El Tribunal de Apelación integrado por Delio Vera, Gerardo Báez Maiola y Oscar Paiva Valdovinos debe resolver la apelación del rechazo de la nulidad de la imputación y del anticipo jurisdiccional de prueba, presentados por la jueza en lo civil y comercial Nilse Ortiz, en el proceso por violación del derecho del autor.
El proceso a Ortiz lleva meses paralizado debido a las chicanas promovidas por la magistrada, protegida de algunos ministros de la Corte y del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bacchetta. Paiva Valdovinos estaría “operando” para favorecer a la jueza procesada, indicaron fuentes judiciales.
Según los antecedentes del caso, en octubre del 2007 Ortiz lanzó un libro sobre Etica Judicial, en el cual insertó textos de más de 30 autores extranjeros, sin realizar referencia alguna a los mismos. El material fue elaborado con el trabajo que presentó para obtener su título de doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Pilar, el cual fue posteriormente anulado por la institución.
Fuente: ABC Color 14/02/2010
martes, 16 de febrero de 2010
ONG exhortan a la Corte a fortalecer el sistema ético del Poder Judicial
Organizaciones no gubernamentales instaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, a reencauzar el proceso de fortalecimiento del sistema ético del Poder Judicial, cuyos órganos están desintegrados.
A través de una nota, representantes de 18 organizaciones expresan al titular de la máxima instancia la preocupación existente por el nombramiento irregular de nuevos miembros del Tribunal de Ética Judicial y el fallo que anuló la amonestación impuesta a la jueza Nilse Ortiz, por plagio.
Las irregularidades señaladas derivaron en la renuncia masiva de los flamantes miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo de Ética, actualmente desintegrados.
La preocupante situación fue analizada por distintas organizaciones el viernes último en el Colegio de Abogados del Paraguay, ocasión en que se elaboró la nota al titular de la Corte Suprema.
En la ocasión, Carlos Jorge Biedermann, representante de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), destacó que el respeto a los fallos éticos es fundamental para que el Poder Judicial pueda recobrar credibilidad y otorgar seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión en nuestro país.
“Este antecedente jurisprudencial que poco favor hace a la vigencia de los valores éticos en la judicatura paraguaya, implica una desnaturalización del proceso de responsabilidad ética, al decir del Dr. Rodolfo Vigo, actual secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, porque al ser juridizado se torna exageradamente rígido y formal, y, consiguientemente impropio de la ética”, refiere la misiva al referirse al fallo a favor de la magistrada Ortiz.
La nota, firmada por Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, está avalada por el Colegio de Abogados del Paraguay, Decidamos, Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y otras organizaciones.
LOS CUESTIONAMIENTOS
La Sala Constitucional de la Corte, con votos de Sindulfo Blanco, Oscar Bajac y Antonio Fretes (disidente), dejó sin efecto la sanción ética impuesta a la jueza Nilse Ortiz, por plagio.
La Corte nombró a Felipe Santiago Paredes y Ubaldo Centurión Morínigo miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo, sin que sus nombres hayan sido propuestos.
Fuente: ABC Color 14/02/2010
A través de una nota, representantes de 18 organizaciones expresan al titular de la máxima instancia la preocupación existente por el nombramiento irregular de nuevos miembros del Tribunal de Ética Judicial y el fallo que anuló la amonestación impuesta a la jueza Nilse Ortiz, por plagio.
Las irregularidades señaladas derivaron en la renuncia masiva de los flamantes miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo de Ética, actualmente desintegrados.
La preocupante situación fue analizada por distintas organizaciones el viernes último en el Colegio de Abogados del Paraguay, ocasión en que se elaboró la nota al titular de la Corte Suprema.
En la ocasión, Carlos Jorge Biedermann, representante de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), destacó que el respeto a los fallos éticos es fundamental para que el Poder Judicial pueda recobrar credibilidad y otorgar seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión en nuestro país.
“Este antecedente jurisprudencial que poco favor hace a la vigencia de los valores éticos en la judicatura paraguaya, implica una desnaturalización del proceso de responsabilidad ética, al decir del Dr. Rodolfo Vigo, actual secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, porque al ser juridizado se torna exageradamente rígido y formal, y, consiguientemente impropio de la ética”, refiere la misiva al referirse al fallo a favor de la magistrada Ortiz.
La nota, firmada por Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, está avalada por el Colegio de Abogados del Paraguay, Decidamos, Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y otras organizaciones.
