El ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, a través de un escrito difundido por la Dirección de Comunicaciones del alto tribunal, señaló que las críticas periodísticas al fallo que liberó a la jueza Nilse Ortiz, procesada por plagio, carecen de sustento jurídico. El magistrado pide que se rebata con “fundamentos serios” la sentencia.
“Se aclara que la consecuencia jurídica de dicho fallo fue quitarle eficacia jurídica al pronunciamiento del Tribunal de Etica y no el de establecer inocencia o culpabilidad de la eventual afectada. Es decir, según los términos del Código Procesal Civil, el Tribunal de Etica debe enderezar el proceso en los términos señalados por la sentencia de inconstitucionalidad”, dijo Blanco.
“A esa conclusión se arribó mediando el dictamen de la Fiscalía General del Estado, por el cual aconsejaba hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar nulo el fallo mencionado”, indicó.
“La opinión periodística señalando que las cuestiones éticas no son justiciables, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no tiene sustento”, según el ministro. Agregó que le “gustaría que se rebatieran con fundamentos serios, los argumentos jurídicos expuestos en la sentencia aludida”.
La postura asumida por Blanco, que apoyó su colega Oscar Bajac, es una vergüenza para el Poder Judicial. La integración de la Sala Constitucional fue maniobrada, precisamente para que la integre Blanco, quien siempre fue el protector de la jueza Ortiz, imputada por plagiar a varios autores en su tesis doctoral.
Fuente: ABC Color 14/12/2009
martes, 15 de diciembre de 2009
Cabrera Verón se alejó por presiones
A pesar de la renuncia del presidente del Tribunal de Etica Judicial, Aníbal Cabrera Verón, la Corte Suprema aún no designó a los nuevos miembros, o en su caso, no confirmó a los integrantes del Tribunal y del Consejo Consultivo.
Cabrera Verón tuvo que apartarse del cargo para intentar que el Tribunal de Etica y el Consejo Consultivo de la Oficina de Etica Judicial puedan seguir funcionando. Sin embargo, los ministros Víctor Manuel Núñez y José Raúl Torres Kirmser, quienes fueron sancionados por el tribunal ético por haber participado del cumpleaños del polémico senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, aún seguirían molestos y no permiten poner fin a la acefalía de ambos órganos, desde setiembre pasado.
La renuncia de Cabrera fue aceptada el viernes, y no lleva la firma de ningún ministro de la Corte, solo la del secretario general Alejandrino Cuevas. También le dan la jerarquía de miembro, cuando que era el presidente del Tribunal de Etica Judicial. Su pedido de apartamiento lo realizó hace casi un mes, el 19 de noviembre.
Fuente: ABC Color 14/12/2009
Cabrera Verón tuvo que apartarse del cargo para intentar que el Tribunal de Etica y el Consejo Consultivo de la Oficina de Etica Judicial puedan seguir funcionando. Sin embargo, los ministros Víctor Manuel Núñez y José Raúl Torres Kirmser, quienes fueron sancionados por el tribunal ético por haber participado del cumpleaños del polémico senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, aún seguirían molestos y no permiten poner fin a la acefalía de ambos órganos, desde setiembre pasado.
La renuncia de Cabrera fue aceptada el viernes, y no lleva la firma de ningún ministro de la Corte, solo la del secretario general Alejandrino Cuevas. También le dan la jerarquía de miembro, cuando que era el presidente del Tribunal de Etica Judicial. Su pedido de apartamiento lo realizó hace casi un mes, el 19 de noviembre.
Fuente: ABC Color 14/12/2009
Jueza procesada por plagio maniobra para hacer el “rekutu”
Los ministros liberales Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac integraron la Sala Constitucional y, con argumentos aparentes y sin hacer al fondo de la cuestión, hicieron “mayoría” para otorgar la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de la jueza del fuero Civil y Comercial del Quinto Turno.
Con una escueta postura, Blanco refirió que no se dio lugar al derecho a la defensa por no otorgarse el trámite a una excepción de inconstitucionalidad.
El sustento del ministro –voto al que Bajac se adhirió in extenso– para avalar la posición de la magistrada Ortiz solo se puede leer en tres líneas. “En los procedimientos llevados adelante por el Tribunal de Etica Judicial no se ha dado a la afectada la posibilidad del control constitucional –excepción mediante– de las normas que le fueron finalmente aplicadas”, dice el considerando.
En una exposición de cuatro páginas y media, Blanco se pasa explicando que la Corte tiene atribuciones para entender en resoluciones judiciales y extrajudiciales, como la recurrida por la cuestionada jueza Nilse Ortiz.
“Sin violentar groseramente este texto constitucional, nadie, sensatamente, podría venir a sostener que la competencia de la Corte está limitada a la consideración de normas jurídicas y resoluciones judiciales (...)”, dice parte del Acuerdo y Sentencia Nº 863, del 9 de diciembre.
Lo que también se cuestiona al fallo es que los dos ministros en ninguna parte hacen relación siquiera a los argumentos del disidente Antonio Fretes, quien pidió el rechazo de la acción por haber sido deducida esta de manera extemporánea.
Rechazo sin estudio
Fretes asegura que corresponde “verificar en primer lugar si la acción de inconstitucionalidad se adecua a las previsiones referentes al plazo para interponerla. A este fin, se debe destacar que la última de las resoluciones impugnadas fue dictada el día jueves 24 de abril de 2008, siendo recibida la notificación el lunes 28 del mismo mes”.
