COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Paraguay necesita una justicia transparente y ética

A la ciudadanía toda:

Ante el desafío impostergable de transformación de la justicia, las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la reincorporación de Nilse Ortiz de Silva, imputada por el delito de violación al derecho de autor y que inexplicablemente se encuentra sin ser juzgada aún.

A pesar de ser "amonestada" por el Tribunal de Ética Judicial con la sanción más grave que este tribunal puede imponer, y de soportar una imputación, Nilse Ortiz ha conseguido evadir el enjuiciamiento, además de haber solicitado su reincorporación al juzgado civil y comercial del 5° turno luego de 6 meses de "permiso" otorgado por los Ministros de la Corte, los cuales, están a punto de restituirla en sus funciones, conforme a publicaciones periodísticas.

Para la realización de la justicia hacen falta cambios estructurales, pero que además deben ser acompañados por cambios centrados en las personas que ocupan un cargo en la magistratura. La justicia se asienta en sus mujeres y hombres, por eso no basta con tener buenos profesionales, sino que además, deben ser intachables y transparentes, porque está en juego la base que sostiene a una nación. El magistrado no sólo debe ser técnicamente capaz, sino que además debe dar respuestas que se ajusten a derecho. Nos preguntamos, ¿como el ciudadano paraguayo puede tener como juzgador a un magistrado que soporta sospechas de plagio y falta de honestidad?, ¿como es posible que una persona sospechada de plagio tome en sus manos el hacer justicia para los ciudadanos de esta república?

La noticia de reincorporación de Nilse Ortiz es un mal signo para los cambios que el pueblo paraguayo ha decidido impulsar el 20 de abril de 2008, expresado en un claro mensaje a través de las urnas. Por esto, ninguna persona imputada, sospechada e investigada puede ocupar un cargo en la magistratura en este país sin antes haber llegado al esclarecimiento total de la situación.

Como organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestro rechazo ante estos hechos y exigimos el esclarecimiento total de los hechos que afectan a Nilse Ortiz de Silva.

Firman este comunicado:

AFOSCI (Apoyo al fortalecimiento de la Sociedad Civil), CEAMSO (Centro de Estudios Ambientales y Sociales), CEJ (Centro de Estudios Judiciales), CIDSEP/UC (Centro Interdisciplinario de de Derecho Social y Economía Política), CIRD (Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo), CISNI (Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad), Contraloría Ciudadana de Asunción, DECIDAMOS, GEAM (Gestión Ambiental), Global Infancia, Guyra Paraguay, ICED (Instituto de Estudios de Consolidación del Estado de Derecho), IDEA (Instituto de Derecho y Economía Ambiental), PEC (Pacto Ético Comercial), Semillas para la Democracia, Sumando y Transparencia Paraguay

Pleno pide informes sobre proceso a jueza

En la plenaria de la Corte de ayer, se resolvió pedir informes sobre la marcha de las causas de la jueza Nilse Ortiz, en el fuero penal, Tribunal de Etica y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Los ministros encargaron esta diligencia especialmente a la Sala Penal de la Corte, donde se “trabó” el proceso por falta de integración. Esto a su vez congela la conformación de Cámara, debido a que está pendiente el estudio de una impugnación.

El pleno resolvió pedir los informes, para que luego el Consejo de Superintendencia analice y tome una decisión respecto al pedido de reincorporación al juzgado Civil y Comercial del 5º turno, de la procesada por el supuesto plagio de obras de autores nacionales e internacionales en su libro “Etica Judicial”.

Nilse Ortiz obtuvo un “permiso” de seis meses el 24 de enero de 2008, que fue cumplido el pasado 24 de julio. Semanas atrás, la jueza solicitó su reincorporación. La Fiscalía tuvo que pedir su “sobreseimiento provisional” de la imputada debido a “chicanas” y la complicidad de jueces, ya que como ni siquiera se integra la Cámara, no se pudo estudiar un pedido de prórroga extraordinaria y el plazo venció el 16 de julio pasado.

Fuente: Abc color

Corte, a punto de reincorporar a jueza

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema está a un paso de reincorporar a la jueza Nilse Ortiz de Silva, imputada por el delito de violación del derecho de autor o inventor. La “manito” viene del propio Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que ni siquiera enjuició a la magistrada procesada por el Ministerio Público.

