| "Se preocupó más por su auto que por las posibles víctimas" | |
El camarista Delio Vera Navarro había admitido a la dueña de casa estar borracho, tras el accidente. El comandante Viviano Machado y su esposa pretendieron tapar el hecho para que no se haga público. | |
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martes, 16 de diciembre de 2008
"Se preocupó más por su auto que por las posibles víctimas"
lunes, 15 de diciembre de 2008
Investigan choque que protagonizó camarista
La Oficina de Ética del Poder Judicial inició este lunes una investigación sobre un choque que protagonizó anoche en la ciudad de Lambaré, el camarista Delio Vera Navarro, miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, informaron fuentes judiciales.
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Delio Vera Navarro.
Al iniciar la investigación, los responsables de la mencionada repartición decidieron solicitar a distintos medios locales informes sobre publicaciones hechas en relación al percance.
Los investigadores de la Oficina de Ética del Poder Judicial quieren escuchar grabaciones de testimonios que realizaron a distintas radioemisoras y canales de TV vecinos y residentes de Lambaré sobre el choque que protagonizó el magistrado, indicaron.
Según los informes iniciales, el vehículo que conducía el camarista Delio Vera Navarro perdió la dirección e ingresó al patio de una vivienda ubicada en José de Antequera y Castro y Quéchua, Lambaré.
El percance se produjo alrededor de las 21:00 y la casa pertenece a Nilda Gregoria Meza, soltera, de 49 años.
Según declaraciones de testigos, el magistrado Vera Navarro se encontraba en total ebriedad cuando protagonizó el choque.
jueves, 4 de diciembre de 2008
Remueven a tres jueces y a un fiscal por mal desempeño en sus funciones
Los jueces Nilda Vázquez de Camarazza, del Alto Paraná; Sofía Montiel David, de Capiatá; Benito Javier Guerrero, de Caaguazú, y el fiscal Ismael Brítez, de Lambaré, fueron removidos ayer por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones.
La sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados realizada ayer a la tarde.
La jueza de garantía Nilda Vázquez había sido procesada por conceder la medida sustitutiva a la prisión a un ciudadano argentino procesado por tráfico de drogas en Ciudad del Este.
En este caso, el Jurado consideró que la magistrada incurrió en ignorancia de la ley al pasar por alto lo establecido en el Código Penal en relación a las medidas cautelares.
Además, toma en cuenta que hay fallos sucesivos del Tribunal de Alzada que revocaba resoluciones de la jueza sobre cuestiones relacionadas al tráfico de drogas.
La jueza de paz de Capiatá, Sofía Montiel, fue removida de su cargo por el cobro de la suma de G. 400.000 para expedir un certificado de permiso del menor. Este documento es gratuito, según la ley.
Otro removido es el juez de garantía de Caaguazú, Benito Javier Guerrero.
El magistrado fue filmado cuando recibía una coima de 5 millones de guaraníes para dejar en libertad a un imputado por hurto agravado en estado de rebeldía.
La denuncia presentada por el abogado Francisco Cabrera, representante de Cristhian Segovia, imputado por contrabando, da cuenta de que el juez calificó el caso como grave, pero que se solucionaría con la suma de G. cinco millones.
Tanto la jueza Montiel como el juez Guerrero habían sido detenidos e imputados en procedimientos realizados por el fiscal Arnaldo Giuzzio.
El cuarto removido es el fiscal penal de Lambaré, Ismael Brítez, quien fue imputado por su colega de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña por solicitar una supuesta coima G. 10 millones para otorgar medidas sustitutivas a la prisión a un procesado
ABSUELVEN A FISCALA
El Jurado absolvió a la fiscala Gilvi Quiñónez, de la unidad barrial número 3.
Esta fiscala fue denunciada en un caso en el cual investigaba el delito de declaración falsa.
Las resoluciones llevan la firma de Enrique Bacchetta, José López Chávez, César López Benítez, Amparo Samaniego viuda de Paciello, Miguel González Erico y Jorge Oviedo Matto.
Estuvieron ausentes Sindulfo Blanco y José Raúl Torres Kirmser.
Fuente: Abc color
La sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados realizada ayer a la tarde.
