalmente para beneficio de unos pocos, será difícil avanzar hacia metas diferentes.
Las reglas del juego para elegir a los que van a ocupar los distintos puestos están dentro de una cultura donde valen más los argumentos políticos, las recomendaciones y los vínculos antes que los méritos y la institucionalidad. Esta es la causa por la que la calidad de los funcionarios judiciales deja mucho que desear, tanto en lo que atañe al desempeño profesional como al apego a las normas éticas.
El nuevo Gobierno debe acometer con fuerza, decisión y coraje la tarea de cambiar la mentalidad y el comportamiento de los que forman parte de la estructura judicial en todos los niveles. De ello depende la seguridad jurídica que pueda existir en el Paraguay, tanto para los compatriotas como para los extranjeros.
Sin una Justicia que garantice juicios y sentencias justos, cualquier cambio siempre será superficial. Si los gobernantes pretenden encabezar un proceso a largo plazo, tienen que poner ya manos a la obra. Cada día que pasa es un triunfo de los corruptos que desean que todo siga igual.
Fuente: UH digital
Una y otra vez, los nuevos gobernantes han expresado su deseo de tener una nueva Justicia. En realidad, hasta allí no es sino un lugar común al que recurren todos los que desean estructurar una Corte Suprema favorable a sus intereses particulares. El último ejemplo de ello es el del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien cambió a los ministros solo para colocar a sus leales.
La campaña política del hoy presidente Fernando Lugo comenzó con la bandera del cambio de los integrantes de la máxima instancia judicial por ser cómplices de la violación de la Constitución al permitir a Nicanor Duarte Frutos pasar por encima de su artículo 237, que prohíbe el ejercicio de dos cargos simultáneos.
Sin embargo, paradójicamente, el tema del Poder Judicial estuvo ausente en su discurso de asunción el pasado 15 de agosto.
Si bien comenzar por la cúpula de la Corte es un camino válido para la búsqueda de la transformación de las prácticas de los que forman parte del Poder Judicial, no hay que descartar otras vías.
En estos días nuestro diario publica un edicto para el llenado de cargos vacantes y de vacancias por fenecimiento de mandato. Sin esperar que se cambie la Corte, es necesario escoger mejor a los magistrados, fiscales, síndicos, jueces de Paz y de Justicia Letrada, defensores y otros cargos existentes.
El obstáculo a salvar es la estructura de selección: el Consejo de la Magistratura está hoy dominado por integrantes con una mentalidad clientelista y prebendaria que, en mayoría, responde al Partido Colorado. Mientras sigan usando el poder que se les otorgó legalmente para beneficio de unos pocos, será difícil avanzar hacia metas diferentes.
Las reglas del juego para elegir a los que van a ocupar los distintos puestos están dentro de una cultura donde valen más los argumentos políticos, las recomendaciones y los vínculos antes que los méritos y la institucionalidad. Esta es la causa por la que la calidad de los funcionarios judiciales deja mucho que desear, tanto en lo que atañe al desempeño profesional como al apego a las normas éticas.
El nuevo Gobierno debe acometer con fuerza, decisión y coraje la tarea de cambiar la mentalidad y el comportamiento de los que forman parte de la estructura judicial en todos los niveles. De ello depende la seguridad jurídica que pueda existir en el Paraguay, tanto para los compatriotas como para los extranjeros.
Sin una Justicia que garantice juicios y sentencias justos, cualquier cambio siempre será superficial. Si los gobernantes pretenden encabezar un proceso a largo plazo, tienen que poner ya manos a la obra. Cada día que pasa es un triunfo de los corruptos que desean que todo siga igual.
Fuente: UH digital
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