Agrega que el artículo 557 del Código Procesal Civil prevé el plazo para la interposición de la acción, estableciéndolo en nueve días contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, contemplándose además un plazo de gracias que permite presentar escritos hasta las nueve horas del día hábil siguiente al último día del plazo fijado.
“De esta forma, el vencimiento para la presentación de la acción se produjo el martes 13 de mayo de 2008 a las nueve horas (9:00). Según costa en el sello de cargo obrante, la acción fue planteada el 13 de mayo de 2008 a las once y treinta horas (11:30), razón por la cual corresponde el rechazo in límine (sin estudio) de la acción, por extemporánea”, concluye Fretes.
Fiscalía General dio la “manito”
De acuerdo a la cuestionada resolución, la propio Fiscalía General del Estado le dio la “manito”, primeramente a la jueza Nilse Ortiz, ya que recomendó que se haga lugar a su acción.
“Por Dictamen Nº 907 de fecha 23 de junio de 2009, el representante de la Fiscalía General del Estado, aconseja se haga lugar a esta acción de inconstitucionalidad y en consecuencia declarar nulas la Resolución Nº 21/2008 y la Resolución Nº 03/08 del 24 de abril de 2008, estas dos últimas dictadas por el Cuerpo Colegiado de Revisión, por ser arbitrarias y violatorias de garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio”.
Sanción más grave
El 4 de abril de 2008, el Tribunal de Etica Judicial, presidido por Aníbal Cabrera Verón, sancionó a la jueza Nilse Ortiz con la “amonestación”, la más grave sanción prevista por el Código de Etica.
El Tribunal concluyó que la magistrada violó cinco artículos del Código de Etica Judicial del Paraguay: 8 (honestidad), 12 (prudencia), 14 (dignidad judicial), 19 (decoro y delicadeza) y 22 (institucionalidad judicial).
“Puede medirse la gravedad de este hecho, que constituye violación de normas técnicas, jurídicas y éticas, circunstancias agravadas por su condición de representante de la administración de justicia de nuestro país, y tratarse justamente de un libro sobre el tema ético, con los eventuales perjuicios que este hecho pudiera ocasionar a terceros en los ámbitos estudiantiles, académicos, el público lector en general, el Poder Judicial y el editor del libro”, refiere el fallo, firmado por Cabrera Verón, Luis Mauricio Domínguez y Miguel Angel Rodríguez, presidente y miembros del Tribunal, respectivamente.
Con esta resolución de la CSJ la amonestación queda sin efecto.
Proceso penal paralizado
El 19 de octubre de 2007, en coincidencia con la Semana de la Etica, la jueza Nilse Ramona Ortiz Aquino de Silva, lanzó el libro “Etica Judicial”, que es la tesis con la cual obtuvo el título de doctora en la Universidad Nacional de Pilar y fue candidata a la terna de ministro vacante.
El Tribunal de Etica Judicial inició una investigación de oficio, tras constatar que la jueza utilizó el courrier de la Corte para distribuir las invitaciones.
Posteriormente, a raíz de la denuncia presentada por el padre Juan Antonio de la Vega (hoy fallecido), de cuya autoría son dos de las obras reproducidas sin autorización en el libro, la fiscala Soledad Quiñónez procesó a la magistrada.
La denuncia radicada ante la fiscalía por el sacerdote individualiza al argentino Rodolfo Luis Vigo, al chileno Juan Enrique Vargas Viancos, al guatemalteco Otto Marroquín Guerra, a José Luis Benito, al venezolano Rogelio Pérez Perdomo, al español Rafael Gómez Pérez y al fallecido sacerdote mexicano José Rubén Sanabria como los demás escritores plagiados por la jueza.
El libro transcribe nada menos que 31 obras, sin la debida información de sus autores, según el fallo del Tribunal de Etica.
Ante semejante evidencia, Ortiz pidió permiso por varios meses a la Corte y luego fue repuesta, pero el Jurado jamás la desaforó.
Logró también paralizar el proceso, ya que desde abril de 2008 la Cámara de Apelaciones, integrada por Delio Vera Navarro, Oscar Paiva Valdovinos y Gerardo Báez Maiola, no resuelve el rechazo de incidentes (excepción de falta de acción, nulidad de la imputación y nulidad de anticipo jurisdiccional de prueba).
A la par, la jueza recurrió ante el Tribunal de Cuentas la nulidad de su título de “doctora” realizado por la Universidad de Pilar.
Fuente: ABC Color 14/12/2009
El camino a la impunidad
El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales, también recurrió con una acción de inconstitucionalidad la “amonestación” del Tribunal de Etica, luego de dar fuertes declaraciones.
Según versiones, la nulidad de la sanción de la jueza Nilse Ortiz también allana el camino para él. En esta misma situación están la jueza Jovita Rojas y el camarista Mario Maidana Griffith, quienes recurrieron su sanción de “faltas graves”.
La magistrada Rojas había desatado un escándalo luego de ordenar la detención de un policía de tránsito, por el solo hecho de exigir documentos de su vehículo. Maidana Griffith fue denunciado por asistir a una jineteada con familiares de un acusado, cuyo proceso estuvo a su cargo.
Sin embargo, no se descarta que la nulidad de la amonestación de Nilse Ortiz responda solo a favores políticos, ya que según fuertes rumores la jueza “operó” para la reelección de Enrique Bacchetta en el Consejo, y además, tendría como padrino al ministro Sindulfo Blanco, quien ya le “salvó” en el Jurado de Enjuiciamiento en una ocasión.