LOS CUESTIONAMIENTOS
La Sala Constitucional de la Corte, con votos de Sindulfo Blanco, Oscar Bajac y Antonio Fretes (disidente), dejó sin efecto la sanción ética impuesta a la jueza Nilse Ortiz, por plagio.
La Corte nombró a Felipe Santiago Paredes y Ubaldo Centurión Morínigo miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo, sin que sus nombres hayan sido propuestos.
Fuente: ABC Color 14/02/2010
Organizaciones advierten parálisis de ética judicial
El fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la amonestación ética a la jueza Nilse Ortiz y la desintegración del Tribunal de Ética Judicial, son los dos temas que preocupan al Colegio de Abogados y a una decena de organizaciones de la sociedad civil.
Ese fue el tema tratado en la mañana de ayer, en una conferencia de prensa realizada en la sede del gremio de los profesionales del derecho.
En la ocasión, se dio a conocer una nota remitida a la Corte, en la que las organizaciones expresan su preocupación ante lo que ellos llaman "la parálisis del sistema ético del Poder Judicial".
La misiva -redactada por Marta Ferrara, de Semillas Para la Democracia- señala que el fallo de la Sala Constitucional en el caso de la jueza en lo Civil y Comercial Nilse Ortiz no corresponde y que la excepción de inconstitucionalidad planteada por la magistrada durante el proceso de responsabilidad ética es incompatible.
Nilse Ortiz había recibido la amonestación por haber plagiado a más de 30 autores extranjeros en su libro "Ética Judicial".
Por otro lado, durante la rueda de prensa, María de Jesús Bogado -también de Semillas para la Democracia- expresó que otra cuestión que preocupa a las organizaciones es el nombramiento de personas no propuestas para integrar el tribunal y el Consejo Consultivo de Ética.
Felipe Santiago Paredes y Ubaldo Centurión fueron nombrados en el organismo sin que ninguno haya sido propuesto por una organización civil para el cargo.
Bogado aclaró que no critican la idoneidad de Paredes ni la de Centurión, sino el proceso por el cual se les adjudicó sus puestos en el tribunal. Sin embargo, el primero ya renunció, afirmó.
Días atrás, el ex ministro de la Corte, Raúl Sapena Brugada, presentó el retiro de su candidatura a integrante del tribunal, alegando que no están dadas las condiciones para el buen funcionamiento del organismo.
La Sala Constitucional se encuentra estudiando una excepción de inconstitucionalidad presentada por Juan Manuel Morales contra una sanción que recibió del tribunal de ética.
El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue sancionado por haber calificado como "un gordo acabado e indeseable para la justicia y para el país" a su colega Alberto Ramírez Zambonini.
Fuente: Última Hora 13/02/2010
Ese fue el tema tratado en la mañana de ayer, en una conferencia de prensa realizada en la sede del gremio de los profesionales del derecho.
En la ocasión, se dio a conocer una nota remitida a la Corte, en la que las organizaciones expresan su preocupación ante lo que ellos llaman "la parálisis del sistema ético del Poder Judicial".
La misiva -redactada por Marta Ferrara, de Semillas Para la Democracia- señala que el fallo de la Sala Constitucional en el caso de la jueza en lo Civil y Comercial Nilse Ortiz no corresponde y que la excepción de inconstitucionalidad planteada por la magistrada durante el proceso de responsabilidad ética es incompatible.
Nilse Ortiz había recibido la amonestación por haber plagiado a más de 30 autores extranjeros en su libro "Ética Judicial".
Por otro lado, durante la rueda de prensa, María de Jesús Bogado -también de Semillas para la Democracia- expresó que otra cuestión que preocupa a las organizaciones es el nombramiento de personas no propuestas para integrar el tribunal y el Consejo Consultivo de Ética.
Felipe Santiago Paredes y Ubaldo Centurión fueron nombrados en el organismo sin que ninguno haya sido propuesto por una organización civil para el cargo.
Bogado aclaró que no critican la idoneidad de Paredes ni la de Centurión, sino el proceso por el cual se les adjudicó sus puestos en el tribunal. Sin embargo, el primero ya renunció, afirmó.
Días atrás, el ex ministro de la Corte, Raúl Sapena Brugada, presentó el retiro de su candidatura a integrante del tribunal, alegando que no están dadas las condiciones para el buen funcionamiento del organismo.
La Sala Constitucional se encuentra estudiando una excepción de inconstitucionalidad presentada por Juan Manuel Morales contra una sanción que recibió del tribunal de ética.
El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue sancionado por haber calificado como "un gordo acabado e indeseable para la justicia y para el país" a su colega Alberto Ramírez Zambonini.