Ortiz obtuvo inexplicablemente seis meses de “permiso”, sin goce de sueldo, mientras afrontaba su proceso penal. Los ministros Alicia Pucheta de Correa, Víctor Núñez, Antonio Fretes y José Raúl Torres Kirmser habían firmado el permiso el 24 de enero de 2008, y se cumplió el pasado 24 de julio.

Semanas atrás, la jueza pidió la reincorporación a su juzgado civil y comercial del 5° turno, pero los integrantes del Consejo de Superintendencia, Núñez, Torres Kirmser y Sindulfo Blanco, solicitaron antes de resolver, un informe de su proceso al Jurado de Enjuiciamiento.

Esta dependencia remitió un escrito, firmado por su presidente Enrique Bacchetta, donde se menciona que la jueza Ortiz está con “información sumaria”, lo que no significa que esté “enjuiciada”.

Esto último beneficiaría a la jueza imputada por haber plagiado supuestamente a más de 30 autores en su libro “Etica Judicial”, para que Núñez y Blanco (ya que Torres Kirmser está de permiso), la repongan en su cargo.

Llama la atención que habiendo una imputación y una sanción ética de “amonestación” , la más grave, instaurada por el Tribunal de Etica Judicial, la magistrada haya logrado zafarse de un enjuiciamiento en el Jurado, pese a que hace más de siete meses saltó a la luz su caso de supuesto plagio de autores de obras.

La jueza inclusive obtuvo su título de “doctora” con la tesis que fue la base para el libro “Etica Judicial” y concursó para el cargo vacante de ministro de Corte.

Fuente: Abc color

Juez analiza hoy pedido de fiscales de sobreseimiento de Ramírez Zambonini

El juez Oscar Delgado analizará hoy el pedido de la fiscalía de extinción de la causa y sobreseimiento definitivo del ministro de la Justicia Electoral Alberto Ramírez Zambonini, investigado por supuesto plagio.

Delgado, quien retorna a su despacho tras un permiso por reposo, tiene la opción de hacer lugar al pedido, con lo que automáticamente la causa terminará, ya que no hay posibilidad de apelación debido a que los afectados por el supuesto plagio renunciaron a sus derechos.

La otra posibilidad que tiene el juez es la de dar trámite de oposición para que la fiscalía se pronuncie en instancias superiores.

De acuerdo al escrito de los fiscales Nidia Fernández y Martín Cabrera, el pasado 14 de abril, el abogado Sergio González, haciéndose eco de las declaraciones públicas del Senador Juan Carlos Galaverna (suspendido en sus funciones por admitir su participación en un fraude electoral) denunció a Ramírez por plagiar una obra de los autores argentinos Alicia Pierini y Valentín Lorences, para presentarlo como parte de su tesis titulada “Financiamiento de los partidos políticos”.

Pero anteriormente, Ramírez Zambonini había denunciado ante fiscalía que defendió su tesis a base de apuntes personales y no al texto plagiado, cuya diagramación final quedó a cargo del profesor José Manuel Reyes Tello, a quien contrató como consultor especializado.

La fiscalía recibió informes de la facultad de Derecho y concluyó: “Constituye una copia textual de distintos fragmentos de la obra, sin que exista ninguna referencia a los autores o mención alguna como fuente bibliográfica”.

Mencionan los fiscales que no encontraron ningún elemento que involucre a Reyes Tello, quien declaró que prestó un servicio de asesoría por G. 300.000.

Los fiscales mencionan que un informe del Consejo de la Magistratura da cuenta que Ramírez no hizo uso del título de doctor para ocupar el cargo de ministro.

También la Dirección de Derecho de Autor informó que no se encuentra ninguna obra registrada a nombre de Ramírez.

Finalmente, indican que se arrimó a la fiscalía un documento de escribanía en el cual se señala que los autores argentinos y Ramírez Zambonini, mediante sus representantes legales Alvaro Arias y José Enrique García, conciliaron. Además, se agregó una copia autenticada al decano de Derecho, en la cual Ramírez Zambonini renuncia al título de doctor.