La magistrada busca “limpiarse” de esta forma para integrar su terna que se define en enero próximo, en búsqueda de su “rekutu”.
Para el director de la Oficina de Etica, Esteban Kriskovich, queda en evidencia que la creación del Tribunal de Etica Judicial fue meramente para cumplir con políticas internacionales. “Cuando empiezan a trabajar con credibilidad, eficacia y fiel cumplimiento de su misión y sus objetivos, con resultados creíbles y plausibles, incomodan o se los ve como un peligro y se desea su desaparición”. De esta forma la Corte no demuestra la voluntad política para que el sistema de Etica Judicial continúe en el país. No solo dictó este fallo aberrante sino que “cajonea” y no define a los nuevos integrantes del Tribunal de Etica, que tienen mandato fenecido desde el 5 de setiembre.
Fuente: ABC Color 14/12/2009
“Deplorable y aberrante”
El director de la Oficina de Etica Judicial, Esteban Kriskovich, tildó de “deplorable y aberrante” el fallo que anula la sanción de la jueza Nilse Ortiz, en un comunicado.
Cuestiona duramente puntos de la resolución. El primero tiene que ver con que se debía rechazar in límine la acción por extemporánea, como alegó el ministro Antonio Fretes, criterio que fue ignorado por sus colegas Sindulfo Blanco y Oscar Bajac.
Otra crítica es que el rechazo sin estudio correspondía, por ser “cuestión no justiciable”, porque lo ético no es identificable con lo jurídico y las resoluciones de los Tribunales de Ética son eminentemente morales. “El voto en mayoría violó o desconoció la misma Ley Nº 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia, en su artículo 12 dispone expresamente: “Rechazo in límine. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables...”.
Kriskovich aduce que “en materia procesal la excepción es oponible ante una acción presentada. En este caso, no hay una acción, sólo una denuncia, y por tanto no puede proceder ninguna excepción” y que si bien el Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en este procedimiento, en virtud del Art. 61 del Código de Ética Judicial, el Juicio de Responsabilidad Etica es de naturaleza especial, sui generis, no es jurisdiccional y tampoco se ajusta a los regímenes procesales reglados por el derecho común en cualquiera de sus fueros. “Aquí no hay demanda ni contestación, ni traba de la litis”, refiere.
Agrega que “este fallo atenta contra la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde y aquí se premia con la impunidad a una persona que mereció al menos una sanción moral. Deliberadamente se deforma el procedimiento deontológico impuesto por el Código para llevarlo al marco de lo jurisdiccional que como todos sabemos muchas veces, bajo el desmesurado principio de defensa y garantismo en juicio que promueve defensas inexistentes, temerarias o escabrosas con el fin de escapar de la justicia”. Señala que la resolución es de “mera fundamentación aparente, que atenta contra la verdad y contra la realidad, ya que la jueza tuvo pleno derecho a la defensa e intervino en el proceso en una veintena de ocasiones”. Concluye Kriskovich diciendo que la CSJ debe remitir nuevamente las actuaciones al Tribunal de Etica para que, con la nueva conformación, continúe el proceso a la jueza.
Y la impunidad se hizo derecho
Esta ha sido la semana de los Derechos Humanos. Informes de todos los colores se cruzaron para sentenciar más o menos lo mismo: que hay déficit en materia social y que uno de los problemas principales de la ingobernabilidad es el presidente Fernando Lugo por su incapacidad de conseguir apoyo legislativo a sus proyectos.
Este diario publicó también una encuesta sobre los 15 meses de gestión. Pocos aplausos y mucha resignación sería en resumen la calificación para el Gobierno. Los palos más duros fueron para el Congreso y la Justicia, dos poderes que viven a espaldas de la realidad y demasiado lejos de la gente.
PODER JUDICIAL. Así como fue una semana de evaluaciones en materia de DDHH, también fue una semana de informaciones que delatan con cruda realidad la decadencia de la Justicia.
Como el caso de la jueza Nilse Ortiz, quien fue amonestada por el Tribunal de Ética Judicial por plagiar un libro. Pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entendió que no. Y los ministros Antonio Fretes, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco blanquearon a la magistrada y con ello premiaron la piratería. Con razón, Paraguay está siempre en un lugar privilegiado en este indeseable ránking.
Pero una fiscala le dio un toque de glamour al deterioro judicial. Mirtha Ortiz, según investigación de su colega Arnaldo Giuzzio, utilizó sin ningún tipo de pudor parte de G. 9 millones correspondientes a una evidencia para un implante de siliconas. Pero su fechoría no acaba allí, porque además la acusan de apropiarse de una computadora, un lote de joyas, una portentosa camioneta Ford Explorer, que formaban parte de evidencias varias.
Autos, joyas y siliconas son las "armas" de esta fiscala en su búsqueda incansable de la justicia.
La movida judicial finalizó con la absolución a Luis González Macchi, quien se sumó a la lista de ex presidentes beneficiados con el sello de la impunidad. Casualmente, los fiscales y jueces nunca encuentran las pruebas para culpar a los poderosos. En estos casos, el arma más utilizada es la chicana o los "errores de forma". Así por lo menos señala la Corte Suprema en su sentencia en el caso González Macchi. Como si fuera poco, ahora el Estado, o sea todos nosotros, debe pagar las costas (gastos judiciales) que demandó el proceso.