Fuente: Última Hora 13/02/2010
Instan a fortalecer el sistema ético del PJ
Representantes de distintas organizaciones no gubernamentales se reunieron ayer en el Colegio de Abogados del Paraguay, presidido por Oscar Paciello, para analizar la situación del sistema ético del Poder Judicial.
El nombramiento irregular de miembros y fallo de la sala constitucional que anula la sanción ética impuesta a la jueza en lo civil y comercial Nilse Ortiz (procesada por plagio) son las irregularidades denunciadas.
Carlos Jorge Biedermann, representante de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y del Pacto Etico Comercial (PEC), destacó la necesidad de respetar los fallos éticos, porque el control de la actuación de los jueces es necesario para que el Poder Judicial pueda recobrar credibilidad y otorgar seguridad jurídica para fomentar la inversión en nuestro país.
A su vez, Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, instó a que la Corte anule la resolución de la sala constitucional que favoreció a la magistrada Nilse Ortiz.
Fuente: ABC Color 12/02/2010
El nombramiento irregular de miembros y fallo de la sala constitucional que anula la sanción ética impuesta a la jueza en lo civil y comercial Nilse Ortiz (procesada por plagio) son las irregularidades denunciadas.
Carlos Jorge Biedermann, representante de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y del Pacto Etico Comercial (PEC), destacó la necesidad de respetar los fallos éticos, porque el control de la actuación de los jueces es necesario para que el Poder Judicial pueda recobrar credibilidad y otorgar seguridad jurídica para fomentar la inversión en nuestro país.
A su vez, Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, instó a que la Corte anule la resolución de la sala constitucional que favoreció a la magistrada Nilse Ortiz.
Fuente: ABC Color 12/02/2010
Pese a proceso, sigue en funciones
La jueza en lo civil y comercial del quinto turno, Nilse Ortiz, piedra del escándalo que motivó la desintegración del Tribunal de Ética Judicial, sigue en funciones, pese al proceso que soporta por violación del derecho del autor.
La magistrada es investigada por la fiscalía por plagiar a más de 30 autores extranjeros, cuyos textos fueron insertados en un libro sobre Ética Judicial que Ortiz lanzó en octubre del 2007, sin referencia ni alusión alguna a sus autores. Este proceso está paralizado desde el año pasado, debido a las chicanas promovidas por la defensa.
Ortiz fue sancionada con la amonestación por el Tribunal de Ética, pero esta sanción fue anulada por los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac. El ministro Antonio Fretes votó en disidencia.
La Corte ya le había favorecido a Ortiz al concederle un permiso sin goce de sueldo, cuando era inminente su suspensión.
Posteriormente, los ministros Víctor Núñez, Raúl Torres Kirmser y Sindulfo Blanco la repusieron, pese al proceso penal por violación del derecho del autor.
Precisamente a raíz de la nulidad de la sanción, la Dra. Lucila Gatti de Laterza renunció a integrar el Consejo Consultivo de Ética, por un periodo más.
Fuente: ABC Color 11/02/2010
La magistrada es investigada por la fiscalía por plagiar a más de 30 autores extranjeros, cuyos textos fueron insertados en un libro sobre Ética Judicial que Ortiz lanzó en octubre del 2007, sin referencia ni alusión alguna a sus autores. Este proceso está paralizado desde el año pasado, debido a las chicanas promovidas por la defensa.Ortiz fue sancionada con la amonestación por el Tribunal de Ética, pero esta sanción fue anulada por los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac. El ministro Antonio Fretes votó en disidencia.
La Corte ya le había favorecido a Ortiz al concederle un permiso sin goce de sueldo, cuando era inminente su suspensión.
Posteriormente, los ministros Víctor Núñez, Raúl Torres Kirmser y Sindulfo Blanco la repusieron, pese al proceso penal por violación del derecho del autor.
Precisamente a raíz de la nulidad de la sanción, la Dra. Lucila Gatti de Laterza renunció a integrar el Consejo Consultivo de Ética, por un periodo más.
Fuente: ABC Color 11/02/2010
Ex ministro renuncia al Tribunal de Ética ante nefasto fallo de la Corte
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Sapena Brugada solicitó el retiro de su candidatura a integrante del Tribunal de Ética Judicial. El jurista alegó que el precedente dejado con la nulidad de la sanción impuesta a la jueza Nilse Ortiz obliga su renuncia.
En una resolución dictada a fines del año pasado, el pleno de la Corte designó a miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo de Ética. Sapena Brugada integra con otros juristas la nómina de los integrantes del primero.
