La repetición de incidentes en los que se vieron envueltos magistrados dejaron muy mal la imagen del Poder Judicial. A raíz de ello, se abrieron investigaciones preliminares en la Oficina de Ética para juzgar la conducta de los mismos. Sin embargo, hasta qué punto sirve esta pesquisa. Las estadísticas apuntan que en 3 años, se denunciaron 110 casos; 15 fueron abiertos de oficio y hubo 38 fallos. Ahora, hay 23 casos pendientes.
Los más sonados de las últimas semanas fueron los del camarista Penal de Asunción, Delio Vera Navarro; la jueza de Capiatá, Jovita Rojas, y, el último, del magistrado de Garantías de San Estanislao, Narciso Ferreira.
En cada caso se abrieron investigaciones preliminares, las cuales luego serán elevadas al Tribunal de Ética, en su reunión de febrero próximo. El informe contendrá una recomendación del coordinador de la Oficina de Ética, Esteban Kriskovich, sobre si debe o no admitirse abrir una investigación amplia al respecto.
ÓRGANOS. El Código de Ética crea tres órganos: el Tribunal de Ética Judicial, que atiende las denuncias y sanciona en su caso a los magistrados; el Consejo Consultivo, que responde a consultas e interpreta el Código de Ética Judicial. y la Oficina de Ética Judicial que sirve de respaldo a estos órganos y de vínculo con la ciudadanía.
Para la primera quincena del mes de febrero, está prevista la sesión del Tribunal de Ética, donde existen 23 causas que deben ser sometidas a consideración de los miembros, para determinar si se abre o no una investigación amplia al respecto.
Los casos considerados por el Tribunal de Ética son confidenciales, pero aquellos que salieron a la luz pública, son dados a publicidad, una vez que este órgano dicte un fallo.
LOS MÁS SONADOS. El año pasado, hubo casos bastante sonados que merecieron la amonestación (la sanción más fuerte que impone el tribunal) a magistrados. Se cita el caso del procesado juez Penal de Coronel Oviedo, Marcial Villalba.
Según el Tribunal de Ética, Villalba se involucró "en su calidad de juez en las tratativas de una compraventa aparentemente fraudulenta, que involucraba a un familiar directo y a un procesado en su juzgado por estafa". Esto mereció una amonestación.
También está el caso de Charles Duré, juez de la Niñez y la Adolescencia de Ñeembucú, que conforme con el tribunal cometió una falta ética por un escándalo en vía pública. Tuvo una recomendación.
Incluso, ministros de la Corte Suprema de Justicia por haber participado de una fiesta de cumpleaños del senador Juan Carlos Galaverna. Otro caso publicitado fue el de la jueza Nilse Ortiz, que fue amonestada porque según el Tribunal de Ética, cometió plagio. Además, la causa del juez Penal de Asunción, procesado por supuesto cohecho pasivo agravado, Roberto Martínez.
Las distintas sanciones que son aplicadas por el Tribunal de Ética Judicial, constan en el legajo del magistrado. No obstante, al no ser vinculantes para el Consejo de la Magistratura, ni para la Corte, los jueces igual pueden presentarse para concursar por sus cargos.
Es más, en diciembre del año pasado, el máximo Tribunal distinguió a algunos jueces, pese a que estos habían sido sancionados por el Tribunal de Ética.
La pregunta entonces que queda latente es si ¿puede un magistrado que faltó a la ética ser honorable? Este es un requisito indispensable para el cargo. Según Kriskovich, esa relación no es exacta, pero es un indicio en su contra. Con los cambios dados en el país, está por verse si estos llegan a la Justicia.
ABUSOS DE AUTORIDAD Y FALTAS AL DECORO JUDICIAL
La mayoría de las causas abiertas contra jueces son violaciones al artículo 15, que habla de omitir toda conducta que signifique abuso de autoridad, arbitrariedad o prepotencia. También faltas al decoro e imagen judicial. Es decir, comportarse en todo momento y lugar según las reglas sociales del decoro para mantener incólume la imagen judicial y no usar el cargo en su provecho.
CAMPAÑAS ANTE LOS ACOSOS
Entre las campañas emprendidas por la Oficina de Ética Judicial, está la de hacer tomar conciencia a las personas de las formas de violación del Código de Ética. Se trata de que la gente conozca que "ningún juez tiene por qué pedirte ni dinero, ni bienes, ni favores sexuales a cambio de una decisión judicial".
La campaña se dirigía principalmente contra el acoso sexual, que "es cualquier acercamiento o presión de naturaleza sexual no deseada por quien la sufre". También sobre el cohecho o coima que "es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepte o solicite dinero u otro bien a cambio de realizar un acto o de no realizarlo".
Finalmente, el poco conocido acoso moral, que "es el trato humillante y descalificador hacia una persona en el ámbito laboral, con el fin de desestabilizarla síquicamente".
Fuente:
Uh Digital 19/01/09
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