Fuente: Abc digital

Ramírez es amonestado por una falta de ética

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Alberto Ramírez Zambonini recibió ayer un llamado de atención público por falta de ética, según lo resolvió el Tribunal de Ética Judicial. El caso guarda relación con un presunto hecho de plagio de tesis doctoral.

Meses atrás, Ramírez Zambonini fue investigado por el presunto plagio en el contenido de su tesis doctoral, titulado "Financiamiento de partidos políticos".

Supuestamente el ministro plagió la obra "Financiamiento de los Partidos Políticos", de los argentinos Alicia Pierini y Valentín Lorences.

Luego de una investigación, el Tribunal de Ética Judicial aplicó la sanción denominada llamado de atención público.

Firmaron la resolución los miembros del Tribunal, Aníbal Cabrera Verón (presidente), Marco Antonio Elizeche (vicepresidente primero), Luis Mauricio Domínguez (vicepresidente segundo), más los miembros Miguel Ángel Rodríguez y Francisco Servián Ovelar.

ARGUMENTOS. El Tribunal de Ética Judicial manifiesta que basa su resolución en un dictamen del Consejo Consultivo, que señala que Ramírez violó la prudencia, responsabilidad, dignidad judicial y decoro e imagen judicial, puntos que están citados en el Código de Ética.

"En las copias de la tesis doctoral, remitidas tanto por el Congreso Nacional como por la Facultad de Derecho, se han corroborado varias reproducciones literales y extensas del libro "Financiamiento de los partidos políticos"", dice parte de las conclusiones del Tribunal de Ética.

Los miembros del Tribunal de Ética rescatan el hecho de que Ramírez Zambonini haya desistido de su tesis, en la Universidad Nacional de Asunción, lo que atenúa su responsabilidad ética.

PEDIDO. Los fiscales Martín Cabrera y Nidia Fernández solicitaron ayer al Juzgado de Garantías el archivamiento de la denuncia por plagio contra Ramírez Zambonini.

Argumentaron que los afectados llegaron a un acuerdo con el ministro Ramírez Zambonini, por lo que el Ministerio Público solicita que la causa sea archivada.

Fuente: UH digital

Abogados niegan acusación

Los abogados Alvaro Arias y José Enrique García, representantes legales del ministro Alberto Ramírez Zambonini, negaron ayer a nuestro diario que viajaron a Argentina acompañados de algún político influyente de la Alianza o de cualquier otro grupo político, para lograr un acuerdo con los autores argentinos, tal como lo denuncia Juan Manuel Morales, vicepresidente del TSJE.

Contraatacaron al señalar que representantes de la Justicia Electoral visitaron a los autores argentinos para pedirles que presenten la denuncia contra Ramírez Zambonini.

Los abogados ratificaron que los autores argentinos no recibieron ninguna compensación económica.

“Tal como señala el texto del documento de escribanía, la conciliación es totalmente gratuita, considerando que les satisfizo a ambos autores la explicación dada por el ministro Ramírez Zambonini, porque ellos nunca se sintieron víctimas del supuesto plagio y destacaron la denuncia que había hecho el ministro”, indicó Arias.

El abogado García señaló que todo se orquestó políticamente. Recordó que detrás estuvo el senador Juan Carlos Galaverna y que para la denuncia apareció el abogado Sergio González como un ciudadano “indignado” por lo que ocurría.

Ayer los fiscales Nidia Fernández y Martín Cabrera requirieron al juez Oscar Delgado la extinción de la causa en la que se investiga un supuesto plagio.


Cuestión ética

“Es interesante que la resolución del Tribunal de Etica resalta en su fallo que el ministro no buscó sacar beneficios de su tesis doctoral y muy por el contrario, renunció a ella”, dijo el abogado García sobre la sanción moral.

“La sanción es una llamada de atención, no es un apercibimiento. La sanción es interesante, refleja la actitud de Ramírez Zambonini de admitir un error humano”.

García fue más allá e hizo alusión a otros casos en que sanciones más graves recayeron en jueces por hacer política. “El no fue sancionado por asistir al cumpleaños de algún político o participar de algún acto político”, concluyó.