La jueza de garantía Nilda Vázquez había sido procesada por conceder la medida sustitutiva a la prisión a un ciudadano argentino procesado por tráfico de drogas en Ciudad del Este.
En este caso, el Jurado consideró que la magistrada incurrió en ignorancia de la ley al pasar por alto lo establecido en el Código Penal en relación a las medidas cautelares.
Además, toma en cuenta que hay fallos sucesivos del Tribunal de Alzada que revocaba resoluciones de la jueza sobre cuestiones relacionadas al tráfico de drogas.
La jueza de paz de Capiatá, Sofía Montiel, fue removida de su cargo por el cobro de la suma de G. 400.000 para expedir un certificado de permiso del menor. Este documento es gratuito, según la ley.
Otro removido es el juez de garantía de Caaguazú, Benito Javier Guerrero.
El magistrado fue filmado cuando recibía una coima de 5 millones de guaraníes para dejar en libertad a un imputado por hurto agravado en estado de rebeldía.
La denuncia presentada por el abogado Francisco Cabrera, representante de Cristhian Segovia, imputado por contrabando, da cuenta de que el juez calificó el caso como grave, pero que se solucionaría con la suma de G. cinco millones.
Tanto la jueza Montiel como el juez Guerrero habían sido detenidos e imputados en procedimientos realizados por el fiscal Arnaldo Giuzzio.
El cuarto removido es el fiscal penal de Lambaré, Ismael Brítez, quien fue imputado por su colega de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña por solicitar una supuesta coima G. 10 millones para otorgar medidas sustitutivas a la prisión a un procesado
ABSUELVEN A FISCALA
El Jurado absolvió a la fiscala Gilvi Quiñónez, de la unidad barrial número 3.
Esta fiscala fue denunciada en un caso en el cual investigaba el delito de declaración falsa.
Las resoluciones llevan la firma de Enrique Bacchetta, José López Chávez, César López Benítez, Amparo Samaniego viuda de Paciello, Miguel González Erico y Jorge Oviedo Matto.
Estuvieron ausentes Sindulfo Blanco y José Raúl Torres Kirmser.
Fuente: Abc color
Sociedad Civil premió a Jueces y Juzgados sobresalientes
El “Premio a la Excelencia Judicial” culmino con la premiación y reconocimiento al mejor juzgado para la sociedad paraguaya del fuero Niñez y Adolescencia y del fuero Laboral. Los resultados arrojados por el grupo de expertos y el jurado, que evaluaron a los candidatos, premiaron a Alma Méndez de Buogermini, jueza del tercer turno laboral y María Eugenia Giménez de Allen, jueza del segundo turno de la niñez y adolescencia.
El jurado integrado por Estela Ruiz Díaz, jefa del área política del diario Ultima Hora; Margarita Morselli, directora del centro cultural El Cabildo; María Victoria Heisecke del TEI; Beltrán Machi, director ejecutivo del banco Visión y Jorge Abbate, director de GEAM fueron los encargados de decidir los destinatarios finales de las distinciones.
La iniciativa denominada “Premio a la Excelencia Judicial” nace de la organización Semillas para la Democracia y cuenta con el apoyo del CIRD y USAID. La misma apunta a la creación e institucionalización de un sistema de premiación y reconocimiento especial a aquellos jueces que por su desempeño y dedicación poseen cualidades destacadas, siendo una manera de estimular a quienes se esfuerzan por superar los estándares habituales de desempeño y revalorizar la justicia de cara a la sociedad.
El premio es el resultado de un vasto esfuerzo de trabajo, de diseño metodológico, de investigación, de estudio de campo, de interpretación que viene llevándose desde noviembre de 2007. La transferencia metodológica a utilizar para el proceso de selección y premiación fue realizada por Héctor M. Chayer y Alejandro Cambelotti de la organización argentina FORES, en diciembre 2007 y marzo de 2008.
El proceso de investigación y relevamiento de datos se llevo a cabo de marzo a setiembre de 2008. Los informes hechos por el grupo de investigadores fueron remitidos a un grupo de expertos integrado por juristas de destacada trayectoria del cual forman parte Raúl Sapena Brugada, Lucila Gatti de Laterza, Rodolfo Gill Paleari, Roque Careaga y María Victoria Rivas. Entre octubre y noviembre, este grupo juzgó los informes hechos y de acuerdo a los criterios establecidos, elaboró una dupla de juzgados por cada fuero a premiar, elevando estas duplas al jurado.