En una nota dirigida a la directora ejecutiva adjunta de Semillas para la Democracia, María de Jesús Bogado de Shubeius, Sapena Brugada comenta que se enteró de su designación a través de los medios de comunicación.
El profesional agradece la honra de su designación, hecha a petición de Semillas para la Democracia, pero advierte que no están dadas las condiciones para el ejercicio de dicho organismo.
Sin nombrarlo, Sapena Brugada se refiere al caso de la jueza en lo civil y comercial Nilse Ortiz, procesada por plagiar a más de 30 autores extranjeros en una obra sobre ética judicial, cuya sanción ética de amonestación fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia.
La resolución fue dictada por los ministros Sindulfo Blanco, Oscar Bajac y Antonio Fretes, con el voto en disidencia del último, en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida por la magistrada. Actualmente, hay otras tres acciones similares en estudio en la Corte.
‘‘La razón principal es esta: aunque los fallos de la Corte Suprema de Justicia no son vinculantes, la posibilidad ya creada de que una decisión del Tribunal Etico sea anulada por un órgano jurisdiccional representa un pronóstico seguro de que en caso de que esto vuelva a suceder, reaccionaré como el Dr. Aníbal Cabrera Verón, con una renuncia a mi calidad de miembro de dicho Tribunal’’, señala Sapena al resaltar la actitud adoptada por el ex presidente del Tribunal de Ética Judicial.
‘‘En esas condiciones, sería absurdo aceptar un cargo, sabiendo que en una brevedad que no puedo pronosticar, lo dejaré nuevamente incompleto en su integración’’, indicó el ex ministro.
CINCO YA SE EXCUSARON
En diciembre último, la Corte designó como miembros titulares del Tribunal de Ética a Raúl Sapena Brugada, Felipe Santiago Paredes, Marco Antonio Elizeche, Adolfo Ozuna y Miguel Angel Rodríguez. A su vez, los doctores Rodolfo Gill Paleari, Lucila Gatti, José Kriskovich Prevedoni, Librado Sánchez Gómez y Ubaldo Centurión Morínigo fueron nombrados titulares del Consejo.
Renunciaron posteriormente Lucila Gatti, Marco Antonio Elizeche, Rodolfo Gill Paleari, Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada.
El 6 de febrero pasado falleció Miguel Angel Rodríguez, quien integró el tribunal anterior. Firmó, entre otras, la sanción a los ministros Víctor Núñez y Raúl Torres Kirmser por farrear con el senador colorado Juan Carlos ‘‘Calé’’ Galaverna.
Fuente: ABC Color 11/02/2010
En una resolución dictada a fines del año pasado, el pleno de la Corte designó a miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo de Ética. Sapena Brugada integra con otros juristas la nómina de los integrantes del primero.
En una nota dirigida a la directora ejecutiva adjunta de Semillas para la Democracia, María de Jesús Bogado de Shubeius, Sapena Brugada comenta que se enteró de su designación a través de los medios de comunicación.
El profesional agradece la honra de su designación, hecha a petición de Semillas para la Democracia, pero advierte que no están dadas las condiciones para el ejercicio de dicho organismo.
Sin nombrarlo, Sapena Brugada se refiere al caso de la jueza en lo civil y comercial Nilse Ortiz, procesada por plagiar a más de 30 autores extranjeros en una obra sobre ética judicial, cuya sanción ética de amonestación fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia.
La resolución fue dictada por los ministros Sindulfo Blanco, Oscar Bajac y Antonio Fretes, con el voto en disidencia del último, en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida por la magistrada. Actualmente, hay otras tres acciones similares en estudio en la Corte.
‘‘La razón principal es esta: aunque los fallos de la Corte Suprema de Justicia no son vinculantes, la posibilidad ya creada de que una decisión del Tribunal Etico sea anulada por un órgano jurisdiccional representa un pronóstico seguro de que en caso de que esto vuelva a suceder, reaccionaré como el Dr. Aníbal Cabrera Verón, con una renuncia a mi calidad de miembro de dicho Tribunal’’, señala Sapena al resaltar la actitud adoptada por el ex presidente del Tribunal de Ética Judicial.
‘‘En esas condiciones, sería absurdo aceptar un cargo, sabiendo que en una brevedad que no puedo pronosticar, lo dejaré nuevamente incompleto en su integración’’, indicó el ex ministro.