BAJO EL YUGO DE LA POLÍTICA. Los políticos en la Constitución de 1992 tejieron una perfecta trama para tener al Poder Judicial bajo control y así garantizar actuales y futuras impunidades. Por eso se dice que los políticos cuando roban lo hacen en cantidades industriales porque saben que al dejar el calor del poder serán presa fácil de la investigación judicial. Gracias a esa acumulación de dinero, logran distorsionar los procesos y al final quedan impunes. Habrán gastado varios millones de los millones que se robaron, pero jamás pisan la cárcel.
Un caso que muestra el control político de la Justicia es el Consejo de la Magistratura, donde un grupo retiene la terna de candidatos para la Justicia Electoral. Hace tres meses que el organismo eligió la terna, pero por razones partidarias y bajo la batuta del Unace, los candidatos fueron congelados hasta tanto negocien con otras bancadas en el Congreso para forzar el nombramiento del hombre de Lino Oviedo para el TSJE.
DESCONTROL. En este mismo contexto, aparece la figura del no menos controvertido ministro colorado Juan Manuel Morales. Este diario desnudó el perverso esquema del prebendarismo en la Justicia Electoral con la masiva y descontrolada contratación de funcionarios. Tanta es la cantidad, que el TSJE se convirtió en una agencia de empleos que "exporta" funcionarios a otras oficinas del Estado, incluyendo hospitales. Este diario demostró que tales comisionados son planilleros o fantasmas.
Morales, sin el mínimo rubor, admite que el ejército de planilleros son operadores políticos, lavándose las manos.
Los partidos políticos, oficialistas y opositores prefieren ponerse lentes oscuros y mirar para otro lado. Porque ellos son los responsables directos de ese monstruo llamado TSJE, la institución que a pesar de su trabajo impecable en cada elección, simboliza el prebendarismo en estado puro.
El Poder Judicial y el Poder Electoral son dos instituciones de importancia clave para los ciudadanos. El avance de la democracia depende de los políticos, pero sobre todo de jueces íntegros y competentes.
Estos pequeños casos demuestran cómo funciona el aparato judicial y a quiénes privilegia.
Y después se preguntan por qué la gente cada vez que habla de ellos es solo para pedir sus cabezas.
TEXTUAL
"Nos duele que los paraguayos tengamos que encontrarnos en esta situación. Pretender eliminar a un grupo porque es rico o porque es pobre, es un camino equivocado. Por ese camino no podemos seguir andando. Tenemos ejemplos que optaron por la exclusión de unos o de otros, y el resultado es un permanente conflicto, la ausencia de la paz."
(Monseñor Claudio Giménez)
Fuente: Última Hora 13/12/2009
Este diario publicó también una encuesta sobre los 15 meses de gestión. Pocos aplausos y mucha resignación sería en resumen la calificación para el Gobierno. Los palos más duros fueron para el Congreso y la Justicia, dos poderes que viven a espaldas de la realidad y demasiado lejos de la gente.
PODER JUDICIAL. Así como fue una semana de evaluaciones en materia de DDHH, también fue una semana de informaciones que delatan con cruda realidad la decadencia de la Justicia.
Como el caso de la jueza Nilse Ortiz, quien fue amonestada por el Tribunal de Ética Judicial por plagiar un libro. Pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entendió que no. Y los ministros Antonio Fretes, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco blanquearon a la magistrada y con ello premiaron la piratería. Con razón, Paraguay está siempre en un lugar privilegiado en este indeseable ránking.
Pero una fiscala le dio un toque de glamour al deterioro judicial. Mirtha Ortiz, según investigación de su colega Arnaldo Giuzzio, utilizó sin ningún tipo de pudor parte de G. 9 millones correspondientes a una evidencia para un implante de siliconas. Pero su fechoría no acaba allí, porque además la acusan de apropiarse de una computadora, un lote de joyas, una portentosa camioneta Ford Explorer, que formaban parte de evidencias varias.
Autos, joyas y siliconas son las "armas" de esta fiscala en su búsqueda incansable de la justicia.
La movida judicial finalizó con la absolución a Luis González Macchi, quien se sumó a la lista de ex presidentes beneficiados con el sello de la impunidad. Casualmente, los fiscales y jueces nunca encuentran las pruebas para culpar a los poderosos. En estos casos, el arma más utilizada es la chicana o los "errores de forma". Así por lo menos señala la Corte Suprema en su sentencia en el caso González Macchi. Como si fuera poco, ahora el Estado, o sea todos nosotros, debe pagar las costas (gastos judiciales) que demandó el proceso.
BAJO EL YUGO DE LA POLÍTICA. Los políticos en la Constitución de 1992 tejieron una perfecta trama para tener al Poder Judicial bajo control y así garantizar actuales y futuras impunidades. Por eso se dice que los políticos cuando roban lo hacen en cantidades industriales porque saben que al dejar el calor del poder serán presa fácil de la investigación judicial. Gracias a esa acumulación de dinero, logran distorsionar los procesos y al final quedan impunes. Habrán gastado varios millones de los millones que se robaron, pero jamás pisan la cárcel.
Un caso que muestra el control político de la Justicia es el Consejo de la Magistratura, donde un grupo retiene la terna de candidatos para la Justicia Electoral. Hace tres meses que el organismo eligió la terna, pero por razones partidarias y bajo la batuta del Unace, los candidatos fueron congelados hasta tanto negocien con otras bancadas en el Congreso para forzar el nombramiento del hombre de Lino Oviedo para el TSJE.