“La finalidad es que la SOCIEDAD aprecie la excelencia de un Juzgado, pues es allí justamente donde se materializa la justicia en lo concreto, y donde muchas veces las personas salen beneficiadas indebidamente, o peor, perjudicadas injustamente. No es un premio de Abogados para Abogados. Es ante todo un reconocimiento, desde distintos sectores de la sociedad, a aquellos y aquellas que cumplieron dignamente su labor por hacer justicia y demostraron que al fatalismo se le derrota con la actitud” señaló Marta Ferrara, directora de la organización Semillas para la Democracia.
Fuente: Semillas para la Democracia
El jurado integrado por Estela Ruiz Díaz, jefa del área política del diario Ultima Hora; Margarita Morselli, directora del centro cultural El Cabildo; María Victoria Heisecke del TEI; Beltrán Machi, director ejecutivo del banco Visión y Jorge Abbate, director de GEAM fueron los encargados de decidir los destinatarios finales de las distinciones.
La iniciativa denominada “Premio a la Excelencia Judicial” nace de la organización Semillas para la Democracia y cuenta con el apoyo del CIRD y USAID. La misma apunta a la creación e institucionalización de un sistema de premiación y reconocimiento especial a aquellos jueces que por su desempeño y dedicación poseen cualidades destacadas, siendo una manera de estimular a quienes se esfuerzan por superar los estándares habituales de desempeño y revalorizar la justicia de cara a la sociedad.
El premio es el resultado de un vasto esfuerzo de trabajo, de diseño metodológico, de investigación, de estudio de campo, de interpretación que viene llevándose desde noviembre de 2007. La transferencia metodológica a utilizar para el proceso de selección y premiación fue realizada por Héctor M. Chayer y Alejandro Cambelotti de la organización argentina FORES, en diciembre 2007 y marzo de 2008.
El proceso de investigación y relevamiento de datos se llevo a cabo de marzo a setiembre de 2008. Los informes hechos por el grupo de investigadores fueron remitidos a un grupo de expertos integrado por juristas de destacada trayectoria del cual forman parte Raúl Sapena Brugada, Lucila Gatti de Laterza, Rodolfo Gill Paleari, Roque Careaga y María Victoria Rivas. Entre octubre y noviembre, este grupo juzgó los informes hechos y de acuerdo a los criterios establecidos, elaboró una dupla de juzgados por cada fuero a premiar, elevando estas duplas al jurado.
“La finalidad es que la SOCIEDAD aprecie la excelencia de un Juzgado, pues es allí justamente donde se materializa la justicia en lo concreto, y donde muchas veces las personas salen beneficiadas indebidamente, o peor, perjudicadas injustamente. No es un premio de Abogados para Abogados. Es ante todo un reconocimiento, desde distintos sectores de la sociedad, a aquellos y aquellas que cumplieron dignamente su labor por hacer justicia y demostraron que al fatalismo se le derrota con la actitud” señaló Marta Ferrara, directora de la organización Semillas para la Democracia.
Fuente: Semillas para la Democracia
La Corte instruye sumarios y suspende
La Superintendencia de la Corte, por resolución N° 555, suspendió ayer en sus funciones e instruyó sumario al funcionario de Registros Públicos Miguel Angel Ramírez Paredes, quien cayó en un operativo encubierto encabezado por el fiscal Arnaldo Giuzzio.
Para los dos abogados involucrados en un supuesto pedido de coima para agilizar una resolución de la Sala Constitucional de la Corte, Arístides Báez Vera y Walter Marcelino Isasi Cortaza, también se instruyó sumario.
Asimismo, están sumariados los funcionarios judiciales de la Sala Constitucional (Secretaría Judicial 1), que han tenido a su cargo la concreción de los pasos procesales y administrativos para la tramitación de la acción de inconstitucionalidad planteada en el juicio “Julio Rojas del Valle c/ José María Montanía s/ Acción Ejecutiva”. Rafael Monzón, superintendente, fue designado juez instructor.