Fuente: Abc digital

Sanción del Tribunal de Etica

El Tribunal de Etica del Poder Judicial resolvió sancionar al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini, con una llamada de atención pública, considerando la gravedad del hecho cometido por el magistrado, que plagió el libro de dos autores argentinos.

La resolución fue firmada por el presidente del referido Tribunal, Aníbal Cabrera Verón, y los miembros Marco Antonio Elizeche, Francisco Servían, Miguel Angel Rodríguez y Luis Mauricio Domínguez.

No se aplicó una sanción más fuerte a Ramírez Zambonini, porque se consideró como atenuante la circunstancia de que el mismo solicitó se deje sin efecto la tesis y su doctorado, antes de que el hecho haya tomado estado público.

Ramírez Zambonini quiso basar su defensa en el hecho de que la tesis fue elaborada supuestamente por el profesor Reyes Tello. El Tribunal sin embargo no tuvo en cuenta esta situación, atendiendo que no tiene jurisdicción sobre un particular.

El ministro electoral recibió una sanción más fuerte que la de los ministros de la Corte Víctor Núñez y Raúl Torres Kirmser. Los mismos fueron sancionados por haber participado del cumpleaños del senador Juan Carlos Galaverna en perjuicio de la imagen del Poder Judicial.

El Tribunal de Etica dará a conocer esta mañana los detalles de la resolución por la cual se aplicó la “llamada de atención pública” a Ramírez Zambonini.

Fuente: Abc digital

No se habla de compensación

En ninguna parte del documento se habla de una compensación económica a la parte afectada, aunque eso no quiere decir que no se haya dado esta cuestión fuera de los escritos protocolares.

“Habiendo examinado las circunstancias del caso y examinada la información que a su respecto hemos recibido por medios diversos, nosotros llegamos a la conclusión de que los hechos se pudieran haber desarrollado de la manera señalada por VE, y que, en consecuencia, ello lo situaría fuera de responsabilidad en lo que a la afectación de nuestros derechos se refiere y no nos sentimos víctimas del delito de plagio, respecto a la obra consignada con anterioridad”, dice parte del documento.

Agrega: Consecuentemente, así persuadidos de la situación y sus particularidades, relevándolo, en lo que a nuestros derechos y acciones respecta, en forma absoluta de toda responsabilidad personal en su producción, nos permitimos dirigirle esta correspondencia, tanto por vía electrónica, como por correo convencional, autorizando su presentación como mejor convenga a los derechos de VE y a la estrategia profesional que los colegas consideran conveniente implementar a sus mismo efectos”.

Los autores argentinos, cuya obra fue plagiada, aclaran en tono enfático: “De esta forma, el caso ventilado, en cuanto nosotros respecta, no genera ninguna consecuencia ulterior y se halla cerrado en forma definitiva e irrevocable”.

Fuente: Abc digital

La Fiscalía pide que se extinga la investigación a Ramírez Zambonini

La fiscalía pedirá la extinción de la acción en una causa de violación de derecho de autor que tiene como principal protagonista a Alberto Ramírez Zambonini, ministro de la Justicia Electoral. Basará el requerimiento en que los autores argentinos renunciaron a instar la causa.

La resolución fue firmada por los fiscales Nidia Fernández y Martín Cabrera, según confirmaron ayer a la tarde fuentes judiciales.

El punto desencadenante fue un documento de escribanía presentado por los abogados Alvaro Arias y José Enrique García, en el que Alicia Beatriz Perini y Valentín Héctor Lorences desisten de toda acción penal contra Ramírez Zambonini.

El caso saltó al tapete cuando el senador colorado Juan Carlos Galaverna (hoy suspendido en sus funciones por fraude electoral) denunció en una sesión del Senado que Ramírez plagió su tesis doctoral.

La tesis del ministro liberal es una copia del libro “Financiamiento de los partidos políticos para una democracia transparente”, que fue publicada por la editorial Universidad en Buenos Aires, República de Argentina.

Los fiscales consideran que como este delito, si bien es de acción penal pública, requiere de instancia de parte, que son los afectados por el hecho.