DESCONTROL. En este mismo contexto, aparece la figura del no menos controvertido ministro colorado Juan Manuel Morales. Este diario desnudó el perverso esquema del prebendarismo en la Justicia Electoral con la masiva y descontrolada contratación de funcionarios. Tanta es la cantidad, que el TSJE se convirtió en una agencia de empleos que "exporta" funcionarios a otras oficinas del Estado, incluyendo hospitales. Este diario demostró que tales comisionados son planilleros o fantasmas.
Morales, sin el mínimo rubor, admite que el ejército de planilleros son operadores políticos, lavándose las manos.
Los partidos políticos, oficialistas y opositores prefieren ponerse lentes oscuros y mirar para otro lado. Porque ellos son los responsables directos de ese monstruo llamado TSJE, la institución que a pesar de su trabajo impecable en cada elección, simboliza el prebendarismo en estado puro.
El Poder Judicial y el Poder Electoral son dos instituciones de importancia clave para los ciudadanos. El avance de la democracia depende de los políticos, pero sobre todo de jueces íntegros y competentes.
Estos pequeños casos demuestran cómo funciona el aparato judicial y a quiénes privilegia.
Y después se preguntan por qué la gente cada vez que habla de ellos es solo para pedir sus cabezas.
TEXTUAL
"Nos duele que los paraguayos tengamos que encontrarnos en esta situación. Pretender eliminar a un grupo porque es rico o porque es pobre, es un camino equivocado. Por ese camino no podemos seguir andando. Tenemos ejemplos que optaron por la exclusión de unos o de otros, y el resultado es un permanente conflicto, la ausencia de la paz."
(Monseñor Claudio Giménez)
Fuente: Última Hora 13/12/2009
Blanco y Bajac ignoraron opinión de Fretes para beneficiar a Nilse Ortiz
Los ministros liberales Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac ignoraron al presidente y preopinante de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, quien votó por rechazar por extemporánea la inconstitucionalidad presentada por la jueza Nilse Ortiz y le salvaron de la sanción ética por plagio literario.
Los ministros Sindulfo Blanco (de la Sala Penal) y Miguel Oscar Bajac (de la Sala Civil) no tuvieron en cuenta el argumento del presidente y miembro natural de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, quien votó por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentada por la jueza Nilse Ortiz, quien logró anular las resoluciones del Tribunal de Etica Judicial. Los liberales salvaron a la magistrada de su “amonestación”, por conductas inapropiadas, que incluso son motivo de investigación penal.
Los ministros Blanco y Bajac ignoraron al preopinante Fretes, quien sostuvo que la presentación de Ortiz se realizó de forma extemporánea. La acción la magistrada la realizó el 13 de mayo de 2008, a las 11:30. Tenía tiempo hasta las 9:00 de esa fecha, ya que era el último día de gracia, según dispone el Art. 557 del Código Procesal Civil. Aún así fue admitida cuando correspondía el rechazo “in límine”, como argumentó Fretes en su voto.
A pesar de ello, los opinantes en mayoría ni mencionaron la extemporaneidad esgrimida por Fretes.
Sentencia de “muerte”
Blanco y Bajac también desconocieron que las sanciones morales no pueden ser objeto de judicialización, así como lo sostienen la jurisprudencia y doctrina internacionales.
Para el director de la Oficina de Etica Judicial, Esteban Kriskovich, el fallo de la Corte es una “sentencia de muerte”, ya que aquellos jueces que se vean afectados por una sanción moral, recurrirán ante la Corte para anular la resolución.
Durante la presidencia de Fretes, en el año 2005, se puso en vigencia el Código de Etica Judicial. Este ministro había conseguido ayuda de los Estados Unidos para que pueda ser aplicada en nuestro país.
Empero, a Blanco y Bajac parece no importarles la vigencia del Código de Etica, que ya sancionó a los ministros Víctor Núñez y José Raúl Torres Kirmser por haber asistido al cumpleaños del cuestionado político Juan Carlos “Calé” Galaverna.
La jueza Nilse Ortiz fue “amonestada” por el Tribunal de Etica por haber plagiado su tesis doctoral, que luego convirtió en un libro llamado “Etica Judicial”.
El “apoyo” a la impunidad
- El pedido de desafuero de la jueza de primera instancia del quinto turno, Nilse Ramona Ortiz, se encuentra “congelado” por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El desafuero fue solicitado por el juez Hugo Sosa, el 21 de enero de 2008, para que pueda enfrentar una causa penal por violación del derecho de autor o inventor, por haber plagiado más de 30 obras literarias.
- Los ministros Víctor Núñez, Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmser se prestaron a la maniobra de la jueza Nilse Ortiz y la repusieron en el cargo, el 28 de enero pasado.
- Organizaciones civiles repudiaron la reincorporación, pero Blanco intentó justificar diciendo que “hacen falta jueces civiles”.