Fuente: Abc color
Para los dos abogados involucrados en un supuesto pedido de coima para agilizar una resolución de la Sala Constitucional de la Corte, Arístides Báez Vera y Walter Marcelino Isasi Cortaza, también se instruyó sumario.
Asimismo, están sumariados los funcionarios judiciales de la Sala Constitucional (Secretaría Judicial 1), que han tenido a su cargo la concreción de los pasos procesales y administrativos para la tramitación de la acción de inconstitucionalidad planteada en el juicio “Julio Rojas del Valle c/ José María Montanía s/ Acción Ejecutiva”. Rafael Monzón, superintendente, fue designado juez instructor.
Fuente: Abc color
Fiscal imputa por estafa y tráfico de influencia en caso de venta de fallo
Un abogado y un funcionario judicial que intentaron comercializar un fallo de la Corte Suprema han sido imputados por tráfico de influencia y estafa. Sin embargo, otro abogado fue desvinculado.
Miguel Angel Ramírez Paredes, funcionario de Registros Públicos, y el abogados Arístides Báez Vera fueron imputados por el fiscal Arnaldo Giuzzio.
La fiscalía anticorrupción solicitó para ambos arresto domiciliario. El caso está a cargo del juez Gustavo Amarilla.
Sin embargo, no se presentó imputación contra el abogado Walter Isasi, ya que se carecían de indicios para atribuir su participación en el caso.
Una comitiva fiscal-policial llevó a cabo la detención de las personas en el Patio de Comidas del Hiperseis, ubicado en Avda. Mariscal López y Boggiani, lugar del “encuentro” pactado para la entrega del dinero.
Según Giuzzio, la denuncia fue instaurada por una señora (cuya identidad se reserva) que necesitaba con urgencia la expedición de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“La mujer, según su denuncia, contacta con el funcionario de Registros Públicos, Ramírez, y este le dio el número del abogado Arístides Báez Vera. Este a su vez le dijo que le iba a sacar rápido la resolución, que finalmente consiguió y quedaron en un pago de G. 10 millones a cambio”, expresó Giuzzio.
Sin embargo, en la reunión pactada, el abogado le solicitó la suma ya de G. 12 millones. “Es allí donde aparece Walter Isasi, quien se fue llegando con la resolución”, según el fiscal.
La resolución, que consiste en el rechazo de una acción de inconstitucionalidad en un juicio civil, está firmada por los miembros de la Sala Constitucional José Altamirano, Víctor Núñez y Antonio Fretes.
Los tres ministros serán citados a declarar en este caso, al igual que la esposa de Núñez, a quien se la cita en la denuncia como la persona que estaba detrás de este operativo, según dijeron los ahora imputados, conforme a la denuncia presentada en la fiscalía.
Fuente: Diario Abc color
Miguel Angel Ramírez Paredes, funcionario de Registros Públicos, y el abogados Arístides Báez Vera fueron imputados por el fiscal Arnaldo Giuzzio.
La fiscalía anticorrupción solicitó para ambos arresto domiciliario. El caso está a cargo del juez Gustavo Amarilla.
Sin embargo, no se presentó imputación contra el abogado Walter Isasi, ya que se carecían de indicios para atribuir su participación en el caso.
Una comitiva fiscal-policial llevó a cabo la detención de las personas en el Patio de Comidas del Hiperseis, ubicado en Avda. Mariscal López y Boggiani, lugar del “encuentro” pactado para la entrega del dinero.
Según Giuzzio, la denuncia fue instaurada por una señora (cuya identidad se reserva) que necesitaba con urgencia la expedición de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“La mujer, según su denuncia, contacta con el funcionario de Registros Públicos, Ramírez, y este le dio el número del abogado Arístides Báez Vera. Este a su vez le dijo que le iba a sacar rápido la resolución, que finalmente consiguió y quedaron en un pago de G. 10 millones a cambio”, expresó Giuzzio.
Sin embargo, en la reunión pactada, el abogado le solicitó la suma ya de G. 12 millones. “Es allí donde aparece Walter Isasi, quien se fue llegando con la resolución”, según el fiscal.
La resolución, que consiste en el rechazo de una acción de inconstitucionalidad en un juicio civil, está firmada por los miembros de la Sala Constitucional José Altamirano, Víctor Núñez y Antonio Fretes.