CINCO YA SE EXCUSARON
En diciembre último, la Corte designó como miembros titulares del Tribunal de Ética a Raúl Sapena Brugada, Felipe Santiago Paredes, Marco Antonio Elizeche, Adolfo Ozuna y Miguel Angel Rodríguez. A su vez, los doctores Rodolfo Gill Paleari, Lucila Gatti, José Kriskovich Prevedoni, Librado Sánchez Gómez y Ubaldo Centurión Morínigo fueron nombrados titulares del Consejo.
Renunciaron posteriormente Lucila Gatti, Marco Antonio Elizeche, Rodolfo Gill Paleari, Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada.
El 6 de febrero pasado falleció Miguel Angel Rodríguez, quien integró el tribunal anterior. Firmó, entre otras, la sanción a los ministros Víctor Núñez y Raúl Torres Kirmser por farrear con el senador colorado Juan Carlos ‘‘Calé’’ Galaverna.
Fuente: ABC Color 11/02/2010
viernes, 5 de febrero de 2010
Camarista Paiva operaría para “blanquear” a jueza
El camarista Oscar Paiva Valdovinos ya tendría su voto y “opera” para anular el acta de imputación por violación de derecho de autor, para que la jueza Nilse Ortiz sea “blanqueada” en su proceso penal, según fuentes confiables. Delio Vera Navarro ya emitió su voto, según las fuentes.
El dilatado proceso que enfrenta la jueza en lo Civil y Comercial del 5to. Turno llegaría a su fin justo para que Ortiz logre el “rekutu”.
La magistrada jamás pudo estar sentada en el banquillo de los acusados, porque trabó desde el inicio su proceso penal por violación de derechos de 31 autores nacionales y extranjeros en su libro “Ética Judicial”, y su tesis doctoral, anulada por la Universidad de Pilar. Ahora hay fuertes versiones de que los dos camaristas civiles que integran el Tribunal de Alzada, Paiva Valdovinos y Gerardo Báez Maiola, la eximirán de su imputación con la nulidad.
Fuente: ABC Color 04/02/2010
El dilatado proceso que enfrenta la jueza en lo Civil y Comercial del 5to. Turno llegaría a su fin justo para que Ortiz logre el “rekutu”.
La magistrada jamás pudo estar sentada en el banquillo de los acusados, porque trabó desde el inicio su proceso penal por violación de derechos de 31 autores nacionales y extranjeros en su libro “Ética Judicial”, y su tesis doctoral, anulada por la Universidad de Pilar. Ahora hay fuertes versiones de que los dos camaristas civiles que integran el Tribunal de Alzada, Paiva Valdovinos y Gerardo Báez Maiola, la eximirán de su imputación con la nulidad.
El único camarista del fuero penal que aceptó entender la causa, Delio Vera Navarro, ya emitió su voto. Los camaristas deben expedirse sobre la apelación del rechazo de nulidad de la imputación y del anticipo jurisdiccional de prueba, presentados por la defensa de la magistrada imputada.
Como “aporte” a la extrema dilación y a la complicidad judicial, la jueza Patricia González envió el expediente principal a la Cámara, y debido a ello la fiscalía se vio obligada a presentar un pedido de sobreseimiento provisional, que no fue diligenciado siquiera. Se tuvo que recurrir a esto porque no se contaba al momento con una sala en Cámara, para el estudio de una prórroga extraordinaria.
La agente fiscal Soledad Quiñónez urge periódicamente que se resuelvan favorablemente la excepción de falta de acción y la nulidad del anticipo jurisdiccional. La primera, porque versa sobre que el hecho punible es de orden “público” y no “privado” por la Ley de Transición, y se inició con la denuncia del sacerdote Juan Antonio De la Vega (fallecido).
El anticipo jurisdiccional de prueba es sobre contenidos bajados de un curso de Internet, presuntamente plagiados por la jueza. La investigación a Ortiz se inició luego de que la magistrada publicara su libro y quede en evidencia el plagio de más de 30 autores.
La jueza fue desaforada por el Jurado de Enjuiciamiento, pero nunca suspendida, ya que se adelantó y pidió “permiso” por seis meses y hasta llegó a cobrar sus salarios caídos, pero los devolvió cuando saltó a la luz.
El obligado pedido de sobreseimiento provisional para que el proceso no sea nulo sirvió luego para que la Corte la reponga en su cargo. Paiva siempre integra los tribunales digitados. También la Corte, cuando se busca la impunidad de los “peces gordos”.
Nulidad de “amonestación”
El 9 de diciembre del año pasado, en una criticada postura, considerada como un ataque abierto al Código de Ética, los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac, en mayoría, anularon la sanción de “amonestación” (la más grave) impuesta por el Tribunal de Ética a la jueza Nilse Ortiz, al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad.