Fuente: ABC Color 13/12/2009
Los ministros Sindulfo Blanco (de la Sala Penal) y Miguel Oscar Bajac (de la Sala Civil) no tuvieron en cuenta el argumento del presidente y miembro natural de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, quien votó por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentada por la jueza Nilse Ortiz, quien logró anular las resoluciones del Tribunal de Etica Judicial. Los liberales salvaron a la magistrada de su “amonestación”, por conductas inapropiadas, que incluso son motivo de investigación penal. Los ministros Blanco y Bajac ignoraron al preopinante Fretes, quien sostuvo que la presentación de Ortiz se realizó de forma extemporánea. La acción la magistrada la realizó el 13 de mayo de 2008, a las 11:30. Tenía tiempo hasta las 9:00 de esa fecha, ya que era el último día de gracia, según dispone el Art. 557 del Código Procesal Civil. Aún así fue admitida cuando correspondía el rechazo “in límine”, como argumentó Fretes en su voto.
A pesar de ello, los opinantes en mayoría ni mencionaron la extemporaneidad esgrimida por Fretes.
Sentencia de “muerte”
Blanco y Bajac también desconocieron que las sanciones morales no pueden ser objeto de judicialización, así como lo sostienen la jurisprudencia y doctrina internacionales.
Para el director de la Oficina de Etica Judicial, Esteban Kriskovich, el fallo de la Corte es una “sentencia de muerte”, ya que aquellos jueces que se vean afectados por una sanción moral, recurrirán ante la Corte para anular la resolución.
Durante la presidencia de Fretes, en el año 2005, se puso en vigencia el Código de Etica Judicial. Este ministro había conseguido ayuda de los Estados Unidos para que pueda ser aplicada en nuestro país.
Empero, a Blanco y Bajac parece no importarles la vigencia del Código de Etica, que ya sancionó a los ministros Víctor Núñez y José Raúl Torres Kirmser por haber asistido al cumpleaños del cuestionado político Juan Carlos “Calé” Galaverna.
La jueza Nilse Ortiz fue “amonestada” por el Tribunal de Etica por haber plagiado su tesis doctoral, que luego convirtió en un libro llamado “Etica Judicial”.
El “apoyo” a la impunidad
- El pedido de desafuero de la jueza de primera instancia del quinto turno, Nilse Ramona Ortiz, se encuentra “congelado” por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El desafuero fue solicitado por el juez Hugo Sosa, el 21 de enero de 2008, para que pueda enfrentar una causa penal por violación del derecho de autor o inventor, por haber plagiado más de 30 obras literarias.
- Los ministros Víctor Núñez, Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmser se prestaron a la maniobra de la jueza Nilse Ortiz y la repusieron en el cargo, el 28 de enero pasado.
- Organizaciones civiles repudiaron la reincorporación, pero Blanco intentó justificar diciendo que “hacen falta jueces civiles”.
Fuente: ABC Color 13/12/2009
Oficina de Ética tiene 27 causas pendientes por omisión de Corte
El máximo estrado judicial no nombra ni confirma a los integrantes del Tribunal de Ética, cuyos mandatos ya fenecieron. Existen 16 propuestas para que los miembros del colegiado continúen.
La Oficina de Ética Judicial tiene 27 causas pendientes desde hace cuatro meses, debido a que la Corte Suprema de Justicia no nombra ni confirma a los integrantes del Tribunal de Ética, cuyos mandatos ya fenecieron, según fuentes judiciales.
El mandato de los miembros del Tribunal de Ética y del Consejo Consultivo ya feneció.
Por esta situación el presidente del Tribunal de Ética, Aníbal Cabrera Verón, y el titular del Consejo Consultivo, Rodolfo Gill Paleari, comunicaron el vencimiento de los mandatos a la Corte Suprema de Justicia.
La Oficina de Ética remitió a la máxima instancia judicial 20 propuestas de la comunidad jurídica, de las cuales 16 piden que sigan los mismos miembros.
Desde julio pasado hasta la actualidad, la Corte Suprema no se expide sobre lo remitido por la Oficina de Ética. Esta demora causa que 27 denuncias presentadas en la Oficina de Ética no puedan ser admitidas ni analizadas.
El Tribunal de Ética fenecido lo integran Aníbal Cabrera Verón, Marco Antonio Elizeche, Luis Mauricio Domínguez, Miguel Angel Rodríguez, Adolfo Ozuna y Francisco Servián, en tanto el Consejo Consultivo Rodolfo Gill Paleari, Lucila Gatti de Laterza, Oscar Llanes, José Kriskovich y Librado Sánchez. Los miembros de ambos órganos carecen de fueros y no cuentan con salarios.
RECUSACIÓN. La Oficina de Ética pidió a la Corte que los ministros Víctor Núñez y Raúl Torres Kirmser no entiendan en la confirmación o renovación de cargos, tanto en el Tribunal de Ética como en el Consejo Consultivo.
La oficina argumenta que el Tribunal de Ética había sancionado a ambos ministros de la Corte, por asistir al cumpleaños del senador colorado Juan Carlos Galaverna.
"El sistema de ética judicial de la República del Paraguay, no puede funcionar por este motivo desde setiembre 2009 hasta hoy", dice parte de un comunicado de la Oficina de Ética.
La Oficina cita a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ya expresó su preocupación por la situación incierta en el Paraguay.
La semana pasada, la Corte Suprema anuló la decisión de del Tribunal de Ética que amonestaba a la jueza Nilse Ortiz, por presuntos plagios de obras del derecho.
La decisión de la máxima instancia judicial causó la molestia del director de la Oficina de Ética Judicial, abogado Esteban Kriskovich, quien no descarta renunciar el cargo.
Mientras tanto, el Tribunal de Ética no puede hacer su trabajo debido a la falta de apoyo de la Corte.