Los tres ministros serán citados a declarar en este caso, al igual que la esposa de Núñez, a quien se la cita en la denuncia como la persona que estaba detrás de este operativo, según dijeron los ahora imputados, conforme a la denuncia presentada en la fiscalía.
Fuente: Diario Abc color
Ordenan sumario para abogados y funcionario judicial
La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó sumariar a un funcionario judicial y a dos abogados que ayer fueron detenidos tras ser acusados de pedir y cobrar una millonaria coima supuestamente para conseguir una sentencia favorable en la máxima instancia judicial del país. Esa fue la información brindada este viernes por la página digital de la Corte Suprema.
Según el informe, el funcionario a ser sumariado es Angel Paredes, de la Dirección General de los Registros Públicos del Poder Judicial.
Los abogados a ser sometidos a investigación son Arístides Báez Vera y Walter Marcelino Isasi Cortaza, presuntamente implicados en el cobro irregular de 10 millones de guaraníes para lograr resoluciones favorables en la Corte Suprema en un expediente judicial.
Los ahora investigados habían sido detenidos ayer durante un operativo encubierto realizado por el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio.
Fuente: Abc color
Según el informe, el funcionario a ser sumariado es Angel Paredes, de la Dirección General de los Registros Públicos del Poder Judicial.
Los abogados a ser sometidos a investigación son Arístides Báez Vera y Walter Marcelino Isasi Cortaza, presuntamente implicados en el cobro irregular de 10 millones de guaraníes para lograr resoluciones favorables en la Corte Suprema en un expediente judicial.
Los ahora investigados habían sido detenidos ayer durante un operativo encubierto realizado por el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio.
Fuente: Abc color
lunes, 24 de noviembre de 2008
Un juez Laboral y otro de la Niñez serán premiados
Semillas por
Este premio llega a su fase culminante con la premiación y el reconocimiento a los mejores juzgados para la sociedad paraguaya. La ceremonia se hará el jueves 27 de noviembre, a las 18.30 horas, en el local de
La iniciativa, denominada Premio a
El premio es el resultado de un vasto esfuerzo de trabajo, de diseño metodológico, de investigación, de estudio de campo y de interpretación que viene llevándose desde noviembre de 2007. La transferencia metodológica a utilizar para el proceso de selección y premiación fue realizada por Héctor M. Chayer y Alejandro Cambelotti, de la organización argentina Fores, en diciembre de 2007 y marzo de 2008.
El proceso de investigación y relevamiento de datos se llevó a cabo de marzo a setiembre de 2008. Los informes hechos por investigadores fueron remitidos a varios juristas, entre los que están Raúl Sapena Brugada, Lucila Gatti de Laterza, Rodolfo Gill Paleari, Roque Careaga y María Victoria Rivas.
Un jurado integrado por personas representativas de la sociedad civil y de prestigio es el grupo encargado de decidir quienes recibirán el premio.
Fuente: Ultima Hora Digital
miércoles, 12 de noviembre de 2008
Otra vez se frustra audiencia en juicio a jueza por plagio
Por segunda vez se suspendió la audiencia preliminar de la jueza Nilse Ortiz, procesada supuestamente por plagiar obras en su libro Etica Judicial y su tesis doctoral. Sugestivamente, la carpeta fiscal está congelada en la Corte Suprema.
La jueza Patricia González tuvo que aplazar nuevamente la audiencia de su colega acusada por “violación del derecho de autor e inventor”. El proceso está totalmente paralizado a raíz de incidentes planteados por la defensa que recurrió a la máxima instancia hace meses y aún no se resuelven.
Solo se dio a conocer que los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac integran la Sala Penal que debe estudiar una impugnación de la Cámara. Según fuentes, un camarista aceptó integrar la Sala, ya que seis ministros se inhibieron por causal de amistad.
En la preliminar se debe resolver el pedido de sobreseimiento provisional, que se vio obligada a solicitar la fiscala de la Unidad de Delitos Intelectuales, Soledad Quiñónez, porque la causa está tan trabada que ni siquiera se pudo plantear y menos resolver un pedido de prórroga extraordinaria antes de que venza el plazo.