En la oportunidad, no fue tenida en cuenta la postura de Antonio Fretes, quien votó por el rechazo in límine porque la acción fue planteada extemporáneamente. La nulidad fue duramente atacada por sectores ya que la sanción es “moral” y por ende la cuestión es “no justiciable”, pero abrió ya el camino para la impunidad de Ortiz.
Fuente: ABC Color 04/02/2010
Denuncian que jueza recibió coima para autorizar venta de un inmueble
Una nueva denuncia afecta a la jueza Nilse Ortiz de Silva. La magistrada otorgó la venia judicial para vender una propiedad en US$ 1.500.000. Supuestamente recibió una coima de US$ 40 mil, según la denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
César Pacífico Micale González, bajo patrocinio de abogada, recusó a la jueza del fuero civil del 5º turno, Nilse Ortiz de Silva, por un supuesto “favoritismo grosero, descarado y sin ética en la que incurre su juzgado”.
Micale González sostiene que la magistrada no le provee una simple providencia. Sin embargo, a la contraparte ejercida por su hermana Olga Lucía Micale, todas las peticiones que hace son órdenes para la jueza. La recusación es en la causa caratulada “César Micale c/ Juan Francisco Micale y otra s/ insania”.
Según el recusante, Olga Lucía le habría dicho que ya le tienen a la jueza del lado de ellos. Agregó que la parcialidad queda demostrada porque ordenó la venta de una valiosa propiedad en US$ 1.500.000, para afrontar los gastos de una supuesta cirugía a la madre de ambos.
El Auto Interlocutorio Nº 2449 por el cual se ordena la venta de la propiedad es del 28 de diciembre de 2009. Sin embargo, en el expediente no se habría agregado el auto interlocutorio en la fecha señalada, sino recién el 1 de febrero, cuando trajo el expediente la defensora pública María Vázquez, pese a que la funcionaria afirmó que ya lo había hecho el 31 de diciembre, lo que denota el parcialismo y la connivencia de esta, refiere el denunciante.
Supuesta coima
César Micale denunció la supuesta coima que habría recibido la jueza Ortiz para favorecer a su contraparte.
Según sostiene, a la magistrada le habrían dado unos US$ 40 mil en concepto de coima. El referido cohecho está denunciado ante la Superintendencia General de Justicia de la Corte.
El expediente de esta causa está siendo auditado y en la fecha habría novedades.
Médicos denunciados
Los médicos forenses Carlos Stevens Sachero, Manuel Fresco y José Vera Gómez fueron denunciados ante el Ministerio de Salud porque supuestamente hicieron un falso examen siquiátrico a la señora Francisca González viuda de Micale (92).
Sostienen que la inspeccionada no fue identificada, se llevó a cabo sin la presencia de la defensa pública, ni la del juez de la insania. También aseguran que el “examen” se hizo a base de lo manifestado por dos de los hijos de la viuda, para determinar la “locura” de una persona totalmente sana, indicó.
El trasfondo del litigio es obtener dinero por la venta de los bienes familiares, indicó César Micale.
Ortiz tiene un proceso por haber plagiado a una treintena de autores para presentar su tesis doctoral.
Fuente: ABC Color 03/02/2010
César Pacífico Micale González, bajo patrocinio de abogada, recusó a la jueza del fuero civil del 5º turno, Nilse Ortiz de Silva, por un supuesto “favoritismo grosero, descarado y sin ética en la que incurre su juzgado”.
Micale González sostiene que la magistrada no le provee una simple providencia. Sin embargo, a la contraparte ejercida por su hermana Olga Lucía Micale, todas las peticiones que hace son órdenes para la jueza. La recusación es en la causa caratulada “César Micale c/ Juan Francisco Micale y otra s/ insania”.
Según el recusante, Olga Lucía le habría dicho que ya le tienen a la jueza del lado de ellos. Agregó que la parcialidad queda demostrada porque ordenó la venta de una valiosa propiedad en US$ 1.500.000, para afrontar los gastos de una supuesta cirugía a la madre de ambos.
El Auto Interlocutorio Nº 2449 por el cual se ordena la venta de la propiedad es del 28 de diciembre de 2009. Sin embargo, en el expediente no se habría agregado el auto interlocutorio en la fecha señalada, sino recién el 1 de febrero, cuando trajo el expediente la defensora pública María Vázquez, pese a que la funcionaria afirmó que ya lo había hecho el 31 de diciembre, lo que denota el parcialismo y la connivencia de esta, refiere el denunciante.
