La abogada Norma Gladys Romero Viedma, jueza de Paz de San Joaquín, circunscripción judicial de Caaguazú, fue aprehendida ayer e imputada por cohecho pasivo agravado (coima) que solicitó para arreglar en forma amistosa una acción judicial, que cajoneó para no denunciar el hecho ante el Ministerio Público.
El fiscal Martín Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, analiza la posibilidad de imputar también a la magistrada por coacción, ya que -según la denuncia formulada por los pobladores- la citada jueza era conocida por sobornar o presionar a los denunciados para llegar a una solución pacífica.
El diario Última Hora y Telefuturo investigaron el caso y lograron captar el momento exacto en que la jueza tenía en su poder una suma de dinero que fue exigida para dejar sin efecto una acusación de supuesto hecho de violación o estupro.
La magistrada guarda reclusión domiciliaria en la ciudad de Coronel Oviedo y su caso será elevado al Jurado de Enjuiciamiento, según la medida que dispuso el agente fiscal interviniente Martín Cabrera.
ANTECEDENTE. Una persona -cuya identidad resguardamos por seguridad- llegó hasta Última Hora para expresar que fue denunciada en el Juzgado de Paz de San Joaquín por un supuesto hecho de violación de una menor, que quedó embarazada producto del acto ilícito.
El denunciado admitió que se reunió con la denunciante a fin de llegar a una solución amistosa, pero que la jueza de Paz exigió la suma de G. 5.000.000 para no elevar el caso ante la Fiscalía. Ante el reclamo del afectado de que "está difícil la situación", la pretensión de la magistrada bajó a G. 3.000.000.
EL PROCEDIMIENTO. La involucrada en la coima fue denunciada ante el fiscal Cabrera, quien solicitó la entrega vigilada del dinero y la grabación de las negociaciones entre el denunciado y la magistrada.
El denunciado acompañado por su padre se reunieron con la jueza y la demandante, tía de la menor supuestamente embarazada a raíz de una violación.
Las partes llegaron a un acuerdo "amistoso" con la suma de G. 3 millones ante la magistrada, quien elaboró un acta de arreglo extrajudicial en una hoja de cuaderno sin mencionar el monto entregado. Se concretó la entrega vigilada del monto acordado.
La jueza se quedó en forma arbitraria con G. 1.500.000 y dio igual cantidad de dinero a la denunciante.
La tranquila mañana de ayer de San Joaquín fue irrumpida por la presencia del fiscal y efectivos policiales en el local del Juzgado de Paz.
En forma arrogante y prepotente, la jueza de Paz reclamó las actas de allanamiento y requirió la presencia del fiscal interviniente. La magistrada menoscabó en todo momento a los agentes policiales y asistente del Ministerio Público. Negó rotundamente que hubiera recibido el dinero para concretar un arreglo extrajudicial.
LAS PRUEBAS. Los intervinientes encontraron un billete de cien mil guaraníes en la cartera de la magistrada. La denunciante, quien fue detenida por unos minutos para averiguaciones, tenía en su poder la suma de G. 1.400.000. Todos los billetes fueron previamente fotocopiados por la Fiscalía.
En un descuido de los agentes policiales, la jueza escapó de su oficina y avivadamente se escondió en el sanitario del Juzgado de Paz, ubicado en la parte trasera del edificio que está situado frente a la iglesia y plaza principal de San Joaquín.
El fiscal Cabrera esperó que la magistrada saliera del baño y empezó a revisar el cuarto del sanitario. A simple vista se podían divisar en el inodoro algunos billetes de cien mil guaraníes.
Un agente policial realizó la búsqueda en el retrete y sacó la suma de G. 1.500.000. Los billetes coincidían plenamente con el dinero fotocopiado previamente por la Fiscalía para realizar la entrega vigilada. La jueza Romero acusó al fiscal Cabrera de "plantar" pruebas en su contra.
La jueza de Paz fue imputada por coima y guarda reclusión en Coronel Oviedo, ya que todavía cuenta con fuero de magistrado.
TODOS SABÍAN DE SU "FAMA"
La actuación prepotente y arbitraria de la jueza de Paz de San Joaquín, Norma Gladys Romero Viedma, era un secreto a voces en el distrito de Caaguazú. Los pobladores coincidieron en manifestar que la magistrada tiene la fama de fallar siempre a favor de los más pudientes. El pedido de coima para arreglar amistosamente una denuncia y no elevar el caso ante la Fiscalía era otro de los actos ilícitos cometidos por la jueza. El fiscal Martín Cabrera argumentó que el Código Procesal Penal no faculta a los jueces de Paz a concretar acuerdos amistosos para solucionar un hecho punible.
Fuente: UH Digital 14/05/09
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