En la Corte se debe resolver la impugnación del camarista Anselmo Aveiro contra su colega Gustavo Ocampos, quien se inhibió en la causa. La Cámara solo cuenta con dos miembros, Carlos Bray Maurice y Tomás Damián Cárdenas.
Esta instancia debe resolver incidentes como excepción de falta de acción, nulidad de imputación y nulidad de anticipo jurisdiccional de prueba. Desde abril pasado, el caso está totalmente paralizado.
El Ministerio Público espera contar con un año más para incorporar la pericia técnica de contenido y pericia informática (web) de un curso a distancia que aparece en la obra “Etica Judicial”. La jueza plagió más de 31 obras de autores nacionales e internacionales en su libro Etica Judicial, cuya base fue su tesis doctoral.
“FIRMATA”
Según versiones de abogados civilistas, Nilse Ortiz está recurriendo a ellos para que estos realicen una “firmata” a su favor.
Sobre todo, alegan que presiona a letrados que tienen casos en su juzgado, quinto turno, que es interinado por la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz.
Fuente: Abc color
La jueza Patricia González tuvo que aplazar nuevamente la audiencia de su colega acusada por “violación del derecho de autor e inventor”. El proceso está totalmente paralizado a raíz de incidentes planteados por la defensa que recurrió a la máxima instancia hace meses y aún no se resuelven.
Solo se dio a conocer que los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac integran la Sala Penal que debe estudiar una impugnación de la Cámara. Según fuentes, un camarista aceptó integrar la Sala, ya que seis ministros se inhibieron por causal de amistad.
En la preliminar se debe resolver el pedido de sobreseimiento provisional, que se vio obligada a solicitar la fiscala de la Unidad de Delitos Intelectuales, Soledad Quiñónez, porque la causa está tan trabada que ni siquiera se pudo plantear y menos resolver un pedido de prórroga extraordinaria antes de que venza el plazo.
En la Corte se debe resolver la impugnación del camarista Anselmo Aveiro contra su colega Gustavo Ocampos, quien se inhibió en la causa. La Cámara solo cuenta con dos miembros, Carlos Bray Maurice y Tomás Damián Cárdenas.
Esta instancia debe resolver incidentes como excepción de falta de acción, nulidad de imputación y nulidad de anticipo jurisdiccional de prueba. Desde abril pasado, el caso está totalmente paralizado.
El Ministerio Público espera contar con un año más para incorporar la pericia técnica de contenido y pericia informática (web) de un curso a distancia que aparece en la obra “Etica Judicial”. La jueza plagió más de 31 obras de autores nacionales e internacionales en su libro Etica Judicial, cuya base fue su tesis doctoral.
“FIRMATA”
Según versiones de abogados civilistas, Nilse Ortiz está recurriendo a ellos para que estos realicen una “firmata” a su favor.
Sobre todo, alegan que presiona a letrados que tienen casos en su juzgado, quinto turno, que es interinado por la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz.
Fuente: Abc color
miércoles, 5 de noviembre de 2008
Morales planteará acción de inconstitucionalidad
El ministro electoral, Juan Manuel Morales, califica de “inválido” el fallo del Tribunal de Etica Judicial que lo amonestó por declaraciones ofensivas pronunciadas en medios de prensa con relación a su colega Alberto Ramírez Zambonini y Martín Almada, con quien mantiene un pleito personal. Morales anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad y declara que se está violando su libertad de expresión y hasta sus derechos humanos.
Fuente: Abc digital
“Respeto la calidad de los miembros del Tribunal que aplicaron la sentencia, pero subrayo que no tiene validez. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es un ente independiente, autónomo y autárquico y dentro de esta institución, uno de sus miembros cometió una barbaridad jurídica, hecho que es de público conocimiento y que debería ser profundizado por la justicia”, explicó Morales.
A pesar de lo que se lo acusa con respecto a su colega Ramírez Zambonini, el vicepresidente del TSJE sigue argumentando que sus declaraciones son ciertas.
La sanción aplicada a Morales -amonestación- es la más grave de las tres previstas. La recomendación de no volver a incurrir en hechos que motivaron la intervención del Tribunal y el llamado de atención son las demás sanciones.
Fuente: Abc digital
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