Supuesta coima
César Micale denunció la supuesta coima que habría recibido la jueza Ortiz para favorecer a su contraparte.
Según sostiene, a la magistrada le habrían dado unos US$ 40 mil en concepto de coima. El referido cohecho está denunciado ante la Superintendencia General de Justicia de la Corte.
El expediente de esta causa está siendo auditado y en la fecha habría novedades.
Médicos denunciados
Los médicos forenses Carlos Stevens Sachero, Manuel Fresco y José Vera Gómez fueron denunciados ante el Ministerio de Salud porque supuestamente hicieron un falso examen siquiátrico a la señora Francisca González viuda de Micale (92).
Sostienen que la inspeccionada no fue identificada, se llevó a cabo sin la presencia de la defensa pública, ni la del juez de la insania. También aseguran que el “examen” se hizo a base de lo manifestado por dos de los hijos de la viuda, para determinar la “locura” de una persona totalmente sana, indicó.
El trasfondo del litigio es obtener dinero por la venta de los bienes familiares, indicó César Micale.
Ortiz tiene un proceso por haber plagiado a una treintena de autores para presentar su tesis doctoral.
Fuente: ABC Color 03/02/2010
miércoles, 3 de febrero de 2010
Se critica su sometimiento
El ministro Raúl Torres Kirmser, otro candidato a la presidencia de la Corte, es incluso criticado hasta por sus mismos colegas por demostrar un total sometimiento al senador wasmoargañista Juan Carlos Galaverna. Torres junto a Víctor Núñez, de hecho, fueron sancionados por el Tribunal de Ética por desacreditar la imagen del Poder Judicial al asistir al cumpleaños de Calé. Torres, junto con Sindulfo Blanco, favoreció al prófugo de la justicia Gustavo Stroessner Mora. En un fallo anularon el rechazo del sobreseimiento del acusado, en violación a la ley. La legislación paraguaya no permite atender los pedidos de un prófugo. Torres Kirmser habría cumplido indicaciones de algunos políticos en este caso.
Fuente: ABC Color 25/01/2010
Fuente: ABC Color 25/01/2010
Fallo a favor de jueza desnaturalizó el proceso de responsabilidad ética
Para el Dr. Rodolfo Gill Paleari, ex presidente del Consejo Consultivo de Ética Judicial, el proceso de responsabilidad ética se desnaturalizó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la sanción impuesta a la jueza Nilse Ortiz. Gill Paleari renunció a integrar el Consejo por un período más, al igual que sus colegas Lucila Gatti y Marco Antonio Elizeche.
Gill Paleari atribuyó su renuncia a motivos de índole personal que no especificó, pero afirmó que no se puede negar que el proceso de responsabilidad ética quedó desnaturalizado tras el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la sanción ética impuesta a la magistrada. Fue en declaraciones a radio Primero de Marzo.
Ortiz, jueza en lo civil y comercial del 4º turno, fue sancionada por haber plagiado a más de 30 autores extranjeros en su libro “Ética Judicial”. La mujer planteó una reconsideración, que fue rechazada.
Paralelamente, la magistrada soporta un proceso por violación del derecho del autor, paralizado a causa de las numerosas chicanas promovidas por la defensa.
En diciembre pasado, los ministros Sindulfo Blanco y Oscar Bajac anularon la sanción impuesta a Ortiz, con el argumento de que no se le dio oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, mediante la tramitación de una excepción de inconstitucionalidad.
El tercer integrante de la sala, Antonio Fretes, votó por el rechazo de la acción, por extemporánea, por haberse presentado dos horas después de expirado el plazo para hacerlo.
El Reglamento de la Oficina de Ética y Procedimientos relativos al Código de Ética Judicial, en su artículo 33 establece lo siguiente: “Irrecurribilidad. Las resoluciones del Tribunal son irrecurribles, salvo aquellas que hicieran llegar a las denuncias, las que serán susceptibles del recurso de reconsideración, de conformidad con las disposiciones del Artículo 63 del Código de Ética Judicial.
A su vez, el Artículo 63, referente a los efectos de la resolución del Tribunal de Ética Judicial, dice textualmente: “Si el Tribunal de Ética Judicial resuelve rechazar la denuncia, el pronunciamiento causará ejecutoria. Si se hiciera lugar a la denuncia, el juez denunciado podrá interponer, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, el recurso de reconsideración ante un cuerpo colegiado de revisión, integrado por los miembros del Consejo Consultivo y del Tribunal de Ética Judicial, que lo resolverá en un plazo de 10 días hábiles”.