UN PELIGRO. Esteban Kriskovich dijo que "muchas veces se crean órganos por cumplir con políticas internacionales, pero cuando empiezan a trabajar con credibilidad, eficacia y fiel cumplimiento de su misión y sus objetivos, con resultados creíbles y plausibles, incomodan o se los ve como un peligro y se desea su desaparición".
"Parecería que lamentablemente nos encontramos en una situación así, lamentable por el bien de nuestro país y de nuestra Justicia", agregó. Manifestó que "reconocemos el loable trabajo a quienes en estos tres años han cumplido su misión como miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo".
Fuente: Última Hora 13/12/2009
La Oficina de Ética Judicial tiene 27 causas pendientes desde hace cuatro meses, debido a que la Corte Suprema de Justicia no nombra ni confirma a los integrantes del Tribunal de Ética, cuyos mandatos ya fenecieron, según fuentes judiciales.
El mandato de los miembros del Tribunal de Ética y del Consejo Consultivo ya feneció.
Por esta situación el presidente del Tribunal de Ética, Aníbal Cabrera Verón, y el titular del Consejo Consultivo, Rodolfo Gill Paleari, comunicaron el vencimiento de los mandatos a la Corte Suprema de Justicia.
La Oficina de Ética remitió a la máxima instancia judicial 20 propuestas de la comunidad jurídica, de las cuales 16 piden que sigan los mismos miembros.
Desde julio pasado hasta la actualidad, la Corte Suprema no se expide sobre lo remitido por la Oficina de Ética. Esta demora causa que 27 denuncias presentadas en la Oficina de Ética no puedan ser admitidas ni analizadas.
El Tribunal de Ética fenecido lo integran Aníbal Cabrera Verón, Marco Antonio Elizeche, Luis Mauricio Domínguez, Miguel Angel Rodríguez, Adolfo Ozuna y Francisco Servián, en tanto el Consejo Consultivo Rodolfo Gill Paleari, Lucila Gatti de Laterza, Oscar Llanes, José Kriskovich y Librado Sánchez. Los miembros de ambos órganos carecen de fueros y no cuentan con salarios.
RECUSACIÓN. La Oficina de Ética pidió a la Corte que los ministros Víctor Núñez y Raúl Torres Kirmser no entiendan en la confirmación o renovación de cargos, tanto en el Tribunal de Ética como en el Consejo Consultivo.
La oficina argumenta que el Tribunal de Ética había sancionado a ambos ministros de la Corte, por asistir al cumpleaños del senador colorado Juan Carlos Galaverna.
"El sistema de ética judicial de la República del Paraguay, no puede funcionar por este motivo desde setiembre 2009 hasta hoy", dice parte de un comunicado de la Oficina de Ética.
La Oficina cita a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ya expresó su preocupación por la situación incierta en el Paraguay.
La semana pasada, la Corte Suprema anuló la decisión de del Tribunal de Ética que amonestaba a la jueza Nilse Ortiz, por presuntos plagios de obras del derecho.
La decisión de la máxima instancia judicial causó la molestia del director de la Oficina de Ética Judicial, abogado Esteban Kriskovich, quien no descarta renunciar el cargo.
Mientras tanto, el Tribunal de Ética no puede hacer su trabajo debido a la falta de apoyo de la Corte.
UN PELIGRO. Esteban Kriskovich dijo que "muchas veces se crean órganos por cumplir con políticas internacionales, pero cuando empiezan a trabajar con credibilidad, eficacia y fiel cumplimiento de su misión y sus objetivos, con resultados creíbles y plausibles, incomodan o se los ve como un peligro y se desea su desaparición".
"Parecería que lamentablemente nos encontramos en una situación así, lamentable por el bien de nuestro país y de nuestra Justicia", agregó. Manifestó que "reconocemos el loable trabajo a quienes en estos tres años han cumplido su misión como miembros del Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo".
Fuente: Última Hora 13/12/2009
lunes, 14 de diciembre de 2009
Día de Burla
El 10 de diciembre fue un día de burla a los derechos humanos. Justamente el día en que se recuerda el aniversario de la declaración universal, se rindió homenaje a la madre de la corrupción y de la violación de los derechos humanos: la impunidad.
Ese mismo día en que los organismos del Estado y de la sociedad civil se dedican a evaluar la situación, la justicia paraguaya nos recuerda lo lejos que estamos aún de llegar a un estadio de fiel cumplimiento de los pactos internacionales, de la propia Constitución Nacional y de las leyes que garantizan los derechos de las personas.
Tuvo que hacerlo ese mismo día, no esperó siquiera el 11 de diciembre o tal vez un día antes, para sobreseer al ex presidente de la República Luis Angel González Macchi, cuando que la ciudadanía espera aún de la justicia ordinaria por lo menos una condena ejemplar a un pez gordo.
La Corte Suprema de Justicia declaró extinguida la causa por enriquecimiento ilegítimo, pese a las múltiples evidencias y, como si fuera poco, dispuso que sea con costas al Estado paraguayo. Es decir, además del daño patrimonial que hemos sufrido, debemos pagar los gastos de justicia del ex presidente.
¿Quiénes hicieron posible este premio por el día de los derechos humanos? El ministro Miguel Oscar Bajac y los camaristas civilistas Oscar Paiva Vasconsellos y Valentina Núñez. ¡¡Loor a estos próceres de la justicia, que la patria no los olvide nunca!!