Los abogados de Ramírez presentaron un documento de escribanía confeccionado por la notaria Rosa de Losada, en Argentina.

Este documento fue redactado y firmado el pasado 30 de junio en Buenos Aires.

El 1 de julio, el colegio de Escribanos de Argentina legalizó la firma y sello de la escribana actuante.

Ese mismo día, el consulado paraguayo en Buenos Aire legalizó el documento.

Al día siguiente, la dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores dio validez a la escritura, que es clave para el pedido a ser formulado por la fiscalía.

Los autores argentinos afirman, conforme al documento, que se formula una gratuita cesión de derechos y acciones de todo lo que les hubiese podido corresponder como derivación directa de los hechos señalados.

Autorizan “expresamente para la utilización de los documentos en la forma que mejor convenga a su estrategia profesional, orientada a las finalidades de la defensa de los derechos del ya citado ministro Alberto Ramírez Zambonini”, dice parte del documento de escribanía.

Seguidamente, aclara que de requerirse el concurso personal de los afectados se hallan dispuestos a comparecer ante quien corresponda con la expresa condición de que todo gasto de traslado a nuestro país, así como alojamiento y comidas deberán ser costeados por los abogados del ministro electoral.

En el documento se deja constancia de que los abogados justificaron a Ramírez al señalar que hubo una desatención lamentable de la persona contratada por la tutoría, en alusión al catedrático Manuel Reyes Tello.

Justifican también las falencias que hay en el examen de postgrado.

Estas excusas fueron aceptadas por los afectados, según se consigna en la escritura.

Fuente: Abc digital

Ministro se inhibe y proceso por supuesta coima seguirá paralizado

El proceso por supuesta coima que afecta al suspendido juez penal de garantías, Roberto Martínez, se paralizó de nuevo tras la inhibición del ministro José Altamirano, quien ya no integra la Sala Constitucional.

Altamirano se apartó por “decoro y delicadeza”, debido a que Martínez presentó en su defensa al abogado Jorge Luis Berni, con quien le une causal de inhibición hace años.

Ahora, el proceso vuelve a estancarse ya que falta un integrante en la Sala Constitucional, que quedó conformada con los ministros Antonio Fretes y Sindulfo Blanco.

El 31 de octubre de 2007, el suspendido juez Roberto Martínez presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal de Apelación que anuló su sobreseimiento, en un proceso por cohecho pasivo agravado (coima).

Los camaristas Gustavo Ocampos y Tomás Damián Cárdenas decretaron la nulidad de la resolución y la realización de una nueva audiencia preliminar. Disidente fue su colega Carlos Bray Maurice, quien votó por la confirmación.

La Cámara consideró que el juez penal de garantías, Rubén Ayala Brun, había favorecido a Martínez con el sobreseimiento definitivo “extralimitándose” en sus funciones, al valorar pruebas que solo deben ser discutidas en un juicio oral y público.

Martínez es activo miembro de la masonería y “ahijado” del presidente de la Corte e integrante de la Sala Constitucional, Víctor Núñez. Este “cajoneó” por más de cinco meses el expediente para luego inhibirse, según fuentes confiables.

Busca ser repuesto

El suspendido magistrado, además, busca ser repuesto en su cargo mediante una medida cautelar dentro de la acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia. El pedido fue de su abogado defensor Hugo López, ex juez.

Antecedentes del caso

Este caso se inició cuando el practicante Osvaldo Ramón Britos Bogado pidió una “coima” el 16 de marzo de 2006. El mismo recibió parte del dinero (US$ 1.500), que supuestamente había sido solicitado por el magistrado para otorgar primero arresto domiciliario y luego libertad ambulatoria a un procesado por “homicidio culposo”. Britos declaró que solo cumplía órdenes de su superior.

Por este caso, el Tribunal de Etica sancionó al suspendido Martínez con la “amonestación”, que es la sanción más grave prevista en el Código.

En abril pasado, la Corte, por unanimidad, resolvió que Martínez pueda cobrar su salario de forma retroactiva. El magistrado está suspendido desde octubre de 2006. Se calcula que cobró más de G. 100 millones por unos 18 meses sin trabajar.

Fuente: Abc digital