El Código de Ética Judicial, vigente desde enero de 2006, establece tres sanciones: la recomendación de no volver a incurrir en el hecho que dio origen a la investigación, el llamado de atención y la amonestación, siendo esta última la más grave.
El 29 de diciembre pasado, la Corte Suprema divulgó la nómina de miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo. Informados de su designación a través de la prensa, Gill Paleari presentó renuncia, al igual que Marco Antonio Elizeche y Lucila Gatti de Laterza, nombrados integrantes del Tribunal y el Consejo, respectivamente.
En su nota, la Dra. Gatti de Laterza dejó en claro que su alejamiento se debía a la decisión adoptada con relación a la jueza Ortiz.
OTRAS ACCIONES
El ministro de la Justicia Electoral, Juan Manuel Morales; el camarista penal de Misiones, Mario Maidana Griffith, y la jueza de garantías de Capiatá, Jovita Rojas, también promovieron acciones de inconstitucionalidad contra sanciones éticas que recibieron.
Morales fue sancionado por referirse con términos agraviantes a su colega Alberto Ramírez Zambonini; Maidana, por asistir a un evento con familiares de un procesado cuyo caso estuvo a su cargo, y Rojas, por apresar a un policía de tránsito que le pidió documentos de su vehículo.
Fuente: ABC Color 05/01/2010
Gill Paleari atribuyó su renuncia a motivos de índole personal que no especificó, pero afirmó que no se puede negar que el proceso de responsabilidad ética quedó desnaturalizado tras el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la sanción ética impuesta a la magistrada. Fue en declaraciones a radio Primero de Marzo.
Ortiz, jueza en lo civil y comercial del 4º turno, fue sancionada por haber plagiado a más de 30 autores extranjeros en su libro “Ética Judicial”. La mujer planteó una reconsideración, que fue rechazada.
Paralelamente, la magistrada soporta un proceso por violación del derecho del autor, paralizado a causa de las numerosas chicanas promovidas por la defensa.
En diciembre pasado, los ministros Sindulfo Blanco y Oscar Bajac anularon la sanción impuesta a Ortiz, con el argumento de que no se le dio oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, mediante la tramitación de una excepción de inconstitucionalidad.
El tercer integrante de la sala, Antonio Fretes, votó por el rechazo de la acción, por extemporánea, por haberse presentado dos horas después de expirado el plazo para hacerlo.
El Reglamento de la Oficina de Ética y Procedimientos relativos al Código de Ética Judicial, en su artículo 33 establece lo siguiente: “Irrecurribilidad. Las resoluciones del Tribunal son irrecurribles, salvo aquellas que hicieran llegar a las denuncias, las que serán susceptibles del recurso de reconsideración, de conformidad con las disposiciones del Artículo 63 del Código de Ética Judicial.
A su vez, el Artículo 63, referente a los efectos de la resolución del Tribunal de Ética Judicial, dice textualmente: “Si el Tribunal de Ética Judicial resuelve rechazar la denuncia, el pronunciamiento causará ejecutoria. Si se hiciera lugar a la denuncia, el juez denunciado podrá interponer, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, el recurso de reconsideración ante un cuerpo colegiado de revisión, integrado por los miembros del Consejo Consultivo y del Tribunal de Ética Judicial, que lo resolverá en un plazo de 10 días hábiles”.
El Código de Ética Judicial, vigente desde enero de 2006, establece tres sanciones: la recomendación de no volver a incurrir en el hecho que dio origen a la investigación, el llamado de atención y la amonestación, siendo esta última la más grave.
El 29 de diciembre pasado, la Corte Suprema divulgó la nómina de miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo. Informados de su designación a través de la prensa, Gill Paleari presentó renuncia, al igual que Marco Antonio Elizeche y Lucila Gatti de Laterza, nombrados integrantes del Tribunal y el Consejo, respectivamente.
En su nota, la Dra. Gatti de Laterza dejó en claro que su alejamiento se debía a la decisión adoptada con relación a la jueza Ortiz.
OTRAS ACCIONES
El ministro de la Justicia Electoral, Juan Manuel Morales; el camarista penal de Misiones, Mario Maidana Griffith, y la jueza de garantías de Capiatá, Jovita Rojas, también promovieron acciones de inconstitucionalidad contra sanciones éticas que recibieron.
Morales fue sancionado por referirse con términos agraviantes a su colega Alberto Ramírez Zambonini; Maidana, por asistir a un evento con familiares de un procesado cuyo caso estuvo a su cargo, y Rojas, por apresar a un policía de tránsito que le pidió documentos de su vehículo.
Fuente: ABC Color 05/01/2010
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