Dirigentes del Pacto Etico Comercial (PEC) se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Antonio Frentes, a quien plantearon la necesidad de fortalecer la ética en todo el Poder Judicial para mejorar la credibilidad de este poder del Estado.
El titular de la Corte Antonio Fretes (der) dialoga con dirigentes del PEC y la CAP, Carlos Jorge Biedermann, Esteban Morábito, Pablo Pappalardo, Rolf Staudt y Roberto Chihan.
El Pacto es una iniciativa del sector privado, liderada por la Cámara de Anunciantes del Paraguay y la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, con el objetivo de desarrollar e instaurar conceptos y acciones orientados a la ética y conducta corporativa, con el fin de lograr un país más serio, predecible, y donde la ética sea rentable social y económicamente. Asistieron al encuentro el presidente del Pacto Etico Comercial y titular de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann; el vicepresidente del PEC y de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, Víctor González Acosta; el presidente del Colegio de Abogados, Oscar Paciello, y María de Jesús Bogado, de Semillas para la Democracia.
Al respecto, Biedermann comentó que conversaron con Fretes sobre los diversos acuerdos que el Pacto está desarrollando con varios gremios e instituciones como, por ejemplo, el Colegio de Abogados del Paraguay, Semillas para la Democracia y otros, con el objetivo de privilegiar principios y valores en un marco ético que propicie la autoridad e influencia moral.
Por su parte, el titular de la Corte presentó a los miembros del Pacto Etico Comercial las actividades y avances tendientes a la concreción del Código de Etica Judicial, y manifestó cómo este puede ser beneficioso para la administración de la justicia y la credibilidad de magistrados judiciales.
En una entrevista anterior con nuestro diario, Biedermann y González Acosta coincidieron en que muchas empresas, corporaciones y personas están comenzando a entender y a creer que el comportamiento ético también puede ser rentable en Paraguay, porque tiene un efecto multiplicador positivo tanto interna como a escala internacional.
En cuanto a la vieja “cultura” de la informalidad y la resistencia a la formalización, González Acosta afirmó que esto es como un partido de fútbol, que cuando todo el mundo se ajuste a las reglas del juego, los que no lo están van a tener que salir de la cancha. “Pasó lo mismo en otros países del mundo como Irlanda, que en los años ’50 era como nuestro país, era un caos y un desorden total”, dijo.
Sobre el punto, Biedermann acotó que el problema es que muchas supuestas empresas en Paraguay basan sus estrategias competitivas en lo ilegal, pero que será desalojado de ese escenario en la medida que el mundo vaya exigiendo reglas del juego básicas para ser competitivos en los negocios, vía calidad de gestión, donde esta clase de empresa no tiene futuro.
Fuente: Diario Abc color
jueves, 21 de mayo de 2009
jueves, 14 de mayo de 2009
Una magistrada cae al recibir coima para arreglar un caso
Una investigación de Última Hora y Telefuturo captó el momento en que la jueza de San Joaquín recibía G. 3 millones para una "negociación" extrajudicial. La jueza guardó G. 1.500.000 en el inodoro para no ser descubierta.
La abogada Norma Gladys Romero Viedma, jueza de Paz de San Joaquín, circunscripción judicial de Caaguazú, fue aprehendida ayer e imputada por cohecho pasivo agravado (coima) que solicitó para arreglar en forma amistosa una acción judicial, que cajoneó para no denunciar el hecho ante el Ministerio Público.
El fiscal Martín Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, analiza la posibilidad de imputar también a la magistrada por coacción, ya que -según la denuncia formulada por los pobladores- la citada jueza era conocida por sobornar o presionar a los denunciados para llegar a una solución pacífica.
El diario Última Hora y Telefuturo investigaron el caso y lograron captar el momento exacto en que la jueza tenía en su poder una suma de dinero que fue exigida para dejar sin efecto una acusación de supuesto hecho de violación o estupro.
La magistrada guarda reclusión domiciliaria en la ciudad de Coronel Oviedo y su caso será elevado al Jurado de Enjuiciamiento, según la medida que dispuso el agente fiscal interviniente Martín Cabrera.