Ese mismo día la fiscalía se vio obligada a suspender el proceso al ex director paraguayo de Itaipú Víctor Bernal, acusado de corrupción con los “fondos sociales” de la entidad binacional, en vista de que no podía acusar al actual senador que se ampara en sus fueros.
Hay más. La Sala Constitucional de la Corte anuló también ese día la resolución del Tribunal de Etica que amonestó a la jueza Nilse Ortiz, por plagiar una obra para la presentación de su tesis. Los autores de tan generoso obsequio de fin de año son los ministros “liberales” de la Corte, Sindulfo Blanco y otra vez Miguel Oscar Bajac, quienes no tuvieron en cuenta la extemporaneidad de la acción.
Lo simpático del caso es que el libro plagiado por la jueza tiene como título precisamente Etica Judicial, lo que nos empuja a pensar que la ética imperante en la justicia ordinaria de nuestro país es la de la jueza Ortiz y no la que tratan de imponer los miembros del Tribunal de Etica del Poder Judicial.
La burla no termina con estos tres casos. A esto hay que agregarle la “condecoración” que impuso la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados al presidente del partido Unace, Lino Oviedo, juntamente con el profesor Luis Alfonso Resck. No es necesario abundar sobre el perfil de estas personas ni remarcar las diferencias que existen entre ellas. Los lectores saben hacerlo.
Lo que me extraña es que los diputados oviedistas no sepan respetar la trayectoria de los verdaderos luchadores por la justicia y los derechos humanos de este país, y no sepan reconocer los límites cuando se trata de adular al jefe.
Oviedo puede tener todo el mérito que los oviedistas se puedan imaginar como para condecorarlo dentro de su partido, pero intentar otorgar rango y jerarquía oficial a su homenaje es un exabrupto propio de los mediocres, que se creen muy inteligentes como para tratar de engañar a la gente.
El profesor Resck es un símbolo que une a los paraguayos; Oviedo es todo lo contrario, y tratar de meterlos en una misma horma de méritos es la mayor torpeza que pudieron haber cometido los diputados oviedistas.
Fuente: ABC Color 12/12/2009
Ese mismo día en que los organismos del Estado y de la sociedad civil se dedican a evaluar la situación, la justicia paraguaya nos recuerda lo lejos que estamos aún de llegar a un estadio de fiel cumplimiento de los pactos internacionales, de la propia Constitución Nacional y de las leyes que garantizan los derechos de las personas.
Tuvo que hacerlo ese mismo día, no esperó siquiera el 11 de diciembre o tal vez un día antes, para sobreseer al ex presidente de la República Luis Angel González Macchi, cuando que la ciudadanía espera aún de la justicia ordinaria por lo menos una condena ejemplar a un pez gordo.
La Corte Suprema de Justicia declaró extinguida la causa por enriquecimiento ilegítimo, pese a las múltiples evidencias y, como si fuera poco, dispuso que sea con costas al Estado paraguayo. Es decir, además del daño patrimonial que hemos sufrido, debemos pagar los gastos de justicia del ex presidente.
¿Quiénes hicieron posible este premio por el día de los derechos humanos? El ministro Miguel Oscar Bajac y los camaristas civilistas Oscar Paiva Vasconsellos y Valentina Núñez. ¡¡Loor a estos próceres de la justicia, que la patria no los olvide nunca!!
Ese mismo día la fiscalía se vio obligada a suspender el proceso al ex director paraguayo de Itaipú Víctor Bernal, acusado de corrupción con los “fondos sociales” de la entidad binacional, en vista de que no podía acusar al actual senador que se ampara en sus fueros.
Hay más. La Sala Constitucional de la Corte anuló también ese día la resolución del Tribunal de Etica que amonestó a la jueza Nilse Ortiz, por plagiar una obra para la presentación de su tesis. Los autores de tan generoso obsequio de fin de año son los ministros “liberales” de la Corte, Sindulfo Blanco y otra vez Miguel Oscar Bajac, quienes no tuvieron en cuenta la extemporaneidad de la acción.
Lo simpático del caso es que el libro plagiado por la jueza tiene como título precisamente Etica Judicial, lo que nos empuja a pensar que la ética imperante en la justicia ordinaria de nuestro país es la de la jueza Ortiz y no la que tratan de imponer los miembros del Tribunal de Etica del Poder Judicial.
La burla no termina con estos tres casos. A esto hay que agregarle la “condecoración” que impuso la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados al presidente del partido Unace, Lino Oviedo, juntamente con el profesor Luis Alfonso Resck. No es necesario abundar sobre el perfil de estas personas ni remarcar las diferencias que existen entre ellas. Los lectores saben hacerlo.
Lo que me extraña es que los diputados oviedistas no sepan respetar la trayectoria de los verdaderos luchadores por la justicia y los derechos humanos de este país, y no sepan reconocer los límites cuando se trata de adular al jefe.
Oviedo puede tener todo el mérito que los oviedistas se puedan imaginar como para condecorarlo dentro de su partido, pero intentar otorgar rango y jerarquía oficial a su homenaje es un exabrupto propio de los mediocres, que se creen muy inteligentes como para tratar de engañar a la gente.
El profesor Resck es un símbolo que une a los paraguayos; Oviedo es todo lo contrario, y tratar de meterlos en una misma horma de méritos es la mayor torpeza que pudieron haber cometido los diputados oviedistas.
Fuente: ABC Color 12/12/2009
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