El dilatado proceso que enfrenta la jueza en lo Civil y Comercial del 5to. Turno llegaría a su fin justo para que Ortiz logre el “rekutu”.
La magistrada jamás pudo estar sentada en el banquillo de los acusados, porque trabó desde el inicio su proceso penal por violación de derechos de 31 autores nacionales y extranjeros en su libro “Ética Judicial”, y su tesis doctoral, anulada por la Universidad de Pilar. Ahora hay fuertes versiones de que los dos camaristas civiles que integran el Tribunal de Alzada, Paiva Valdovinos y Gerardo Báez Maiola, la eximirán de su imputación con la nulidad.
El único camarista del fuero penal que aceptó entender la causa, Delio Vera Navarro, ya emitió su voto. Los camaristas deben expedirse sobre la apelación del rechazo de nulidad de la imputación y del anticipo jurisdiccional de prueba, presentados por la defensa de la magistrada imputada.
Como “aporte” a la extrema dilación y a la complicidad judicial, la jueza Patricia González envió el expediente principal a la Cámara, y debido a ello la fiscalía se vio obligada a presentar un pedido de sobreseimiento provisional, que no fue diligenciado siquiera. Se tuvo que recurrir a esto porque no se contaba al momento con una sala en Cámara, para el estudio de una prórroga extraordinaria.
La agente fiscal Soledad Quiñónez urge periódicamente que se resuelvan favorablemente la excepción de falta de acción y la nulidad del anticipo jurisdiccional. La primera, porque versa sobre que el hecho punible es de orden “público” y no “privado” por la Ley de Transición, y se inició con la denuncia del sacerdote Juan Antonio De la Vega (fallecido).
El anticipo jurisdiccional de prueba es sobre contenidos bajados de un curso de Internet, presuntamente plagiados por la jueza. La investigación a Ortiz se inició luego de que la magistrada publicara su libro y quede en evidencia el plagio de más de 30 autores.
La jueza fue desaforada por el Jurado de Enjuiciamiento, pero nunca suspendida, ya que se adelantó y pidió “permiso” por seis meses y hasta llegó a cobrar sus salarios caídos, pero los devolvió cuando saltó a la luz.
El obligado pedido de sobreseimiento provisional para que el proceso no sea nulo sirvió luego para que la Corte la reponga en su cargo. Paiva siempre integra los tribunales digitados. También la Corte, cuando se busca la impunidad de los “peces gordos”.
Nulidad de “amonestación”
El 9 de diciembre del año pasado, en una criticada postura, considerada como un ataque abierto al Código de Ética, los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac, en mayoría, anularon la sanción de “amonestación” (la más grave) impuesta por el Tribunal de Ética a la jueza Nilse Ortiz, al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad.
En la oportunidad, no fue tenida en cuenta la postura de Antonio Fretes, quien votó por el rechazo in límine porque la acción fue planteada extemporáneamente. La nulidad fue duramente atacada por sectores ya que la sanción es “moral” y por ende la cuestión es “no justiciable”, pero abrió ya el camino para la impunidad de Ortiz.
Fuente: ABC Color 04/02/2010
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