ANTECEDENTE. Una persona -cuya identidad resguardamos por seguridad- llegó hasta Última Hora para expresar que fue denunciada en el Juzgado de Paz de San Joaquín por un supuesto hecho de violación de una menor, que quedó embarazada producto del acto ilícito.
El denunciado admitió que se reunió con la denunciante a fin de llegar a una solución amistosa, pero que la jueza de Paz exigió la suma de G. 5.000.000 para no elevar el caso ante la Fiscalía. Ante el reclamo del afectado de que "está difícil la situación", la pretensión de la magistrada bajó a G. 3.000.000.
EL PROCEDIMIENTO. La involucrada en la coima fue denunciada ante el fiscal Cabrera, quien solicitó la entrega vigilada del dinero y la grabación de las negociaciones entre el denunciado y la magistrada.
El denunciado acompañado por su padre se reunieron con la jueza y la demandante, tía de la menor supuestamente embarazada a raíz de una violación.
Las partes llegaron a un acuerdo "amistoso" con la suma de G. 3 millones ante la magistrada, quien elaboró un acta de arreglo extrajudicial en una hoja de cuaderno sin mencionar el monto entregado. Se concretó la entrega vigilada del monto acordado.
La jueza se quedó en forma arbitraria con G. 1.500.000 y dio igual cantidad de dinero a la denunciante.
La tranquila mañana de ayer de San Joaquín fue irrumpida por la presencia del fiscal y efectivos policiales en el local del Juzgado de Paz.
En forma arrogante y prepotente, la jueza de Paz reclamó las actas de allanamiento y requirió la presencia del fiscal interviniente. La magistrada menoscabó en todo momento a los agentes policiales y asistente del Ministerio Público. Negó rotundamente que hubiera recibido el dinero para concretar un arreglo extrajudicial.
LAS PRUEBAS. Los intervinientes encontraron un billete de cien mil guaraníes en la cartera de la magistrada. La denunciante, quien fue detenida por unos minutos para averiguaciones, tenía en su poder la suma de G. 1.400.000. Todos los billetes fueron previamente fotocopiados por la Fiscalía.
En un descuido de los agentes policiales, la jueza escapó de su oficina y avivadamente se escondió en el sanitario del Juzgado de Paz, ubicado en la parte trasera del edificio que está situado frente a la iglesia y plaza principal de San Joaquín.
El fiscal Cabrera esperó que la magistrada saliera del baño y empezó a revisar el cuarto del sanitario. A simple vista se podían divisar en el inodoro algunos billetes de cien mil guaraníes.
Un agente policial realizó la búsqueda en el retrete y sacó la suma de G. 1.500.000. Los billetes coincidían plenamente con el dinero fotocopiado previamente por la Fiscalía para realizar la entrega vigilada. La jueza Romero acusó al fiscal Cabrera de "plantar" pruebas en su contra.
La jueza de Paz fue imputada por coima y guarda reclusión en Coronel Oviedo, ya que todavía cuenta con fuero de magistrado.
TODOS SABÍAN DE SU "FAMA"
La actuación prepotente y arbitraria de la jueza de Paz de San Joaquín, Norma Gladys Romero Viedma, era un secreto a voces en el distrito de Caaguazú. Los pobladores coincidieron en manifestar que la magistrada tiene la fama de fallar siempre a favor de los más pudientes. El pedido de coima para arreglar amistosamente una denuncia y no elevar el caso ante la Fiscalía era otro de los actos ilícitos cometidos por la jueza. El fiscal Martín Cabrera argumentó que el Código Procesal Penal no faculta a los jueces de Paz a concretar acuerdos amistosos para solucionar un hecho punible.
Fuente: UH Digital 14/05/09
Juez Saldívar ya fue investigado por el JEM por liberar a narcos
Es la tercera suspensión del juzgador por la Corte. En los dos primeros casos fue absuelto. Le acusaron de conceder medidas a procesados por tráfico de drogas, sin que estos tengan arraigo suficiente y escaparon.
Con la medida adoptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, es la tercera vez que el juez de Pedro Juan Caballero, Carlos Saldívar Orué, es suspendido en el cargo. Ya tuvo dos casos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero en ambos fue absuelto de los cargos.
Saldívar Orué, junto a su colega Stella Mary Galeano, fueron cesados temporalmente el martes por el pleno del máximo Tribunal a pedido del JEM. Ambos habían votado por anular la causa seguida a Jonathan Wink Sóligo, Ediney Jara de Oliveira y Antonio Ramos Crivelli, detenidos por el tráfico de 120 kilos de cocaína en Capitán Bado, Amambay.
El 20 de abril del 2005 había sido suspendido en el cargo, por mal desempeño en sus funciones, a raíz de las irregularidades constatadas en el expediente formado contra María Dionisia Valiente Reina y/o Dionisia Molas Valente y otros sobre posesión y tráfico de cocaína en Pedro Juan Caballero.
En aquella ocasión, el 25 de octubre de 2006, la Corte le levantó la suspensión, aunque dejó como medida disciplinaria la suspensión en sus funciones sin goce de sueldo por un plazo de 30 días que fue cumplido por el magistrado, para luego retomar su cargo.
OTRA ACUSACIÓN. Además, el fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz acusó al entonces juez de Garantías Carlos Saldívar poco después ante el JEM por mal desempeño en sus funciones, ya que documentó nada menos que diez expedientes en los cuales liberó a presuntos narcotraficantes sin que estos tuvieran arraigo suficiente en nuestro país.
Estas medidas sustitutivas fueron revocadas por el Tribunal de Apelación del Amambay, pero los procesados ya escaparon, debido a que eran brasileños, y huyeron a su país.
Además, también dispuso la entrega de vehículos incautados, sin que los solicitantes adjuntaran los documentos que justificaran la propiedad del vehículo. Todas estas resoluciones también fueron revocadas en segunda instancia.
ABSUELTO. El JEM, tras analizar todas las resoluciones arrimadas por el fiscal adjunto, donde se concedían las medidas alternativas o se entregaban vehículos, las cuales fueron revocadas, absolvió de los cargos al magistrado.
Actualmente, Carlos Saldívar Orué se desempeñaba como juez Penal de Liquidación y Sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay, cuando de nuevo se dispuso el cese temporal en su cargo, por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Ahora, según el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Arnaldo Giuzzio, aunque se revoque la resolución de los magistrados en el Tribunal de Apelación, es muy factible que los procesados Soligo y los otros dos ya no puedan volver a ser detenidos. La apelación será presentada en los próximos días.
martes, 5 de mayo de 2009
Tribunal de Etica se expide en caso de siete jueces indagados
El Tribunal de Etica Judicial se expedirá la próxima semana sobre el caso de los siete magistrados de la capital e interior del país, sospechados de incurrir en faltas éticas.
El Consejo Consultivo de Etica presidido por el Dr. Rodolfo Gill Paleari recomendó recientemente la aplicación de sanciones al camarista de Misiones Mario Maidana Griffith, a la jueza de Capiatá Jovita Rojas, al juez penal de Misiones Víctor Poletti, al camarista en lo civil de Alto Paraná Sixto Melgarejo, a la jueza de la Niñez de Paraguarí Nancy Figueredo, a la jueza penal de Santa Rosa del Aguaray María Rosa Zena y al juez de Paz de Bernardino Caballero Carlos Leite Alvarenga.
Estas personas infringieron diferentes artículos del Código de Etica Judicial referentes a la imparcialidad, a la prudencia, al decoro y a la imagen judicial.
Específicamente, Maidana asistió a una jineteada con familiares de un acusado cuyo caso estuvo a su cargo, mientras que la jueza Rojas ordenó el arresto de un policía de tránsito por exigir documentos de su vehículo.
Poletti es investigado por haber retirado de la cárcel a un procesado para realizar trabajos de albañilería y Melgarejo, por realizar declaraciones machistas con relación a un caso de abuso sexual.
La jueza Figueredo agredió física y verbalmente a una funcionaria judicial, mientras que Zena y Leite fueron involucrados en casos de coima.
Leite está suspendido y procesado por cohecho pasivo agravado, apropiación y estafa, tras ser filmado cuando recibía G. 1 millón para finiquitar un proceso. Al advertir la intervención fiscal, Leite escondió el dinero en su media.
Fuente: Abc Digital 02/04/09
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